Las comisiones o institutos de acceso a la información tienen la finalidad de vigilar el cumplimiento de la ley. Es verdad que en este ámbito hay resultados desiguales: organismos formalmente autónomos y materialmente vinculados al poder público que deberían escrutar y no lo hacen, pero también existen ejemplos donde la autonomía formal y material corre por un mismo sendero.

Es el caso de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) del estado de Querétaro, donde tres jóvenes profesionales comprometidos con el derecho a saber y elegidos por méritos académicos, han hecho de su encomienda un mandato que se observa en los hechos a favor de los gobernados. Basta decir que de los 191 recursos presentados, 152 han sido a favor de las personas, por citar una sola de sus múltiples actividades.

Acaso por eso mismo, el jueves 29 de junio pasado- aprovechando el momento electoral- un grupo de diputados locales dirigidos por José Luis Aguilera, del Partido Convergencia, pretendieron sin éxito desaparecer a la CEIG para fusionarla con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se hubiese tratado de un ataque a las nuevas instituciones que están garantizando que fluya información para una mejor toma de decisiones, movidos por la estulticia, por decir lo menos. La movilización de la opinión pública y los arrojos de la presidenta de la CEIG, María Pérez Cepeda, impidieron que se cometiera este atropello. Este órgano, como toda obra humana, puede mejorarse, pero no debe tener caminos de regreso. Veamos.

Primero. Las comisiones o institutos de acceso a la información están pensados para ser garantes del derecho a conocer. Una ley de acceso a la información sin órgano vigilante sería letra muerta porque sólo los ricos, de conocimientos o de recursos económicos, podrían pagar abogados para llevar largos juicios judiciales para hacer valer este derecho. Las comisiones o institutos no sólo revisan recursos de la manera más amigable, sino que vigilan que la información de oficio; es decir, que debe ser puesta a disposición del público aunque no medie petición alguna y realmente esté al alcance de todos. Deben también promover la cultura de la apertura de la información pública. La CEIG, por ejemplo, ha hecho aportaciones al crear programas para atraer a los niños a este tema, tarea nada sencilla.

Segundo. Las comisiones de derechos humanos tienen su propia función de promoción y denuncia de violación de derechos humanos, pero sin atribuciones de autoridad administrativa, razón por la cual sus resoluciones no son obligatorias. Con las comisiones o institutos, en cambio, se han dado, en mayor o menor medida, varios pasos adelante en esta materia específica.

Tercero. Es verdad que hay institutos o comisiones de acceso que por la sujeción de sus comisionados o consejeros al poder público han encarecido los costos de la importancia social de estas instituciones. Esos casos deben atenderse como un asunto de idoneidad en los perfiles personales, pero no de impertinencia institucional.

Cuarto. En Querétaro puede haber un final feliz si es verdad, como lo han dicho otros diputados encabezados por Arturo M. García Pérez, que el jueves próximo se presentará una iniciativa de reforma para darle a la CEIG autonomía constitucional, circunstancia que blindaría a este órgano para acotar los embates de la opacidad informativa para bien de las personas de a pie.

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Investigador del IIJ-UNAM