L os cerrados resultados de las elecciones presidenciales han colocado a México y a su democracia bajo una nueva prueba. Una prueba de madurez política y de civilidad que nos ayude a sortear con éxito el tortuoso desenlace de una elección presidencial que, como ya muchos habíamos previsto, fue cerradísima. Pero sobre todo que asegure que, una vez que se haya agotado el procedimiento legal y que los partidos y sus candidatos hayan tenido oportunidad de echar mano de todas las armas legales e institucionales previstas por nuestro ordenamiento jurídico, los resultados sean respetados.

Ello constituirá la muestra más palpable de que en la corta vida de nuestra democracia al menos hemos logrado promover un cambio en nuestra cultura política que, aunque todavía débil, nos permite garantizar lo mínimo: el respeto a las instituciones y autoridades que entre todos construimos, y la defensa de las reglas bajo las cuales todos los partidos aceptaron libremente participar en el juego democrático.

De acuerdo con el informe final del IFE dado a conocer el jueves pasado, la diferencia porcentual de votos a favor de los candidatos del PAN (quien obtuvo 35.89% de lo votos) y del PRD (quien obtuvo 35.31%) apenas alcanza 0.58%, lo que equivale a 243 mil 934 votos a favor del primero. Dato que dicho instituto obtuvo del cómputo que hicieron los 300 consejos distritales de los resultados de las actas de cada una de las casillas y, en algunos casos, incluso del conteo de las propias boletas, cuando de acuerdo con los supuestos previstos por la ley procedió abrir los paquetes electorales.

El procedimiento, sin embargo, no ha concluido todavía. La ley prevé la posibilidad de que una vez agotado el trámite ante el Instituto Federal Electoral, aquellos que se sientan afectados por alguna irregularidad en el proceso puedan impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Cosa que ya ha anunciado hará el Partido de la Revolución Democrática, de acuerdo con lo señalado por el propio Andrés Manuel López Obrador. De ahí que parezca inevitable que los mexicanos nos vamos a quedar con las ganas, por lo menos hasta el último día del próximo mes de agosto, de conocer el resultado definitivo de esta elección.

Estos días de incertidumbre, sumados a lo ríspido y sucio de las campañas, impondrán desafíos inéditos a quien resulte designado como presidente de la República para el periodo 2006-2012.

Desafíos que van desde el fortalecimiento de su legitimidad hasta la muestra de capacidad suficiente para asegurar la gobernabilidad, conciliar posiciones y otorgar garantías vinculadas con la representación de todos los intereses, incluso de los de aquellos que no votaron por el ganador (no hay que olvidar que la legitimidad inicial del nuevo titular del Ejecutivo se sustentará en el apoyo de apenas un poco más de un tercio de los mexicanos votantes).

El nuevo presidente deberá contar con capacidad para reconocer que no podrá gobernar solo (como no pudo Vicente Fox), así como visión para emitir en los primeros días de su gobierno (o aun antes) una convocatoria amplia a todos los actores políticos para la construcción de nuevas alianzas legislativas y de gobierno que cristalicen en compromisos y responsabilidades compartidas que le permitan construir un gobierno de coalición, un programa de gobierno que responda a los intereses de todos y una agenda mínima de reformas consensuadas; pero sobre todo para edificar una nueva cultura del acuerdo que sea capaz de generar un nuevo equilibrio del poder que otorgue certidumbre sobre el manejo político de la nación y la consolidación de avances en todos los órdenes del quehacer nacional.

La clave del éxito del nuevo gobierno consiste en sumar al mayor número de fuerzas políticas y también a la sociedad en torno de objetivos comunes para asegurarse el liderazgo, la capacidad de dirección y la eficacia necesarias para realizar las reformas institucionales que den sustento al proceso de desarrollo y transformación que el país exige, sobre todo en materia económica, de estado de derecho y de combate a la inseguridad, a la desigualdad y a la pobreza. Ese es el mandato que ha otorgado el pueblo de México al emitir su voto diferenciado.

Diputado al Congreso de Hidalgo (PRI)