En materia de seguridad y justicia, todos los candidatos a la Presidencia parecen estar de acuerdo con cuatro proyectos kamikaze .

1. Que los procuradores de Justicia y el Ministerio Público obtengan autonomía absoluta del presidente o de los gobernadores, según proceda; ya que con ello, la justicia se dará como por arte de magia; lo cual es una propuesta aberrante, pues ello sólo beneficiaría a quienes temen que los poderes ejecutivos usen a esos procuradores y al Ministerio Público como verdugos contra sus enemigos políticos, que quizá sea lo único que a los aspirantes al poder les interesa, mientras se olvidan que precisamente la ineficacia de dicho Ministerio Público es por su impunidad, que ahora pretenden que sea total, conservando el "monopolio de la acción penal" que le permite abandonar a las víctimas del delito y extorsionar a diestra y siniestra sin ningún control, cuando la solución es sujetarlo al proceso penal como auxiliar de la justicia y de los jueces, devolviéndole a la ciudadanía el derecho que se le ha negado para defenderse y acudir de manera directa y personal ante dichos jueces; acabando así con el 98% de la impunidad que ha propiciado ese Ministerio Público irresponsable y fuera de control.

2. Pretenden unificar en una sola corporación a los más de 300 mil policías del país, que fundamentalmente están delinquiendo, o simplemente son ineptos o irresponsables, mientras sus múltiples jefes no pueden controlarlos, ni les importa hacerlo, porque en su mayoría están coludidos con ellos para ejercer las funciones de socios, sicarios, mandaderos o tapaderas del crimen o de la represión, cuando lo que verdaderamente se necesita es un órgano independiente de las policías, que auténticamente represente a la sociedad civil, para sujetar a cada uno de ellos, en todos sus niveles, a una rendición de cuentas cotidiana sobre sus actos, movimientos y resultados.

3. También consideran que la simple oralidad en los juicios penales va a acabar con la corrupción en esos tribunales, olvidando que desde hace más de 70 años los juicios laborales son orales, y difícilmente se puede encontrar justicia más corrupta que la que se imparte en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo cual prueba que no está ahí el problema sino en la impunidad de los jueces cuando ignoran, tuercen o venden la justicia, para lo cual no hay sanción alguna, mientras que la simple oralidad por sí sola únicamente permitiría acortar los tiempos procesales, manteniendo la corrupción y la injusticia incólumes.

4. Asimismo, coinciden en que el crecimiento económico y la creación de empleos abatirá la delincuencia, lo cual habría que preguntárselo a los Arellano Félix, al Mayo Zambada o a las innumerables mafias del narcotráfico, el narcomenudeo y el delito organizado, que no van a languidecer con la prosperidad y los puestos de trabajo, como ya se ha probado hasta el cansancio en las ciudades fronterizas del país, que son las más pujantes y donde el crimen se multiplica geométricamente, ya que el crecimiento económico puede contener algún tipo de delito vinculado con la miseria, pero nunca reducirá la injusticia, la impunidad y la corrupción galopante, si estas conductas no se atacan a fondo.

Ojalá y quien nos vaya a gobernar tenga un minuto de reflexión y no caiga en la trampa de fórmulas efectistas y huecas, o en las mentiras de la demagogia mediática.

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Doctor en Derecho