El periodo presidencial fue ampliado de cuatro a seis años en 1928, con el argumento de que la frecuencia de las campañas afectaba la paz pública. También se decía que el movimiento revolucionario había inhibido la formación de una clase política lo suficientemente numerosa para facilitar la substitución de gobiernos cada 4 años.

Aceptemos que en los años que siguieron a la Revolución las elecciones eran una fuente de inquietud e incluso de violencia, y que la adopción de los sexenios contribuyó a superar estos problemas. El país se tranquilizó, y el surgimiento de un partido hegemónico entró en sinergia con la amplia duración de los presidentes en el poder. Surgió así un poderoso sistema presidencial que llenó varias décadas de la historia nacional y que tuvo como divisa la estabilidad política del país.

Lo que hoy tenemos que preguntarnos es si ese arreglo constitucional sigue siendo eficaz. Lo primero que se puede decir es que las causas que hacían converger la violencia y los comicios, no existen en nuestro tiempo. Ni hay caudillos militares dispuestos a dirimir las elecciones por la fuerza, ni hay un pueblo armado acostumbrado al enfrentamiento, ni subsiste la irritante corrupción electoral que caracterizaba aquellos primeros años de la vida constitucional mexicana. Por el contrario, la política es cosa de civiles, los actos de guerra no forman parte de nuestra cotidianidad, contamos con un sistema electoral satisfactorio, hay un pluralismo político que reclama espacios y oportunidades crecientes y el volumen de la clase política excede la capacidad de absorción en plazos tan largos como los sexenales.

Ahora está por comenzar una nueva cuenta sexenal, en las peores condiciones posibles, y la lógica de 1928 no guarda relación con la lógica de 2006. Hoy lo que resulta irritante para muchos es ver reducidas las posibilidades de acceso al poder, porque quienes lo consiguen, así sea con buenas razones, se quedan allí demasiado tiempo. Cuando un partido hegemónico se perpetúa en el poder, la clase política tiene dos opciones: se somete o se insubordina. En la experiencia mexicana lo primero se premiaba con cargos, distinciones o sinecuras; lo segundo implicaba marginación política. Pero cuando ese tipo de partido ha dejado de existir, cuando la competencia por el poder es intensa y abierta, y cuando son muchos los que tienen preparación y ambición, los periodos muy amplios generan frustración entre los perdedores.

Procesar la derrota no es sencillo, sobre todo en el seno de un sistema presidencial arcaico. Entre nosotros el presidente representa la totalidad del poder: es jefe del Estado y personifica un órgano del poder, al completo. El artículo 80 de la Constitución dice textualmente: "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo". En este tipo de sistema presidencial la lucha por el poder tiende a adquirir expresiones primitivas. Esto lo hemos venido diciendo muchas personas, advirtiendo desde hace años que no cambiar esa estructura iba a generar enormes tensiones en la elección de 2006. Lamentablemente, nada de lo que ocurre es una sorpresa. Hubo lenidad por parte de quienes, habiendo podido adoptar medidas preventivas, las desdeñaron o ni siquiera las entendieron.

Estamos ante un problema mayor, porque un sistema donde quien ocupa la presidencia lo es todo, y quien la pierde queda reducido a nada, no suele ofrecer espacio para los términos de avenimiento. Nuestro sistema estaba diseñado para ser administrado por la mano de un jefe total; pero al cambiar la realidad política no se ajustó la estructura jurídica. Hay un desfase que se acentúa por el largo tiempo que los vencidos tendrán que pasar en descampado, antes de disputar otra elección.

Se plantea, como salida de emergencia, un gobierno de coalición. Sólo que una coalición es imposible si el Congreso no ratifica formalmente al gabinete o, al menos, a quien lo encabece. La coalición en un sistema presidencial arcaico carece de garantías políticas para los coaligados, a menos que el presidente esté constitucionalmente obligado a solicitar el voto de los representantes nacionales para integrar su gabinete. Si no hay cambios sustanciales, iniciaremos otro largo y estéril recorrido sexenal atrapados entre la rutina de los ganadores y la irritación de los perdedores.

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Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM