Los servicios a la salud constituyen uno de los derechos humanos esenciales. Y uno de los cuales toma importancia no sólo en los programas de los estados nacionales, sino en términos de la creciente legitimidad de los derechos fundamentales en cualquier parte del mundo.

Las políticas de salud en México encaran problemas, como exigencias nuevas que surgen de fenómenos demográficos, epidemiológicos, técnicos y políticos. Sin duda, el primer tipo de cuestiones se relaciona con el atraso y la pobreza, con los limitados accesos a buena parte de la población históricamente excluida, la fragmentación de los servicios o con la insuficiencia de los recursos estatales. La segunda constelación de problemas plantea interrogantes no menos severas a las políticas públicas. ¿Cómo lidiar con las consecuencias del envejecimiento demográfico o con el ascenso espectacular de los costos y de la inversión en nuevos tratamientos? ¿Cómo integrar de modo congruente los variados componentes de las políticas públicas a fin de satisfacer los programas de salud?

Desde el punto de vista político surgen necesidades que son fuente de legitimación gubernamental. Y también se expresan con urgencia demandas nacidas de la pobreza y exclusión que afectan a 40% de la población mexicana. Hechos semejantes se manifiestan con vigor en América Latina en torno al logro de la salud universal que ya es una realidad en Costa Rica y Cuba, países a los cuales se han añadido Brasil (1988) y Chile (2005) en años más recientes. Sin embargo, a ello se oponen las políticas económicas y la limitada capacidad de compra de las poblaciones. Las restricciones fiscales y la ideología neoliberal se unen para inducir reformas que alientan al sector privado en el financiamiento y la prestación de servicios de salud.

Al parecer el paradigma médico-democrático de los derechos humanos camina por senderos distintos a la economía. En efecto, éste plantea la protección del más débil y aboga por normas benéficas a todos, en tanto representan derechos humanos inalienables. En contraste, la visión económica quiere refrenar al Estado de prestar servicios médico-asistenciales, por confiar en que el mercado alentaría servicios que aliviarían los presupuestos gubernamentales. México, siguiendo a los estadounidenses, ya tiene una composición del gasto en salud con erogaciones privadas mayoritarias (55%).

Esa situación contrasta con el hecho de que más de dos tercios de las familias de trabajadores están al margen de la seguridad social. Adviértase que los servicios privados de salud sirven a la población de ingresos bastante altos y, además, que México dedica gastos per cápita en salud 10 veces menores que EU y cinco veces inferiores que la Unión Europa.

La recuperación parcial de las finanzas estatales en los años 90, no se ha reflejado en los recursos dedicados al sector de salud. El gasto público en salud ha decaído de 2.9% a 2.3% del producto en el bienio 1990-1991. A lo anterior se suma otro hecho. El ascenso incesante en el costo de los medicamentos y de los servicios: entre 1992 y 2005, el subíndice de precios de salud y cuidado personal registra incrementos mayores a 14% anual.

En suma, la política de salud pública enfrenta reformas imperiosas. Una primera cuestión es selección de prioridades: el peso que debieran recibir el tratamiento de enfermedades transmisibles, frente a las que serían necesarias atribuir a las enfermedades crónicas, a las que impedirían el resurgimiento de males que se habían erradicado, los nuevos padecimientos, o las prelaciones al combate a la desnutrición.

Desde la perspectiva institucional habría que buscar la unificación o fusión de los organismos que prestan servicios. Al propio tiempo, parece imprescindible buscar calidad, eficiencia y control de costos, incluida la regulación de compras y la nivelación de los servicios entre regiones. En todo lo anterior, las reformas al sistema de salud no debieran extraviar el compromiso fundamental de ofrecer poco a poco servicios de acceso universal con independencia de los derechos asociados al mercado de trabajo o a la capacidad de pago de las personas.

Analista político