Ayer fue un día del trabajo excepcional. Aquí, una gran cantidad de trabajadores de diferentes sindicatos se expresaron para reclamar la salida del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, para solucionar la relación del gobierno con los sindicatos y para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el jueves 20 de abril.

Casi al mismo tiempo, en las grandes ciudades estadounidenses donde es muy notable la presencia de mexicanos, como en Los Ángeles, Chicago y Dallas, millones de trabajadores hispanos quisieron reiterar su presencia vigorosa en la vida política, social y económica de Estados Unidos. Fue un día victorioso.

Los manifestantes, allá, no trataron de frenar la poderosa economía estadounidense, algo imposible de lograr en un solo día, ni era esa su intención para no dañar su propio movimiento; pero sí consiguieron atraer la atención sobre una demanda tan simple como justa: si ya participan con su trabajo en la producción nacional, y el único inconveniente es que no están regularizados migratoriamente, pues regularícenlos, a fin de cuentas lo único que quieren es trabajar en paz.

Autorizar su estancia legal contribuye al orden y a la seguridad y los coloca en condiciones de reclamar que se respeten plenamente sus derechos laborales y humanos. También ayudaría a evitar las muertes ocurridas cuando ingresan a Estados Unidos por el desierto o en camiones cerrados por traficantes voraces y criminales.

Su gesto del Día del Trabajo fue significativo y recibió el apoyo de mexicanos en la frontera de México y en el resto del país, quienes acordaron dejar de consumir un día productos made in USA.

La muestra tuvo éxito, también, porque dejó ver una voluntad consistente en acabar definitivamente con un problema al que los políticos dan vueltas y frustran cuando están a punto de llegar a un acuerdo.

En favor de Estados Unidos hay que decir que en ese país es posible que trabajadores cuestionados por requisitos migratorios administrativos, no penales, pueden dar la cara libremente y pedir en voz alta que quieren su visa laboral o de residentes, sin que las consecuencias sean cruentas.

En México, por el contrario, los trabajadores legalmente reconocidos no pueden darse los liderazgos que desean y deben resistir la injerencia indebida y abusiva de autoridades federales, legalmente autorizadas para decir cuál es el sindicato al que reconocen y cuáles sus dirigentes obreros.

Y si una huelga afecta en demasía a una empresa, como a la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, la fuerza policiaca armada se hace presente y dispara contra los huelguistas, apoyados con información transmitida desde helicópteros oficiales, da muerte a dos y deja a una decena de heridos, sin que nadie se despeine por ello.

Los trabajadores quieren laborar con tranquilidad y tener plena autonomía en sus decisiones sindicales. Eso parece mucho pedir a un gobierno que hace seis años hizo muchas promesas de reinvidicación sindical, aunque hoy vemos un panorama muy diferente a esas promesas, lo que es absolutamente lamentable.