La nota distintiva de la actual campaña política ha sido la descalificación mutua y las negociaciones del último mes sobre los debates entre candidatos presidenciales no ha sido la excepción.

A pesar de que desde 1994 en que se efectuó el primer debate entre candidatos presidenciales, éstos siempre se han caracterizado por tener formatos rígidos, poco flexibles y sin posibilidad alguna de verdadero intercambio de opiniones y posiciones, es decir, sin discusión efectiva entre los adversarios, sí han resultado reveladores de quién es quién y han tenido cierto impacto sobre las percepciones de los electores.

Así, todos recordamos cómo en 1994, el discurso directo y ágil de Diego Fernández de Cevallos en contra de Cuauhtémoc Cárdenas logró elevar las preferencias electorales en su favor, aunque sólo fuera temporalmente. De la misma manera, en 2000, cuando debatieron los seis candidatos presidenciales, Gilberto Rincón Gallardo pudo darle relieve a su propuesta de dar espacios de representación a quienes han padecido algún tipo de discriminación.

Es un lugar común afirmar que quien va arriba en las intenciones de voto, al ser el blanco privilegiado de aquellos que vienen detrás, no encuentra incentivos para participar en un debate presidencial en el que todos van a buscar cómo minar su imagen pero, además, no está obligado legalmente a hacerlo. En cambio, los otros candidatos echarán mano de la valoración social que tiene la deliberación para obligar al puntero a aceptar el debate, o cuando menos a que pague un alto costo político por negarse a participar. Esto es natural en cualquier lucha política y resulta absurdo pretender que el Instituto Federal Electoral renuncie a su posición de árbitro para alinearse con alguna de las posiciones frente a los debates presidenciales.

Como parte de las negociaciones sobre los debates, los representantes de los candidatos le han pedido al IFE que proporcione sus buenos oficios para la difusión de los debates y que funja como una suerte de testigo discreto de los acuerdos o desacuerdos entre los partidos, ello ha resultado delicado para la autoridad porque carece de atribuciones siquiera para obligar a los partidos a que acaten eventuales acuerdos hechos en la mesa de negociaciones. Eso sucedió con el tema de la "tregua" alrededor de los debates, por la que los partidos se obligarían a silenciarse durante 12 horas y a la cual en principio se sumó el PRD para posteriormente cambiar su posición. Un compromiso político en este campo es eso y no existen sanciones administrativas por quebrarlo.

Hoy por hoy, todo parece indicar que la semana entrante tendremos un primer debate al cual, por decisión propia, no acudirá López Obrador. Esta no es la primera ocasión en que un contendiente queda fuera de un debate, algo semejante sucedió en 1997, aunque por exclusión, no por autoeliminación. En aquel entonces, Alfredo del Mazo y Cuauhtémoc Cárdenas se negaron a debatir con Carlos Castillo Peraza y su opción fue justamente conseguir un espacio televisivo propio que permitió compensar su ausencia en el debate. Eso es quizá lo que los representantes del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional buscan evitar con la idea de la "tregua", un doble beneficio para quien voluntariamente no asistirá al debate, no ser atacado por sus adversarios y contar con un espacio para su propio discurso.

Es difícil prever cuál será el efecto de la ausencia de López Obrador en el debate del próximo 25 de abril; sin embargo, existe la posibilidad de que ello sirviera para darle mayor altura y consistencia al debate. En la medida en que los otros dos principales candidatos presidenciales no han enfilado sus ataques entre sí, puede ser que sus discursos se orienten hacia temas sustantivos y que aprovechen el foro para efectivamente convencer a la opinión pública sobre las bondades, la consistencia y la viabilidad de sus propuestas. Esta es una buena ocasión para distender el ambiente crispado y polarizado de los tres primeros meses de campaña.

Como bien ha señalado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las campañas sirven para dos propósitos, para atraer votos para la propia causa y para quitarle votos a los adversarios, es decir, hay lugar para campañas positivas y negativas, siempre que no se caiga en injurias o difamaciones. Los debates son un espacio estelar dentro de las campañas porque en un tiempo y lugar acotados, los electores pueden aquilatar en qué consiste la oferta política de los candidatos y cómo se desempeñan frente a los otros contendientes. Los candidatos y sus partidos tienen la palabra.

Profesora de la FCPyS de la UNAM