La vida democrática, si bien no concluye en ellas, exige necesariamente la celebración de elecciones periódicas, transparentes, legales y legítimas. Cuando estas condiciones se dan es de esperarse que los distintos contendientes acepten sus resultados. Mucho más cuando, como en el caso de México, no sólo existen instituciones que conducen el proceso y lo verifican sino que una estructura ciudadana participa activamente en él. Así ha sido en los últimos tiempos y por ello es francamente desconcertante que el clima postelectoral se encuentre hoy tan convulsionado.

La justa del 2 de julio se dio en un ámbito relativamente pacífico, aunque las campañas fueron altamente polarizadas, particularmente la presidencial. Los resultados presentados por el IFE, después de una serie de dificultades, favorecieron a Calderón por un escaso 0.58% sobre López Obrador. Sin embargo, las cifras en las que se fundó esta conclusión fueron objetadas por el presunto perdedor y la decisión está en manos del TRIFE, que tiene hasta el 6 de septiembre para calificar al ganador y declararlo presidente de la República.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa. Esto no impide que los que se asumen como ganadores formen gabinetes de transición ni que quienes rechazan los resultados se inconformen y llamen a marchas y asambleas multitudinarias. Las urnas contra la calle, la calle contra las urnas. Éste no es un tema nuevo para México, pero si son novedosos la intensidad y los términos de la disputa. Se trata de la lucha por la Presidencia de la nación y de una especie de "no pasarán" de ambos extremos. Hay suficiente tensión y arrogancia como para que el hilo se reviente por lo más delgado, que en este caso parecerían ser las instituciones electorales. Ojalá que no sea así.

Debe recordarse que varios países del sur de nuestro continente han atravesado por periodos de gran inestabilidad, y que las consecuencias han sido a menudo catastróficas. En Argentina, a finales del 2001, la calle le ganó a las urnas y el presidente Fernando de la Rúa, electo constitucionalmente, fue defenestrado por una especie de "golpe civil" que llevó a una etapa de gran agitación política y social, como lo prueba la sucesión de cinco presidentes en una semana. En Bolivia aconteció algo similar con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y tiempo atrás pasó lo mismo en Ecuador y Perú.

Con estas referencias no se pretende cuestionar la libre expresión de los ciudadanos ni en las urnas ni en las calles, pero no puede obviarse el hecho de que en nuestra región la institucionalidad democrática se encuentra a menudo confrontada por una especie de "movimientismo" político que pone a la gobernabilidad en alto riesgo.

Se trata de un fenómeno nuevo que debe ser estudiado y debatido ampliamente pues afecta a un buen número de democracias que, como las latinoamericanas, son de cuño relativamente reciente y se apoyan en elementos tradicionales no descartables, como el sufragio efectivo.

Sin embargo, en opinión de algunos estudiosos debe analizarse si la presencia y persistencia de esos movimientos que en cierta forma buscan suplantar a la democracia tradicional, deben considerarse como desafíos a esta forma de gobierno, o como oportunidades para oxigenarla, planteando una suerte de "democracia alternativa".

Cierto, la globalización trajo consigo "lo otro", la cultura alternativa que afecta todo tipo de expresiones, que modifica las relaciones sociales y la manera de percibir nuestro entorno. Sin embargo, este reconocimiento no implica que frente al "movimientismo" debamos permanecer inertes.

Es indispensable discutir la fenomenología del siglo XXI con ojos del siglo XXI. Sólo la evaluación honesta de las ventajas y desventajas del "movimientismo" político, el análisis de hacia dónde nos llevaría y de la forma como nos relacionaríamos entre nosotros y con el resto del mundo, nos permitirá preservar la democracia tradicional enriqueciéndola con la incorporación de algunos de los planteamientos de esa "democracia alternativa", tales como la mayor interacción entre gobernados y gobernantes. En ese sentido, podrían rescatarse las fórmulas de la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, y considerarse el establecimiento de la carrera legislativa a fin de comprometer la gestión parlamentaria con la comunicación con sus representados. La gente quiere ser consultada, no sólo gobernada.

Secretaria general del CEN del PRI