Es ya lugar común la referencia de que en la actual campaña electoral predominan los ataques arteros entre los contendientes de los diferentes partidos políticos por diversos cargos de representación popular, más que la confrontación de programas o de ideas. La estrategia de descalificar al adversario mediante estribillos carentes de fondo, pero efectivos en la competencia mediática, no es algo nuevo en nuestro escenario político, pero en esta ocasión parecen haberse alcanzado niveles de superficialidad sin precedentes.

Las acusaciones intercambiadas entre los tres aspirantes presidenciales con mayores posibilidades de triunfo, enturbian de tal manera la atmósfera que resulta casi imposible encontrar elementos tangibles y útiles para dilucidar cuáles son las ventajas reales de Felipe Calderón Hinojosa, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado.

Los militantes activos de las organizaciones y coaliciones políticas que apoyan las candidaturas de esos tres personajes, así como otros simpatizantes convencidos de antemano de las cualidades de sus candidatos, forman el llamado voto duro que no razona sus preferencias con base en consideraciones más o menos objetivas. Pero el resto de los electores tampoco lo hacemos, en gran parte debido a la ausencia de proyectos integrados de gobierno o de verdaderos debates, pues los habidos han sido meros ejercicios de publicidad televisiva, en donde solamente se escuchan peroratas unilaterales y se ven gestos artificiales, ensayados con antelación, todo para evitar que el público descubra el carácter genuino de los involucrados en la batalla que se avecina el próximo 2 de julio.

Esas condiciones electorales se dan también en otros países, sobre todo en aquellos donde existe poca tradición en el ejercicio de la democracia, pero incluso en sociedades donde tal ejercicio es muy añejo. De esto último, el ejemplo más socorrido y cercano geográficamente a nosotros es el de Estados Unidos, donde el abstencionismo es por tradición enorme y la publicidad barata sustituye a la promesa programática, en particular en las elecciones presidenciales; en cambio, cuando se trata de representantes populares a nivel de condado, alcaldías o incluso legisladores a escala federal, los electores estadounidenses se involucran más y con mayor grado de conocimiento de las personas y de sus capacidades.

El que existan vicios y deformaciones de la democracia en otras naciones no es consuelo, porque en México la democracia está lejos de madurar, incluso en su fase meramente electoral que, siendo condición necesaria para el desarrollo de tal sistema político, en modo alguno es suficiente para lograrlo. El paso que el país no ha podido dar en sus 185 años de independencia es el de acabar con la desigualdad económica, lo que es sinónimo de subdesarrollo en el amplio sentido de esta palabra. Lo peor es que los indicadores oficiales en materia de distribución del ingreso y de gasto familiar reflejan que la situación ha empeorado en el último cuarto de siglo; hoy tenemos un puñado de multimillonarios que califican para las listas de los más ricos en el ámbito global, en tanto un 20% de la población absorbe apenas una mínima parte de la riqueza nacional. En una reunión reciente escuché de investigaciones sobre la distribución del ingreso en México, en las que se muestra que el índice de Gini ha empeorado y estaría cercano a 0.50 (uno sería una absoluta concentración y cero una perfectamente igualitaria distribución de la riqueza, ambos extremos teóricos).

La pobreza de 40% de la población de México, cuyo total actual es de 103 millones de personas, más que algo ignominioso es una situación peligrosa para la futura estabilidad del país y un freno a la democracia. Lo curioso es que cuando AMLO lanza como lema de su campaña el que "para el bien de todos, primero los pobres", de inmediato se le califica de populista y provocador. Se entiende que tales calificativos se le atribuyen en función de lo irreal o demagógico de su programa para reducir la pobreza, porque no especifica cómo lo haría, que no sea con dádivas gubernamentales o gasto público que alimente desequilibrios financieros y de precios, pero los detractores de tal propuesta ponen como opciones más de lo mismo: un sistema de administración que beneficia a los sectores de altos ingresos, los que pueden ahorrar, para que ellos inviertan y generen empleos.

Lo que se ha visto en los últimos 25 años es que los mexicanos están entre los extranjeros que más invierten en EU, que la tasa nacional de ahorro se desplomó, y que la economía mexicana ha crecido a tasas inferiores a las de 1950-1980 y, sobre todo, por debajo de las necesidades básicas de una masa de pobres que está acrecentándose. Dentro de lo turbio del discurso electoral habría que tratar de descubrir cuál propuesta enfrenta esta cuestión toral de la desigualdad económica.

Profesor Investigador de El Colegio de México