Si bien se estuvo cerca de lograr un acuerdo bipartidista en el Comité Judicial del Senado estadounidense, tal vez las expectativas eran excesivas, tanto por el propio proceso legislativo como porque en algún momento se tendrá que hacer frente a la iniciativa del diputado Sensenbrenner. Pero, podría aspirarse a que de la Cámara Alta salga un paquete que contenga algunos puntos positivos.

Por ejemplo, empezar a regularizar esos 7 millones de indocumentados (de los cuales más de la mitad son mexicanos), que ingresaron antes del 1 de abril de 2001 y podrían obtener su residencia permanente después de seis años, probando no contar con antecedentes penales, hablar inglés, pagar impuestos y una multa de 2 mil dólares, así como registrándose en el servicio militar.

Los que llegaron después y hasta el 7 de enero de 2004 podrían permanecer en el país por tres años más y reingresar como trabajadores temporales hasta por seis años, para obtener luego la residencia permanente si hubiera disponibilidad. Los que se incorporaron más tarde deben salir de inmediato y retornar mediante el programa de trabajadores temporales, que otorgará anualmente alrededor de 400 mil visas de trabajo con duración de tres años renovables una vez. Sin embargo, podrán buscar la residencia permanente si su empleador los patrocina y hubiera cupo. Igualmente, 1.5 millones de trabajadores agrícolas podrían regularizar su situación en los próximos cinco años y optar por la residencia sin tener que salir del país.

En el supuesto de que la propuesta del Senado se haga realidad después del receso de Semana Santa, todavía habrá que lidiar con el tema de la seguridad, centro de la iniciativa Sensenbrenner. En el caso de los mexicanos, poco más de un millón se enfrentaría a la disyuntiva de volver a México o quedarse clandestinamente en Estados Unidos y, en caso de su detección por cualquier policía, ser detenidos y tratados como criminales y hasta terroristas.

No hay razones, pues, para echar las campanas al vuelo, por más que no pueda negarse que algún avance habrá. En él debe leerse el esfuerzo de legisladores tanto mexicanos como estadounidenses, el de los propios indocumentados en EU, mexicanos incluidos, el de todos los simpatizantes que se unieron a las marchas, y el de las organizaciones y expertos que no han dejado de escribir, hablar y cabildear en favor de una ley con rostro humano en materia migratoria. Por ello causa disgusto cuando, con propósitos francamente electorales, algún político mexicano busca "ponerse la medallita".

En ese sentido, vale la pena escuchar la voz de los académicos que se preguntan si el gobierno mexicano estará preparado no sólo para reinsertar laboralmente a los indocumentados que queden fuera de los acuerdos, sino también si tendrá capacidad para echar a andar la parte del programa de trabajadores huéspedes que le corresponde. Es decir, el quid pro quo, dado que para aprovechar la proporción que nos toque de las 400 mil visas de trabajo, el gobierno tendrá que administrar los flujos migratorios en dos sentidos. Por un lado, para garantizar que no cruzarán la frontera más del número acordado. Por el otro, para asegurarse de que quienes transitan por territorio mexicano procedentes de Centro y Sudamérica lo hagan amparados por sus propias visas de trabajo y no a expensas de las que corresponderían a nuestros connacionales. La tarea, si bien difícil, está claramente establecida; lo que debe resolverse es cómo ejecutarla, qué tipo de ordenamiento jurídico hace falta, qué institución sería la responsable de operarlo. No puede dejarse de lado que el artículo 11 constitucional garantiza para todo ser humano la libertad de tránsito sin identificación dentro de las fronteras mexicanas, de modo que detener a una persona por el simple hecho de que parezca un extranjero sospechoso de querer ganar la frontera con EU para cruzarla sin documentos es una violación grave.

Si bien es cierto que el proceso legislativo estadounidense no ha concluido en el Senado, que aún debe remitirse a los diputados y, al final, al propio jefe del Ejecutivo, México debe estar preparado, operativa y políticamente para enfrentar toda clase de cuestionamientos internos además del reto que implica el reforzamiento de la seguridad en sus fronteras con el delicado componente del respeto a los derechos humanos.

Secretaria general de CEN-PRI