A los legisladores que enarbolen la bandera de la dignidad

PRESENCIAMOS el peligroso intento de sustituir al Estado. Las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión representan un nuevo capítulo de la lucha contra el Estado que caracteriza a la etapa conocida coloquialmente como "neoliberalismo".

Una de las características del Estado contemporáneo es su progresivo empequeñecimiento. Este fenómeno se debe a diversos factores. A lo largo del siglo XX se produjo una expansión sistemática del Estado. Las políticas de bienestar, las tentaciones belicistas, la debilidad de la democracia, la bipolaridad internacional y la militarización de numerosos sistemas, fueron construyendo los diversos escenarios donde floreció un Estado abrasivo, que corrompió, intimidó, afectó los derechos fundamentales, burocratizó y endeudó a las sociedades. Cuando la historia comenzó a girar, emergieron vigorosas expresiones de sociedades renovadas. Las instituciones académicas ejercieron la crítica constructiva, los medios de comunicación se independizaron, las organizaciones sociales se multiplicaron, los sistemas democráticos se fueron consolidando, los aparatos productivos privados cobraron presencia global y la organización internacional adoptó diversos modelos de integración y de cooperación. Andando por ese camino fue afianzando su presencia el Estado constitucional.

Pero se presentó un elemento distorsionador: en la década de los años 80, Estados Unidos y Gran Bretaña fueron presididos por gobiernos conservadores, y la vieja doctrina del "Estado pequeño" fue impulsada, por primera vez, mediante una acción convergente del poder y de influyentes círculos académicos, financieros y mediáticos. El desmantelamiento progresivo del Estado se facilitó cuando el muro de Berlín cayó, con todas sus implicaciones. Si repasamos la historia institucional mexicana veremos que también aquí padecimos la hipertrofia del Estado, y que por los mismos años comenzamos a podar su frondosa burocracia. La "privatización" de numerosas empresas públicas y la extinción de organismos descentralizados, fideicomisos y otras agencias oficiales, generó ingresos al erario que permitieron paliar los efectos de sucesivas crisis económicas, evitar la contratación de nuevos créditos, eludir los déficits presupuestarios y cumplir con las reglas impuestas por los poderosos acreedores internacionales. Todo esto es bien conocido.

Lo problemático surgió después. La relación asimétrica entre el poder político y el poder económico, que había caracterizado la etapa precedente, no fue sustituida por un sistema de equilibrios que habría requerido, entre otras cosas, de nuevos diseños institucionales. Hoy resulta claro que la asimetría comienza a operar en sentido inverso, y que se apunta ya un periodo de hegemonía del poder económico sobre el político.

El caso que se discutirá en el Senado ejemplifica esa situación de postración del Estado. Los candidatos, muy particularmente dos de ellos, requieren el apoyo de una poderosa empresa televisiva para mantener vivas sus esperanzas de triunfo, y una constelación de intereses advierte que es oportuno flejar al próximo presidente si, como suponen, les es ideológicamente incómodo. Pocas veces en la historia institucional de México se ha visto una tan ostensible sujeción de los agentes políticos a los agentes económicos. Ya existían algunos precedentes, como la exención tributaria con motivo de la venta del banco más importante del país, y el Congreso había mostrado su debilidad estructural cuando accedió a permitir que los bancos extranjeros asumieran el control del sistema financiero nacional. Pero todo eso se procesó en sigilo, en la zona umbrosa de los entendimientos clandestinos.

Ahora es otro el panorama. Las versiones no desautorizadas de que el dirigente de un partido nacional requirió el apoyo de sus correligionarios para bienquistarse con una empresa televisiva y así favorecer las perspectivas de su candidato presidencial, denotan cuán menguada está la clase dirigente mexicana.

El sistema presidencial mexicano, en manos de un hombre desconocedor e inseguro, no tuvo capacidad para articular un nuevo entramado institucional de reemplazo. En su marchitez, ese sistema está arrastrando al Congreso, que vive un periodo que un día sus protagonistas querrán olvidar, porque se les atribuirá haberlo convertido en un poder vicarial. Las solicitaciones de una empresa han devenido en directivas para los representantes de la nación, y esto es algo que marcará una etapa.

Los inspiradores de la reforma a la ley, y sus seguidores, incurren en el error de considerar que sus decisiones son irreversibles. Olvidan que en materia de instituciones nada es inmutable, y que también en política es valedera la tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y de la misma magnitud. No está por demás volver la mirada al célebre científico inglés, máxime si se tiene en cuenta la profunda influencia que su ley de gravitación ejerció en el pensamiento político de la ilustración y, en particular, en los enunciados sobre el equilibrio (checks and balances) del poder. Los señores legisladores tampoco tienen presente el axioma de Thomas Hobbes conforme al cual "cuando hay un poder superior al del Estado, ese es el Estado". Lo que estamos presenciado, el peligroso intento de sustituir al Estado, tiene dos desenlaces posibles: que el sistema televisivo se convierta en el poder político real y asegure su conquista por un periodo más o menos prolongado, o que sólo obtenga una victoria efímera. La prudencia de los antiguos empresarios televisivos les había hecho ver que no debían provocar al Estado; hacerlo ahora es, de alguna manera, un acto de arrogancia y un extravío de la memoria.

El costo final de esta aventura se trasladará a la sociedad. El Estado, ante la disyuntiva de aceptar la mutilación de su poder o de buscar su resarcimiento, tomará decisiones cuyo impacto recaerá sobre nosotros los ciudadanos. Si se inclina por la primera opción, nos dejará a merced de los poderes fácticos, cada vez más aplastantes; si se orienta por la segunda, lo podrá hacer en detrimento de las libertades públicas.

En ambos extremos del juego los ciudadanos perdemos. Estas son las consecuencias previsibles de una acción inspirada por motivaciones circunstanciales, con la que esta Legislatura culminará lo que pudo haber sido un airoso ejercicio de la política. Lástima que abandonen el escenario por el portalón de la utilería y, en la última escena del último acto, pierdan el aplauso que por otras buenas razones habrían merecido.

diegovalades@yahoo.com.mx

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM