La semana pasada, de conformidad con lo que marca la ley, la Auditoría Superior de la Federación a través de su titular, Arturo González de Aragón, entregó a la H. Cámara de Diputados los resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del año 2004.

Es quizás uno de los hechos más importantes y a los cuales se les debería prestar mayor atención y difusión. Algunos medios de la prensa escrita así lo destacaron, como EL UNIVERSAL. Lo notable, sin embargo, es que las televisoras omitieron dar difusión a este hecho.

Como acertadamente dice el Auditor Superior "la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización son elementos fundamentales de la democracia y reforma del Estado."

A mi juicio, no hay país que se pueda desarrollar sin organismos de esta naturaleza, que cuenten con el respaldo suficiente y la independencia debida.

Del resumen ejecutivo hecho público destacan muchas cosas, pero considero interesante comentar algunas. Es el caso del incremento de las auditorías realizadas, y como resultado de ello existen diversas observaciones para los Poderes de la Unión que involucran una cifra de más de 33 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones corresponden al Ejecutivo Federal. Observaciones que todavía deben ser aclaradas, y que de no hacerlo deberán conducir al establecimiento de las sanciones correspondientes a los responsables.

Un capítulo que destaca, y que no trata de desviaciones monetarias que haya encontrado la Auditoría, sino que cumpliendo con su papel pone el dedo en la llaga por lo peligroso que se está volviendo para el país en lo social y en lo económico, se refiere a las pensiones y jubilaciones de los servidores públicos.

Hasta ahora, los diversos gobiernos lo único que han hecho es aplicar paliativos, que para lo único que han servido es para mantener a flote la cabeza, para que no se ahogue, pero el peligro persiste.

En las entidades revisadas, actualmente laboran cerca de tres millones de personas, y los jubilados son más de 800 mil.

Tan sólo en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro los recursos que se destinaron a los jubilados representaron el 105% de la nómina pagada a los trabajadores en activo, y la perspectiva es que vaya en aumento.

Existen cinco entidades en las que los activos que han constituido para hacer frente a las pensiones y jubilaciones no son suficientes; tales son los casos del IMSS, el ISSSTE, Pemex, la CFE y Nafin. Es decir, las más importantes del país.

Otro caso que ya se ventiló ante la opinión pública, es donde se ratifica que el grupo Provida no comprobó o lo hizo indebidamente, los recursos entregados por el gobierno, lo que ha ocasionado el fincamiento de responsabilidades. Por cierto, apareció recientemente en la prensa que el gobierno va a guardar por varios años todo el expediente sobre el caso Provida.

En el citado informe también existen algunos hechos que deberían tener más explicación, como es el caso de que la Secretaría de Hacienda ha autorizado a Pemex la constitución de 12 empresas, todas con nombres en inglés, pero que no son paraestatales, es decir, no se someten a la legislación en la materia.

La pregunta obligada es ¿por qué, si en última instancia están constituidas con recursos públicos?

Asimismo, nos enteramos de un caso lamentable para el desarrollo económico de México, al saber que para el periodo de 2000 a 2004 el crecimiento de la longitud de vías ferroviarias en el país tuvo la increíble, pero cierta, cifra de siete kilómetros. ¿Para eso sirvió la privatización del sistema ferroviario, para no crecer y venderlo poco a poco a los estadounidenses?

Una vez más la cuenta pública vuelve a demostrar el gran fraude que ha sido para este país el Fobaproa. De los más de 20 mil millones de pesos que se han recuperado, la mitad corresponde a los créditos irregulares, quitas y quebrantos que afortunadamente se impidió que siguieran engrosando la deuda de los mexicanos.

Otro tema que seguramente también se va a convertir en la próxima administración en escándalo ha sido el referente a la expropiación, devolución y podríamos decir indefinición de los ingenios azucareros. Ha sido un hoyo sin fondo y del cual al final los únicos beneficiarios son los dueños de los mismos y, como siempre, los perdedores, los campesinos cañeros.

Estos son algunos de los ejemplos que destacan en la síntesis del informe y que muchos deberían leer, sobre todo los actuales candidatos a la Presidencia, para saber en realidad cómo se encuentra el país en materia de transparencia y corrupción, fenómeno muy cercano a ellos.

Por eso es que resultan poco halagadoras las presiones que ha recibido la Auditoría Superior de la Federación, e incluso el bajo presupuesto que se le otorga en comparación con los resultados que proporciona. En este mundo del neoliberalismo económico y la eficiencia, la Auditoría Superior recupera más de lo que gasta.

Deberá existir un compromiso serio por parte del futuro gobierno y de la siguiente Legislatura con este órgano independiente, que ha demostrado su efectividad en muchos campos y que, como resultado de ello, ha tenido que soportar controversias constitucionales del Ejecutivo y sus dependencias, destinadas a obstruir su actuación. Esperemos un cambio para 2007.

Analista político