La decisión más difícil que tiene que tomar un gobernante en una democracia es cuándo hacer uso de las fuerzas de seguridad para reprimir a un individuo o a un grupo de personas. En el pasado, los "líderes jurásicos" contaban con varias herramientas para gobernar: el control de los medios de comunicación, el uso ilimitado de la fuerza del Estado y del aparato de inteligencia para amedrentar a sus opositores.

Ante el uso indebido de la violencia y la represión que se ejerció en el pasado en contra de los opositores, los gobernantes actuales no pueden pensar que no deben o no pueden hacer uso de las Fuerzas Armadas como una forma de desmarcarse de pasados gobernantes represores.

Los opositores de la democracia, los que no respetan el estado de derecho, o los grupos del crimen organizado, tienen que sentir la amenaza de que el gobernante está dispuesto a usar toda la fuerza del Estado para enfrentarlos si representan una amenaza para la paz del país.

Lo que es menos claro es cuándo debe usarse la represión para proteger a la población y el estado de derecho. Aunque se podría argumentar que en el momento en que un individuo o una organización viole la ley, se abre la posibilidad para un enfrentamiento y del uso de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo fundamental que los gobernantes democráticos deben entender, a diferencia del pasado, es que el uso de la represión para solucionar un problema social es la última opción que deberá de considerar un líder.

En una democracia ideal, la sociedad busca resolver sus conflictos en el seno de sus comunidades, donde la injerencia del gobierno no es necesaria. Pero en todas las comunidades surgen problemas que sencillamente no pueden resolverse a solas; por su magnitud o por su naturaleza, la solución del conflicto eventualmente cae en el ámbito político, en donde el gobierno juega un papel importante. En este nivel, el gobierno es quien promueve la solución de los conflictos entre los ciudadanos, utilizando para ello el consenso, y las reglas del juego -que son las leyes- y el estado de derecho.

De nuevo, pensando en un mundo ideal, una de las funciones principales de todo gobierno es resolver y prevenir los conflictos, de manera que no se conviertan en un problema que origine inestabilidad social. Para eso son las leyes, para que el gobierno y los ciudadanos tengan claras las reglas del juego establecidas por los legisladores.

Los gobernantes deben resolver los conflictos graves sin alterar el estado de derecho, aunque se recurra a mecanismos represivos que pueden incluir el uso de la fuerza pública autorizada para intervenir en la vida privada de las personas y a obtener la información necesaria. Cuando los problemas son tan evidentes que ponen en riesgo el bienestar o el futuro del país adquieren prioridad sobre las demás dificultades que enfrenta el Estado.

Los problemas que pueden llegar a afectar la integridad o la calidad de vida de los ciudadanos, y que no se resuelven en el ámbito político o en el de seguridad pública, pueden convertirse en un problema de seguridad nacional.

Se le critica a la administración del presidente Fox de ser tibia y renuente a hacer uso de las fuerzas de seguridad ante grupos y problemas sociales que tal vez requerirían el uso de la fuerza. Pero más importante aún, sería analizar cuáles fueron los pasos que se llevaron a cabo para encontrar una solución negociada y consensuada.

La importancia de esto se debe a que sin importar quién sea el siguiente presidente de México, éste tendrá sus San Salvador Atenco, sus revueltas magisteriales, y también sus Sicartsa, debido a la profunda división que hay entre los actores políticos del país, y el hecho de que en México hacer desmanes, bloquear carreteras e incomodar a la población en general no conlleva costos ni consecuencias.

Yo me pregunto, ¿cuál de los candidatos tendrá la mejor capacidad de convocar al diálogo y crear consensos para enfrentar los serios problemas del país, y de ser necesario, hacer uso de la fuerza en una forma responsable y dentro de los parámetros de una cultura democrática?

salazaropina@aol.com

Analista política