Las urnas hablaron. Ahora lo harán los jueces. Las elecciones del 2 de julio confirmaron la existencia de una sociedad madura en lo político, aunque trágicamente dividida en lo económico y social. El verdadero problema subyace incandescente: el combate a la pobreza y a las desigualdades, a la dispersión demográfica y a las exclusiones prevalecientes en México. Ese, no otro, es el desafío mayor.

Dirijamos atenta mirada a los recientes comicios: concentremos en su análisis nuestra capacidad de raciocinio. La concurrida convocatoria supuso avances indudables en el largo camino del itinerario democrático nacional. Los votos cumplen su tarea legitimadora y se someten al veredicto inapelable del orden normativo. Su aplicación estricta resuelve controversias, da certeza, seguridad y aproxima a los antagonistas. Del cumplimiento exacto de los ordenamientos jurídicos depende la salud de la República, la eficacia del gobierno y, por encima de ello, la convivencia en el seno de una colectividad cuyas abismáticas diferencias socioculturales no resueltas todo lo ponen en riesgo. La ley -sólo la ley- es aval de la paz.

Apelar a su imperio no es excusa de pusilánimes ni elusiva manía de pequeñoburgueses sino ejercicio racionalizador capaz de zanjar graves diferendos. Si, por un lado, la lucha por el poder genera inevitables colisiones, por el otro, la jurisprudencia y sus contenidos -las leyes-, así como sus aplicadores e intérpretes -los jueces- pronuncian la palabra determinante.

Las disputas finalizan en el momento de la inatacable sentencia. Resoluciones apegadas a las normas de forma escrupulosa: nada más civilizado y civilizador. Con ello ganan hasta los perdidosos. Gana el país con la certeza y la asepsia legal de quienes tienen el inesquivable deber de decir el derecho.

Los tribunales son ajenos a las presiones políticas, a los argumentos extrajudiciales. Su realidad está constituida por expedientes y probanzas, códigos y argumentos técnico-jurídicos. Ese es su mundo. No deben salir de él, so pena de provocar heridas incurables en el cuerpo nacional.

Ciertos estratos de la opinión pública se han llevado las manos a la cabeza porque la pugna será resuelta en el tribunal especializado. Recordémoslo: eso ocurre en casi el orbe entero. En nuestro país aquella última instancia ostenta facultades exclusivas para calificar la validez de la votación y emitir la declaratoria de presidente electo. Ese será el postrero e irrecurrible episodio del camino.

La razón total carece de dueño. Acaso alguien tenga una parte de ella, pero nadie la posee por completo. La verdad es diversa. Cada uno blande la suya. Es difícil ensamblarlas. No obstante, al final de un conflicto como éste resplandecerá una verdad: la jurídica. Cumplidos con rigor los pasos del proceso, esa verdad será única e irrebatible. Su pleno acatamiento es materia prima de la concordia mexicana.

Cuarenta y un millones de personas nos volcamos en las casillas. Sufragamos con limpieza. La ejemplar concurrencia fue custodiada por un millón de ciudadanos voluntarios seleccionados al azar. Exigimos a partidos y candidatos respetar la inteligencia, la probidad, el sentido común de los cientos de miles de mexicanos responsables del admirable desempeño de la justa comicial.

En el curso de unos cuantos días hemos pasado del entusiasmo al inquietante asombro, del asombro a la duda, de la duda a la incertidumbre, de la incertidumbre a la indignación. Eso es peligrosísimo. Sólo los jueces decidirán. Nadie los presione. Hable la ley.

Analista político