E l rechazo de los comisionados propuestos por el Presidente de la República a la Comisión Permanente del Congreso para ocupar los mismos cargos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en términos de las recientes reformas hechas a la ley de radio y televisión y de telecomunicaciones es, nuevamente, la muestra de lo forzado e inconveniente que resultó para la nación el querer imponer, detrás de una reforma legislativa, un poder transexenal del titular del Poder Ejecutivo.

La maniobra parecería haber tenido éxito pero la defensa y resistencia contra ella podría revertir tal propósito. La controversia constitucional interpuesta por 47 senadores ante la Suprema Corte que ya fue admitida para su substanciación, puede ser el mecanismo constitucional idóneo para conseguir que una ley de este carácter no subvierta el orden jurídico. En la ley aprobada se pretende así trasladar al Legislativo la responsabilidad compartida de los nombramientos de un organismo desconcentrado (vía derecho de objeción) que corresponde en exclusivo al Ejecutivo. Todavía más grave es intentar el que las concesiones analógicas, al aplicarse los avances tecnológicos y convertirse en digitales, con el consiguiente espectro que quedara vacante, permanezcan en la concesión original sin ser susceptibles de reintegrarse al Estado.

Para ello es evidente que habrá que replantear, sin necesidad de nueva licitación para quienes sean beneficiarios, el título de concesión tanto para telefonía como para radio y televisión que fueron diseñados en épocas de banda ancha, para posibilitar ahora la reciprocidad y la convergencia. Todo ello sobre la base del estricto respeto al artículo 27 de la Constitución que prescribe que el espectro radio-eléctrico es propiedad de la nación, de modo que las concesiones otorgadas que, con la conversión tecnológica queden parcialmente disponibles, deberán revertirse a su dueño original que lo es la soberanía nacional.

Ante la evidencia que obra en la contestación de Gobernación a la controversia constitucional de que -en su opinión- no se desprende de las reformas a la ley que "el espectro radioeléctrico que quedará disponible con el cambio de la señal analógica a la digital" debe ser objeto de nueva licitación al ser recuperado por el Estado, sino incluidos a favor del concesionario original; debe provocar ineludiblemente una interpretación constitucional por parte de la Suprema Corte, de acuerdo con el texto del máximo ordenamiento.

Es obvio que esta situación (del cambio tecnológico) no está previsto en los títulos de concesión, por lo que va a ser necesario se dilucide dentro del marco constitucional para no lesionar el interés público fundamental sobre bienes del dominio público que, eventualmente, se concesionaron para su uso y explotación. Conociéndose entonces, la posición de los legisladores y la del Ejecutivo pudiera ser que para la Corte, en efecto, las reformas aprobadas primero por los diputados (que contenían avances democráticos como el de cancelar la facultad discrecional del Presidente para otorgar concesiones de acuerdo con sus intereses) y, de carácter técnico (posibilitar la adopción de los avances tecnológicos ya utilizados en todo el mundo para la convergencia de radio, televisión y telefonía) puedan, a su vez, ser compatibles con la Constitución para que tales cambios no menoscaben derechos de la nación y sea, como en otros países, la oportunidad de nuevos ingresos fiscales para el Estado al otorgar nuevas concesiones con las frecuencias que regresaran a su patrimonio.

De tener que volver la reforma al Legislativo para su adecuación constitucional, de seguro se tendrá que precisar y garantizar la permanencia y magnitud de las frecuencias de los permisionarios que, sin afán de lucro y cumpliendo con una función vital del Estado en la cultura, educación, información y cohesión nacional, constituyen un servicio público que debe prestarse institucionalmente y al margen de coyunturas.

Como ayer lo declarara el senador Javier Corral, Fox desoyó la advertencia que la Secretaría de Comunicaciones le hizo llegar respecto de lo anticonstitucional de la reforma y se lanzó por la prisa electoral a este conflicto que pudo ser evitado. La precipitación y la torpeza están siendo claras y las consecuencias nocivas de ello. Tener a la Cofetel desintegrada e inactiva, se acumulará al pasivo sexenal.

Diputado federal (Convergencia)