LA manera en que se ha planeado la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión tiene que ver con el modo en que se ha reestructurado el poder en nuestro país en los últimos años. A contrapelo de lo que se cree en el sentido de que la democracia ha traído una mayor distribución del poder, en México las determinaciones fundamentales que atañen a la nación siguen altamente concentradas en unas cuantas personas.

Ciertamente hemos avanzado con respecto al voto ciudadano y también al acotamiento del poder presidencial. Asimismo, es un hecho que hoy disfrutamos de una diversidad en los órganos de representación popular que antes no teníamos. Sin embargo, en el camino hacia la construcción de una democracia pluralista de equilibrio, algo sucedió de tal suerte que hoy nos hemos topado con una verdadera y propia restricción evolutiva que ha dado pie a la estipulación de leyes no con un sentido general y abstracto, como lo marcan los cánones jurídicos básicos, sino con una orientación particular y concreta para favorecer a grupos específicos. Tal es el caso, precisamente, del golpe de mano que se pretende dar con la aprobación en el Senado de la llamada "ley Televisa".

El progreso democrático está en peligro ante el embudo que se ha conformado en la parte superior de nuestras estructuras públicas. Así lo ha sostenido uno de los pensadores más lúcidos de nuestro tiempo, Danilo Zolo, en su libro El principado democrático: "La evolución de las instituciones democráticas, por lo menos en los dos últimos siglos, había experimentado un progreso constante: de la afirmación revolucionaria de los derechos del hombre y del ciudadano a la conquista posterior del sufragio universal, a la tutela constitucional de los derechos sociales. Esta parábola histórica se ha interrumpido bruscamente ante un verdadero y propio cuello de botella evolutivo, cuyos riesgos son evidentes en la crisis del Estado social contemporáneo y en la involución de la democracia autoritaria, tecnocrática y neoliberal". Tenemos una democracia en la que todos los sufragios cuentan por igual, pero en la que los intereses de parte cuentan mucho más que los intereses generales. La pluralidad no ha sido acompañada de la formación de nuevos equilibrios que frenen el abuso.

Y es que, junto al abandono de ciertos compromisos sociales, el sistema político se "modernizó" no hace mucho con base en la formación de nuevas alianzas con la Iglesia, círculos empresariales, medios de comunicación y grupos de poder enquistados en el gobierno y los partidos. No debemos olvidar que ante la pérdida de la mayoría en el Congreso, la vanguardia modernizadora se las ingenió para aprobar sus iniciativas legislativas a partir de un acuerdo entre PRI y PAN que sigue funcionando a la hora en que se le necesita. No es casual que dos destacados representantes de ese grupo, Diego Fernández de Cevallos y Emilio Gamboa Patrón, sean quienes encabezan la iniciativa reformadora en curso.

Conquistamos la democracia electoral pero nos falta alcanzar una verdadera distribución del poder político que le arrebate el control del país al mencionado bloque elitista. La democracia necesita, para su reproducción, que más grupos sean incluidos en la formación de las decisiones políticas y jurídicas; mientras eso no suceda continuará la exclusión en beneficio de un puñado de individuos. Para mantener la condición vigente, esa red de intereses particulares tiene que contar con el apoyo de las empresas de televisión, parte fundamental de la oligarquía que se adueñó del país desde mediados de los años 80. Desde allí, desde el dominio de las conciencias a través de la imagen televisiva, se puede fabricar y manipular mejor el consenso necesario para mantener y, si se puede, ahondar el sistema de poder que domina al país.

Así las cosas, los circuitos de la negociación política están ocupados por una restringida concentración de grupos estratégicamente más fuertes que el resto de las demás representaciones sociales. La voluntad de las camarillas se impone en áreas decisivas en la adjudicación de los recursos públicos, la política económica y, en el caso que nos ocupa, la política frente a la comunicación de masas.

Lo que ha quedado claro es que adentro del circuito de clanes con asiento en la mesa que controla el poder real en México, uno de esos grupos está avanzando en la pretensión de imponer sus propias condiciones a los demás. Me refiero, evidentemente, a Televisa, que parece contar con instrumentos de gestión más convincentes como, por ejemplo, la posibilidad de incidir en el destino de los resultados electorales mediante la inducción facciosa de la opinión pública. Gracias al poder de persuasión frente a los televidentes y de injerencia en las altas esferas públicas gestoras del corporativo, lograron amalgamar la mayoría senatorial necesaria para hacer pasar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Habría que hacer el esfuerzo por apuntalar las campañas de Roberto Madrazo y Felipe Calderón aunque el alma partidista quedara en prenda.

Debemos decir al respecto que una vieja aspiración de la democracia es que cualquier poder que actúe en su seno debe supeditarse a límites precisos. La lucha democrática en México durante décadas puso el acento en la necesidad de someter el poder presidencial a controles tanto institucionales como jurídicos. Ahora que habíamos logrado ese cometido, resulta que un nuevo poder, acaso más desafiante e insidioso, se está saliendo con la suya al acomodar el marco legal a su conveniencia para, literalmente, hacer lo que le venga en gana. Cuando en una sociedad alguna facción acumula prebendas sin contrapesos efectivos, allí acaba la democracia y comienza el despotismo.

josferna@itesm.mx

Director del Centro de Investigaciones en Humanidades del ITESM-CCM