Los dirigentes de los partidos políticos y el vocero del PRD asumieron ayer un compromiso toral: suscribir un acuerdo para respetar el resultado de las elecciones federales y a continuación establecer bases de gobernabilidad.

El compromiso, fruto tangible emanado del debate que los candidatos presidenciales tuvieron el martes por la noche, incluye la solicitud de la no intervención del Poder Ejecutivo federal en el proceso a favor del candidato panista Felipe Calderón. Así, llamar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a mantenerse al margen de la elección de su sucesor evitará las airadas reacciones de protesta por la inequidad con que puede pervertir el proceso democrático.

Todo esto es un logro insoslayable de la mayoría de los partidos políticos mexicanos ante la alarmante gestación de un clima ominoso en torno de las campañas, y debe ser acogido como señal de que la sensatez, la responsabilidad y la buena voluntad comienzan a asentarse en la vida política nacional.

Nada en esta actitud amenaza con limitar los derechos constitucionales de ningún partido o candidato, por lo que no hay razón para reservarse la posibilidad de hacer movilizaciones de militantes. Las libertades están a salvo; la única condición exigible es que no se infrinja la ley ni se atente contra la estabilidad del país.

El mismo Instituto Federal Electoral brindó de inmediato su apoyo a la construcción de este pacto de civilidad política entre partidos, que contribuye a garantizar el respeto a las reglas electorales.

De la misma manera importa que la preocupación de los actores en esta contienda no termine con el allanamiento a la declaratoria oficial del resultado de los comicios, sino que considere también una negociación para poner las bases de un sistema de gobernabilidad que pueda funcionar al margen de los desencantos partidistas de los perdedores.

Ya hemos visto que no basta con obtener un triunfo electoral, si no se ensambla al mismo tiempo una operación de gobierno que permita, con la participación de todos, mantener y acelerar la marcha de los asuntos públicos con las metas surgidas de la unidad en lo esencial.

Por último, conviene detenernos en una obviedad. La pertinencia del acuerdo: el mismo hecho de que haya sido rápidamente aceptado y convenido en principio por todos los contendientes, la sensación de alivio que produjo al conocerse, nos está indicando que los ordenamientos jurídicos del sistema electoral no son aptos para prever y encarar estos posible casos de confrontación, cuyas consecuencias son inimaginables o indeseables.

La naturaleza perfectible de las leyes electorales, de las facultades y obligaciones de los órganos de elección, hacen conveniente que se considere la inclusión de disposiciones que equivalgan a los objetivos del pacto de civilidad y de gobernabilidad, junto con otras observaciones que en los últimos años han sido hechas sobre enmiendas y lagunas en la materia.

Habrá tiempo, después del 2 de julio, para contribuciones más juiciosas y negociadas. Por ahora importa echar adelante este acuerdo de civilidad, en el que sus firmantes expresan una sana voluntad de convivir en democracia y en paz social.