Después del 2 de julio, los mexicanos han ejercido su voto para elegir a su próximo presidente; sin embargo, lo trascendente del hecho no se relaciona con la importancia del ejercicio del derecho político, como lo han manifestado los defensores del proceso, caracterizado por garantizar una contabilidad del voto de manera transparente, sino por reafirmar la posibilidad de cambiar por segunda vez en la historia electoral del Poder Ejecutivo, al partido que gobernará la Presidencia, así como sancionar a través del voto de los ciudadanos la continuidad del partido que ha gobernado desde 2000.

Pero también para el nuevo presidente, emergido de una larga campaña donde las descalificaciones e insultos, junto con las mentiras para impactar en las preferencias electorales que se midieron mediante las encuestas, los problemas socioeconómicos son los mismos, después de seis años; es decir, la inseguridad pública, el desempleo y el subempleo, el crimen organizado, la pobreza y la miseria, agregando ahora una mayor desconfianza entre la élite política, que tuvo su potencial negativo para introducir la duda en los mecanismos institucionales electorales, así como reproducir los llamados a respetar los resultados de la elección presidencial y a la búsqueda de acuerdos políticos postelectorales para diluir rencores y malos entendidos, propios de una campaña negativa, protagonizada por los candidatos del PAN y del PRD.

Otros sectores de la llamada sociedad civil, como los empresarios, mostraron su poder para influir en la opinión de los votantes a través de spots televisivos, que en realidad mostraban su simpatía por el candidato del PAN, lo cual también se caracterizó por volverse parte de la campaña negativa. El grado de conflictividad social, aunque lo niegue el aún presidente Vicente Fox, es un problema que influye en los comicios debido a su bloqueo, como en ciertas poblaciones donde se ha impedido la instalación de casillas para recoger el voto de los que quieren sufragar.

Pero ha llegado el momento de que los resultados de los comicios no sean formas de sancionar el protagonismo de los candidatos, mostrado durante sus campañas electorales a lo largo y ancho del país, sino que una vez convertidos en gobernantes puedan influir en la disminución de la conflictividad social, lo que demanda el establecimiento de políticas públicas que dejen de responder, en algunos casos, a la coyuntura electoral; es decir, no gobernar para buscar transformarse en el próximo presidente de México, lo que mantiene en debilidad a las instituciones.

miguelvite@yahoo.com

Analista político