De dos maneras expresó ayer la Organización de las Naciones Unidas su preocupación por el proceso electoral mexicano, lo cual debe llamar la atención de todos los actores políticos involucrados en éste.

En una de ellas se refirió a los programas sociales para inducir el voto en las elecciones presidenciales y legislativas que habrá en México el próximo domingo 2 de julio; en otra, hace mención del impacto de los resultados y de las instituciones electorales que los mexicanos hemos creado para garantizar la transparencia electoral.

Alejandro Grinspun, secretario ejecutivo del Alto Consejo por la Transparencia de los Programas Sociales Federales, de la ONU, recomendó tomar medidas precautorias con la finalidad de evitar que la ayuda se condicione a la promesa de votos para un partido.

A su vez Thierry Lemaresquier, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), previó que una votación electoral con pocas diferencias entre los contendientes dificultará conocer los resultados definitivos.

Ciertamente, ambos expresaron su reconocimiento por la fortaleza y la credibilidad del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (Trife). Así mismo, coincidieron en convocar al sentido de responsabilidad de los candidatos y de sus partidos para mantener lo que resta del proceso electoral dentro de los cauces de la ley.

A saber, los principales programas sociales están en manos de las secretarías de Desarrollo Social, Agricultura y Salud, del Seguro Social y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que atienden a 70% del padrón federal de combate a la pobreza, habida cuenta de que existen programas estatales y municipales de esta naturaleza. La aplicación de una parte del gasto social queda en manos de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos, que están distribuidos entre todos los partidos, con mayoría priísta.

Aunque el procedimiento para disponer de los fondos está blindado con una complejidad de requisitos para dificultar desviaciones, la forma más efectiva de garantizar su buen empleo es la responsabilidad oficial y la limpieza administrativa.

La emisión del voto en las próximas elecciones debe estar liberada no sólo de presiones e inducciones, sino de toda sospecha. La transparencia del proceso electoral no debe ser empañada por manipulaciones ni injerencias indebidas; la certeza de que la elección será limpia y sus resultados respetados fortalece a nuestro sistema democrático y estimula la participación ciudadana.

Por nuestro propio interés, debemos atender este llamado de tan alta institución mundial, cuya preocupación debe ser mayor para nosotros.

El discurso político pierde sustento cuando los hechos pueden dañar a una elección presidencial. Este daño no se limitaría al resultado electoral inmediato, sino que sería una amenaza para la estabilidad del sistema completo y, ante esa posibilidad, debemos estar alerta y, sobre todo, prevenir para no lamentar.

Todo puede encontrar solución en el acatamiento de la ley y el respeto a las instituciones. La prioridad para todos es, sin duda, mantener la paz social.