No retrocede. Avanza. Según un informe de Transparencia Internacional, el año pasado hubo en México 110 millones de casos de soborno o mordida , como aquí se dice, para ilustrar de qué manera alguien desprendió de nosotros algo propio. El número de actos de corrupción es, por tanto, superior al de habitantes.

El costo anual de la corrupción asciende a 10 mil millones de pesos, según Consulta Mitofsky, y los hogares con mayor nivel educativo son los más proclives a esta práctica ilegal.

En gran medida hay una tendencia a ceder a la corrupción por los laberínticos procesos implantados en el sistema burocrático y en el régimen de justicia. Antes que el principio moral, impera la necesidad de no perder tiempo ni a exponerse a que la contraparte triunfe sobre nosotros porque ésta sí incurrió en el añejo vicio deplorable.

La corrupción explica muchos de nuestros rezagos. No es posible decir que es mala y ya. Es mala porque nos instala en un mundo de incertidumbres, de abusos y de injusticias. No podemos atenernos a la letra de la ley, aunque sea buena, porque la última decisión pudo haber sido obtenida en subasta.

A veces los grandes capos del crimen organizado salen de la cárcel más rápido de como entran, sin que merezcamos ninguna explicación aceptable.

Tampoco podemos fácilmente tener socios o atraer inversiones porque la mala fama de corruptos genera desconfianza. Si antes 8% de los mexicanos habían estado inmiscuidos en actos de corrupción, ahora el porcentaje aumentó dos puntos.

Un antídoto contra la corrupción, uno solo, puede generar salud social: la transparencia. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de los jefes de las delegaciones administrativas del Distrito Federal sólo pueden hacerse públicas si éstos lo autorizan. Bien.

La declaración patrimonial, como se sabe, permite, mediante un sencillo cotejo, advertir en qué medida varió del día en que el funcionario tomó posesión al día en que entregó el cargo.

Sólo 3 de los 16 delegados accedieron a revelar sus bienes, uno se negó por escrito, por no estar legalmente obligado, lo que seguramente es una falla de reglamentación, y otros 12 sencillamente no quisieron darse por enterados de la solicitud.

Es posible que todos los delegados sean funcionarios honrados, pero negarse a mostrar que dejan el cargo sin haberse enriquecido como resultado de su paso por él, siembra inevitablemente dudas, quizá injustas, pero seguramente necesarias.

Así, la transparencia permite la fiscalización abierta, pública, ciudadana, de la forma en que las fortunas de los políticos crecen.

El paso siguiente es que los funcionarios expliquen formalmente cómo se enriquecieron. No hacerlo los hace sospechosos de enriquecimiento inexplicable, aunque todos nos lo expliquemos.

Las mediciones que hoy se publican en EL UNIVERSAL deben conducirnos al perfeccionamiento de los controles previstos para abatir la corrupción que nos ahoga, desde quienes recogen la basura cotidiana, hasta los niveles más altos del gobierno.