Un ambiente de creciente violencia vive hoy el país. Es una situación que nos preocupa a muchos y que, por lo mismo, obliga a que las autoridades, tanto federales como estatales, la eviten ya. El gobierno mexicano es responsable de garantizar la integridad y la seguridad de cada uno de los habitantes de este país y eso estamos esperando al ver esta ola de crímenes que asuela a una parte importante de México.

Tan sólo ayer murieron nueve personas en seis estados de la República, como consecuencia de ataques perpetrados por grupos armados, presuntamente vinculados a bandas criminales y del narcotráfico, lo que es inaceptable para un país que se ostenta de vivir en un estado de derecho.

No es posible que, con toda facilidad, las personas puedan ser ejecutadas en la vía pública, sin que nada ni nadie ponga un alto, en uso de sus reponsabilidades y por la vía de la ley.

En lo que va del año suman ya 761 las personas ejecutadas en todo México; es decir, en tan sólo cinco meses, sin que esto parezca tener fin, y, por el contrario, cada vez cobra más auge e impunidad, porque no hay detenciones de los criminales, tanto intelectuales como materiales, y no se perciben avances en los trabajos que debieran estar haciendo las autoridades y cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno.

Cualquier analista suspicaz podría incluso pensar que la gobernabilidad del país está en crisis, toda vez que las bandas del crimen organizado parecen tener control de las calles y sus zonas de influencia, como cotos de poder propio, donde pueden matar con completa alevosía. Sorprende que aun cuando las zonas de influencia de las bandas delincuenciales o de los cárteles de las drogas están identificadas, la violencia siga su curso.

Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Guerrero, Nayarit y Nuevo León fueron los seis estados de la República donde se cometieron los crímenes de ayer, y también donde la violencia, por desgracia, se ha arraigado de manera especial.

O el Estado asume su función o seremos víctimas de una circunstancia en la que podría imperar la violencia por encima del estado de derecho. No podemos, como sociedad, estar a expensas de lo que los cárteles determinen hacer dentro de lo que consideran su país y al que pretenden manejar con sus propias reglas. La barbarie no puede ser el destino de México.

Aunque parezca una utopía, requerimos cuerpos de seguridad incorruptibles, mejor capacitados, con un manejo óptimo del trabajo de inteligencia policial, mejor pagados, mejor armados, con estrictos niveles de supervisión y control, de tal suerte que no terminen, a la larga, trabajando para el enemigo, como ha sucedido tantas veces.

Gran parte de la solución está en los recursos que se le destinen a esa lucha. Con ellos se podrían combatir las causas que dan origen a esta violencia que parece incontrolable. Otro factor de ayuda es la solución al ingreso de los mexicanos para que nadie se vea obligado a trabajar para el crimen. Asimismo, la educación es un factor determinante en la creación de mentalidades libres y no sujetas a la ambición de lo inmediato y del extremo violento. Urge que se haga algo ya.