L a jornada electoral del pasado 2 de julio abrió retos fundamentales. De la manera en que esos retos se resuelvan dependerá el desarrollo y la paz social del país. El primero de esos retos es acreditar la confianza de la población de que su voto se respeta. Esa confianza quedó seriamente lesionada con las irregularidades en el conteo de los votos del PREP. La primera, haber iniciado la presentación de resultados con entidades eminentemente panistas para generar la imagen de un candidato triunfador. La segunda, no haber contabilizado más de 2.5 millones de votos sin la explicación necesaria, para después incorporarlos de manera súbita y reducir la diferencia entre los punteros. La tercera, la diferencia inexplicable de actas entre las tres votaciones nacionales. La cuarta, la evidencia de la supresión de votos a favor de AMLO en el cómputo de algunas actas. La quinta, después de generado el ambiente de desconfianza por ese desaseo en el manejo del PREP, haber realizado el cómputo distrital a toda prisa cuando no existe término legal para ello.

En una contienda tan cerrada como la del pasado 2 de julio, ¿por qué la prisa de culminar con ese cómputo en el menor tiempo posible? Lo correcto habría sido que los consejos distritales realizaran su trabajo con toda la calma necesaria para dar certidumbre a los resultados. Esto es, que se abrieran los paquetes y se contaran de nuevo las boletas, sin importar el tiempo que ello significara. Sin embargo, a lo largo del martes, consejeros del IFE y otros voceros desacreditaron dicha necesidad mediante una campaña sobre la presunta ilegalidad de abrir paquetes fuera de las causales del artículo 243 del Cofipe, haciendo a menos los principios de certidumbre y transparencia. Por si fuera poco, todavía durante el cómputo distrital ininterrumpido, fuimos testigos de un comportamiento estable de los resultados, difícilmente explicable en una geografía política dividida por sus preferencias electorales.

Con ese tipo de hechos, por supuesto que es necesaria la impugnación del proceso electoral ante el TEPJF. No importa quién sea el triunfador de la jornada del pasado 2 de julio, lo fundamental es que ese triunfo se acredite de manera transparente; de otra manera, la sombra de ilegalidades en el proceso se proyectará a lo largo del próximo gobierno. ¡Lo que menos necesita el país!

Por otra parte, es claro que el proceso electoral se convirtió en un plebiscito sobre la necesidad de cambiar el proyecto de país que se ha venido imponiendo a lo largo de los últimos 30 años. Y los primeros resultados sobre ese plebiscito son que existe un empate entre la continuidad y el cambio. Aun cuando el TEPJF limpiara el proceso, el resultado sería la división simétrica entre dos concepciones de país.

Frente a esta división tajante, quien gobierne tiene la obligación de incluir a la otra parte. De manera reiterada, Felipe Calderón ha propuesto la reconciliación nacional y el gobierno de unidad. Es evidente que eso significa oferta de puestos en su gabinete. Más de un(a) interesado(a) podrá tomarle la palabra, y ello no habrá significado beneficio alguno a la nación, como no significó la alianza de Carlos Salinas con el PAN, o la de Ernesto Zedillo con ese partido, por la sencilla razón de que esos pactos tras bambalinas tuvieron como objetivo otorgar legitimidad a cambio de beneficios políticos particulares. Si tales experiencias se reeditan, su resultado será seguir ahondando la fractura social que ya vivimos.

Por el contrario, el desafío es lograr que el proyecto y el programa con el que se gobierne sea incluyente de las dos visiones de país que se manifestaron con toda claridad el pasado 2 de julio. Por su parte, AMLO ha propuesto la necesidad de lograr un gran pacto nacional con la concurrencia de las diversas fuerzas políticas y sectores sociales, para acordar los cambios que permitan relanzar el desarrollo del país. Un pacto sin duda imprescindible para lograr la cohesión en torno de un proyecto nacional, misma que se evaporó con la ruptura del pacto social del siglo XX. La moneda está en el aire. Respetar la legalidad electoral es la mejor opción.

rosage@prodigy.net.mx

Consejera nacional emérita del PRD