De manera persistente diversas encuestas elaboradas indican que la percepción del mexicano sobre el cumplimiento de la ley no es halagüeña. La más reciente encuesta nacional elaborada por la empresa Parametría señala que 4.9 de los encuestados, en una escala de uno a 10, cree que el gobierno no cumple con la ley y solamente 5.6 cree, de igual forma, que la gente sí la cumple. Es decir, los datos muestran que se trata de un problema de gobernantes y gobernados. Existen causas multifactoriales para que se presente este fenómeno.

Ahora, sin embargo, en el año del libro resulta pertinente analizar cómo las universidades públicas, financiadas con el dinero del pueblo, producen conocimiento plasmado en publicaciones sobre las más distintas vertientes del derecho. Como bien ha señalado EL UNIVERSAL, en su editorial del 27 de abril pasado, "el libro no es un complemento educativo: es la educación y el resumen de la cultura humana. Si es costoso producirlo, distribuirlo y lograr que se lea, más caro resulta no hacerlo". Por desgracia, en este caso falta mucho camino por recorrer. Veamos.

Primero. Una revisión de las páginas electrónicas de las universidades públicas del país permite advertir las asimetrías entre una y otra en el campo de las publicaciones, a pesar de que los sueldos son muy similares para desempeñar la misma tarea. En las universidades hay certeza de que los presupuestos públicos ingresaron, pero no hay información sobre cómo se han ejercido aquéllos, al menos en materia de libros y publicaciones.

Segundo. Muy pocas universidades cumplen razonablemente las obligaciones de transparencia informativa previstas en la ley de transparencia. De ahí que identificar el número de publicaciones editadas año con año resulte complicado. Incluso algunas universidades requieren que se ¡solicite la información por escrito sobre sus propias publicaciones! cuando se supone que deberían ser los primeros en promover su difusión.

Sólo las universidades de Guanajuato (133 publicaciones) Veracruzana (50 ), Autónoma de Nuevo León (50), Autónoma de Baja California (42) y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (15) dan cuenta de lo que publican integralmente, una parte del total dedicada a temas jurídicos.

Tercero. En ese rubro, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muestra cifras que rebasan, en muchos casos, varios cientos de veces lo producido por una universidad pública mexicana sumando todas sus facultades, escuelas e institutos.

En efecto, el departamento de publicaciones, a cargo de Raúl Márquez, ha editado 180 publicaciones en este periodo conforme a datos que son públicos, con un crecimiento de 40% sobre el año anterior y con la misma plantilla de trabajo.

El área de Leopoldo Vega se encarga de mantener actualizada una biblioteca electrónica para que gratuitamente se puedan consultar diversas publicaciones, incluidos los libros editados por el instituto, incluso antes de que salgan en su versión impresa. Se tiene una librería electrónica y recientemente sucursales en algunos estados de la República, como iniciativa del área a cargo de Carola Lagunes.

¿Cómo se puede abonar desde la universidad para crear una cultura jurídica si, teniendo presupuesto para ello, no se publica? Rendición de cuentas, transparencia y resultados constituyen todavía una asignatura pendiente.

evillanueva99@yahoo.com

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM