Afortunadamente hemos visto que en la mayoría de los países donde han promulgado las denominadas "leyes de punto final", a la postre han sido revertidas por la presión de la población, al considerar que con ellas se protege a delincuentes en contra de los intereses del país. Los últimos casos han sido en América del Sur, donde las dictaduras asesinas de esos países creyeron que ya habían logrado asegurar su impunidad.

Afortunadamente en nuestro país no estamos, ni hemos estado en una situación parecida a la que vivieron Argentina, Chile y otras naciones, donde la brutalidad humana se manifestó con toda su vileza. Sin embargo, hay un tema nacional para el que se ha pretendido, desde hace varios años, constituir una especie de "ley de punto final", y es el referido al rescate bancario que tanto daño nos ha ocasionado y, sobre todo, continuará ocasionándolo, a menos que de una vez por todas los responsables paguen por los delitos cometidos.

En un magnífico informe preparado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Poder Legislativo, denominado "Informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario de 1995 a 2004", se da cuenta del calvario que para los mexicanos ha sido tal rescate.

Mediante una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin duda les pesará a los que participaron en ella, se limitaron las facultades de la ASF para determinar en profundidad el daño causado por las actividades desarrolladas por los banqueros. Con una interpretación que indudablemente es legal pero que no atiende el fondo del asunto, la Corte estableció que se había ido más allá de la anualidad y definitividad que debería observar el órgano de control del Poder Legislativo, por lo cual algunas de las auditorías y observaciones emitidas no eran válidas.

Todavía no han entendido los ministros de la Suprema Corte que la definitividad en estos casos es muy cuestionable, sobre todo por lo que le están costando al país las irregularidades cometidas por un escaso grupo en contra de la mayoría de la población. Se puede estar o no de acuerdo con la nacionalización bancaria decretada por el gobierno de López Portillo, pero la justificación para haberla llevado a cabo era totalmente justa, en vista de los acontecimientos que estaban ocurriendo a finales de 1982 en México.

En otra decisión controvertida, y utilizando todo el aparato del Estado que en esa época tenía el presidente de la República en turno, en mayo de 1990 se revirtió la nacionalización de la banca, denominándola eufemísticamente "desincorporación", y entonces dio inicio el mayor saqueo que ha sufrido nuestro país desde que somos independientes, realizándose la privatización de 18 bancos que, como afirma el informe de la ASF, se dio bajo un esquema de supervisión deficiente, constituyéndose el inefable Fobaproa en julio de 1990.

A partir de ese momento empezó a gestarse todo lo que hasta este año de 2006 no hemos podido resolver, a pesar de controversias, dictámenes, auditorías internas y externas, denuncias administrativas y penales ante la Procuraduría General de la República.

Un punto central es la consideración que se hace en el informe de que, para poder pagar el monto de recursos que representaban la compra de esos bancos, los nuevos dueños utilizaron préstamos cruzados entre ellos y otros bancos o incluso se otorgaron "autopréstamos" con la finalidad de pagar su supuesta adquisición.

Es decir, de origen la mayoría de ellos ofrecieron como pago pura saliva, con la complacencia de las autoridades que sabían que era imposible que contaran con los recursos propios necesarios para realizar tales compras. Varios de ellos los tuvieron una vez que tomaron posesión de los bancos y empezó el desastre.

Adicionalmente, tal y como lo afirmó en su informe el señor Mackey, el auditor canadiense contratado por la Cámara de Diputados, hay que dejar bien claro que tan sólo fue eso, un informe, dado que los bancos y las propias autoridades financieras no le dieron la oportunidad ni los elementos para hacer una verdadera auditoría, tal y como fue la instrucción de la Cámara de Diputados, con la única finalidad de protegerse de los fraudes que cometieron.

Prueba del fraude que realizaron está en el informe Mackey, donde quedó establecido que 42 mil millones de pesos de créditos fueron para personas físicas o morales con las cuales los propios bancos tenían alguna relación o filiación, préstamos a los que se denominó "créditos relacionados". Adicional a ello los bancos tenían créditos por pagar que ascendían a más de 20 mil millones de dólares.

La crisis de 1994 obligó al gobierno federal a actuar para proteger el ahorro de cerca de 1.3 millones de personas, y de ello se aprovecharon los dueños de los bancos en esa época para meter en la "panza" de Fobaproa todo el desastre que traían.

Es decir, el gobierno actuó bien en la primera parte al buscar la protección del ahorro de los ciudadanos, pero actuó mal también al permitir que unos cuantos se aprovecharan de la benéfica medida, sin tener por qué.

El informe Mackey concluye que en la información que obtuvo se discriminaron presuntas irregularidades por un valor que ascendía a más de 57 mil millones de pesos. Todo lo ocurrido ha permitido que el costo real del rescate bancario ascendiera a la tremenda cifra de un billón 326 mil millones de pesos a diciembre de 2004, según datos de la ASF.

Y si no fuera por la lucha tenaz que ha desarrollado dicho órgano de control, que por cierto ya ha recuperado para el erario público más de 10 mil millones de pesos, este asunto estaría enterrado y supuestamente todos muy contentos.

Ninguno de los candidatos que participaron en el debate de esta semana dijo ni "pío" sobre este asunto, seguramente por ser un tema que enoja a los poderosos y a éstos no hay que tocarlos "ni con el pétalo de una rosa". Ahora bien, sin duda seguirá vivo hasta que logremos que los responsables sean sancionados, tanto pecuniariamente como penalmente. Estoy seguro que en este asunto el "punto final" no ha llegado y qué bueno para los mexicanos.

Analista político