A punto de verificar el resultado de las elecciones federales del domingo 2 de julio, con el cómputo que realizan los consejos distritales del Instituto Federal Electoral, IFE, debemos de cuidar que las diferencias entre los partidos no degeneren en divisiones entre los mexicanos.

La intensidad de la pasión política debe ser acotada por la ley y por la responsabilidad suprema de mantener la paz pública. Ninguna contingencia electoral -que a fin de cuentas habrá de resolverse por las vías legales establecidas- vale para quebrantar la tranquilidad social.

Cada partido y cada candidato tienen el derecho de defender sus votos, pero dentro del campo de la legalidad y sin alterar la normalidad de la vida nacional. Cada ciudadano espera, con razón, que su voto valide la elección.

Queremos un gobierno emanado limpiamente de la voluntad popular, apoyada en instrumentos legales e instituciones surgidas del consenso y constituidas por representantes de todos y cada uno de los partidos políticos legalmente registrados.

Hasta ahora no conocemos motivos para cuestionar la rectitud de quienes están encargados de la operación de los órganos electorales y, por el contrario, es motivo de certidumbre y de confianza que casi un millón de ciudadanos, como cualquiera de nosotros, hayan sido funcionarios en las casillas de votación.

Es imposible suponer una masiva operación de manipulación y fraude, pero no son descartables fallas y errores humanos, de ningún modo generalizados como para desnaturalizar una elección nacional.

Si de algo sirve el cómputo de votos es para disipar las dudas en los resultados. A ello debemos atenernos. De haber quejas o impugnaciones con fundamento, contamos con un tribunal especializado para atenderlas, investigarlas y resolver sobre las mismas en justicia y con presteza.

Los cómputos no deben ser motivo para que la sociedad pierda el sosiego y se angustie por rivalidades electorales susceptibles de ser superadas de forma democrática; ese parece ser el desafío en la hora presente. Nuestro verdadero reto está en ser maduros políticamente.

Es inevitable advertir que llegamos a esta situación de reclamaciones después de una prolongada y a menudo aceda campaña electoral que nos desgasta políticamente, nos distrae de las actividades propias, nos perturba socialmente y, además, nos sale demasiado onerosa.

Requerimos ya, con urgencia, de una reestructuración de nuestro sistema de gobierno, mejor adecuada a la redistribución del poder que se ha dado en el último decenio, y de una revisión de nuestras reglas e instrumentos electorales que, con todas sus reconocidas bondades, son seguramente perfectibles. Si no comenzamos por identificar nuestras deficiencias, estamos condenados a vivir con ellas.

Una vez conocido el resultado último del conteo, hay que aceptarlo de buena fe, y quien así lo considere, que se inconforme con razón y dentro de la ley. No convendría pretender que las instituciones que hemos creado para cuidar nuestros votos violen la ley. Ese sería el principio del fracaso de nuestra democracia y eso nadie en México, hoy, lo quiere.