Independientemente de la validez o no del argu mento de contar todos los votos de la elección presidencial, el TEPJF no lo hará bajo ninguna circunstancia. Debido no tanto a razones jurídicas, porque a final de cuentas esta instancia sí podría proceder de esa manera si lo estimara conveniente, ni por apegarse a la legislación que sostiene que el conteo de las urnas se hizo durante la jornada electoral. La razón hay que buscarla en criterios políticos e institucionales, imposibles de subestimar cuando de un fallo como éste depende la propia viabilidad tanto de la democracia como del país.

Para el caso existen tres escenarios posibles: a) el TEPJF ratifica a Calderón como presidente siguiendo el procedimiento de rutina, es decir, sin abrir todas las urnas, salvo aquellas con irregularidades documentadas; b) el TEPJF ratifica a Calderón como presidente después de acceder a contar voto por voto; y c) el TEPJF cuenta voto por voto, advierte que hay muchas irregularidades en las actas, por lo que decreta su anulación.

El primero de los escenarios es el más factible de todos, aunque supone costos muy altos. Por una parte, no se neutralizaría con este fallo el conflicto generado por las elecciones. En efecto, AMLO y sus seguidores se sentirían agraviados y tendrían elementos para reiterar que hubo una "elección de Estado", de la que también el TEPJF es cómplice. Asimismo, las movilizaciones crecerían en intensidad y podrían adoptar manifestaciones violentas que obliguen al Estado a intervenir aun a costa de dañar su imagen por represión. El clima en que Calderón tomaría posesión no sería el más adecuado.

El conflicto en ascenso obligaría a Felipe Calderón a negociar las condiciones de su gobierno con todos los actores políticos presentes en el escenario nacional a fin de aislar a López Obrador y tratar de conjurar institucionalmente el impacto negativo que el conflicto extrainstitucional generaría. En las negociaciones, Calderón tendría que buscar acercamientos incluso con cuadros de la coalición Por el Bien de Todos, pero sobre todo del PRD, que en un momento dado serían proclives a abandonar la causa de Andrés Manuel a cambio de otros beneficios. Obviamente por esta vía Calderón alcanzaría un umbral mínimo necesario de gobernabilidad, aunque a costa de ver disminuida su centralidad política y su maniobrabilidad como presidente de la República.

El segundo de los escenarios es el mejor de todos porque tendría menos costos para la mayoría de los actores políticos, salvo López Obrador, y porque prácticamente desacredita cualquier tentativa de llevar el conflicto y la impugnación a la arena de la violencia, pero es inviable por el simple hecho de que implica como posibilidad desembocar en el tercer escenario, el cual simplemente sería catastrófico para la mayoría de los actores y para la institucionalidad democrática en su conjunto.

En efecto, si Calderón es ratificado por el TEPJF después de un conteo exhaustivo de los votos, se habrían despejado todas las dudas de su triunfo y saldría sumamente fortalecido para arrancar su gobierno. Por su parte, la lucha de AMLO perdería sustentabilidad, por lo que, aunque optara por desconocer de nueva cuenta al TEPJF, quedaría neutralizado y debilitado. En este escenario queda conjurada completamente la violencia postelectoral y Calderón tendría las mejores condiciones para conformar su gabinete y arrancar su gobierno con legitimidad y gobernabilidad.

Pese a las muchas ventajas de este escenario, es prácticamente imposible por una simple razón: si el TEPJF accede a abrir todos los paquetes electorales para contar voto por voto, siempre cabe la posibilidad de que se encuentren suficientes irregularidades como para anular las elecciones o revertir el fallo del IFE. En otras palabras, este escenario deja abierta la posibilidad de transitar al escenario tres, lo cual sería de consecuencias funestas para todos.

El escenario tres, donde se anula la elección o se revierte el resultado, tendría costos incalculables e irreversibles para nuestra democracia, el país y la economía. La institucionalidad democrática recibiría tal sacudida que difícilmente se recuperaría en muchos años. Este escenario es, pues, imposible por razones de Estado, de seguridad nacional, un umbral imposible de ignorar por parte de los actores políticos y que los coloca en una disyuntiva difícil, la del mal menor, que ha permitido a muchas democracias en el mundo superar situaciones límite para las cuales se requieren decisiones pragmáticas.

Director del Centro de Estudios de Política Comparada