México ya estaba dolorosamente dividido antes de la elección del pasado 2 de julio, pero después de ésta quedó aún más. Diferencias extremas, desigualdades e inequidad se observan en las condiciones de vida, educación, salud, calidad del trabajo y las oportunidades para progresar. El 10% de las familias más pobres reciben sólo 1.6% del ingreso, mientras que el 10% con ingresos más altos reciben 36.6%. Más de 400 mil mexicanos han emigrado anualmente a Estados Unidos de América durante los últimos años, magnificando un fenómeno añejo en el país. Quienes permanecen aquí ven con rabia cómo los que se van sufren imperdonables vejaciones, sudan su trabajo, pero lo tienen y prosperan. Terminan por envidiarlos y hasta seguirlos.

A las tensiones propias de una sociedad así de polarizada, la contienda electoral agregó otras, la gran mayoría gratuitas. Mucho empezó con planteamientos maniqueos acerca de los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los rescatables y los innombrables, los decentes y los empresarios. También reapareció el simplismo de la geometría política, de los buenos de la izquierda a los malos de la derecha.

La respuesta no se dejó esperar y se dio en términos igualmente extremos: el peligro, el riesgo para los que algo tienen, la amenaza para el futuro del país. No hubo ponderación ni matices. La contienda política parecía justificarlo todo. Se ensanchó el vacío que separa compatriotas, que divide amistades y familias, que sitúa el encono como sentimiento social dominante. A México le costó mucho la lucha electoral. ¿Y ahora qué hacer?

Llegó la hora de iniciar la reconciliación, de rescatar valores compartidos que permitan la coexistencia, pues son prerrequisito para el trabajo conjunto, y nos dan identidad como nación. Es tiempo de restaurar los ánimos constructivos de los contendientes y forjar un acuerdo que permita dar por terminado el pleito.

La elección desacomodó las piezas del mosaico nacional. Ahora toca probar que ninguna sobra y que todas caben, conforme a un nuevo diseño, que perfile un México mejor, con colores políticos más definidos y contrastantes, que se nutra de éstos para encontrar en la pujante diversidad la esencia de la obra colectiva. El único elemento cohesionador capaz de enfrentar este reto es la concordia, en remembranza de la diosa romana del acuerdo.

De entre los escombros que dejó el final confuso del debate durante la campaña pueden recobrarse piezas útiles para construir una nueva propuesta, capaz de aglutinar a muchos, si no es que a todos los mexicanos. Recuperar los anhelos de la ciudadanía sería un buen punto de partida: libertad, paz, progreso, prosperidad, seguridad, estado de derecho, justicia, autodeterminación, sustentabilidad ambiental y democracia son suficientes para iniciar el esfuerzo. La reconciliación se convierte en precondición para lograr la armonía social indispensable, y para convertir esos anhelos en eje de la acción colectiva durante los próximos años.

La responsabilidad de convocar y articular esa reconciliación recae en el jefe de Estado. El próximo presidente de la República no puede esperar para iniciar esa tarea de inmediato, reconociendo que enfrentará el rechazo inicial de muchos y la incomprensión de otros. Su principal instrumento para lograrlo es el apego irrestricto a la legalidad, que es el marco que permite construir una nueva armonía. Las leyes, y sólo las leyes, pueden ser la base para distinguir el comportamiento sancionable del que no lo es. Fueron las leyes las que rescataron esta elección, a pesar de los embates que recibió la autoridad electoral de prácticamente todos los participantes. Así como el apego a la legalidad hizo posible que el IFE salvara la elección, es la legalidad la que puede dar sustento a la reconciliación. Ahora más que nunca, resguardar a las instituciones no es opcional, sino obligatorio, como acción indispensable para procurar la concordia.

No hay reconciliación posible si alguna de las partes no está dispuesta a ella. Dicha disposición surge de considerar que la reconciliación es necesaria para garantizar el bien de esa categoría superior que es México. Para reconciliarse, es necesario ser anuente a ello, pues los intereses y enconos personales se subordinan a un objetivo superior. Todavía no es claro cuál es la principal actitud del gobierno actual y futuro, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los empresarios y de la ciudadanía en general acerca de una pronta reconciliación. Lo primero es tomar la iniciativa, para que todos revelen su estado de ánimo y sus demandas. Una vez conociendo las aspiraciones genuinas de cada una de las partes, será posible definir la estrategia para articular la reconciliación.

Es improbable encontrar alguien que se exprese abiertamente contra la reconciliación, pues sería tanto como que se opusiera al bien de México. Sin embargo, es más fácil encontrar quién se pronuncie por la reconciliación pero no haga nada por materializarla o, peor aún, actúe deliberadamente en su contra. Por eso es conveniente que se exhiban los estados de ánimo al respecto, buscando revelar con quién cuenta el país y con quién no. Las próximas semanas dirán mucho.

Las elecciones del domingo 2 de julio fueron organizadas y realizadas por la ciudadanía. Los votos los emitieron, los contaron y los registraron en las actas ciudadanos. Las actas las cotejaron ciudadanos. El instituto que reportó los resultados está conducido por ciudadanos. Muchos, pero muchos de esos ciudadanos demandan que se respete su voto y se reconozca su contribución a la elección, para iniciar de inmediato el proceso de reconciliación.

Felipe Calderón, quien obtuvo el mayor número de votos, ha expresado su disposición y su ánimo de hacerlo. Su convocatoria representa una prueba más para la ciudadanía, pues tiene un deber que no concluye el día de la elección. Considerando las duras pruebas que ha enfrentado recientemente, el ciudadano sabrá responder.

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Economista