" EN vez de agotar rápidamente el capital político en un ambicioso programa de reforma institucional, sería preferible invertirlo en una estrategia explícita de desarrollo a corto plazo, que atienda especialmente el fomento de la reestructuración productiva y la inversión en nuevas actividades". Esto resulta más necesario en "etapas iniciales, cuando es fundamental dar impulso a la economía e inyectar dinamismo al sector privado".

"Hay una enorme diferencia entre un gobierno que tiene esta mentalidad y uno que cree que la estabilidad macroeconómica y los factores fundamentales del mercado bastan para mantener el dinamismo de la economía". "No es lo mismo un gobierno que se pregunta cómo facilitar la colaboración productiva (.) que un gobierno que mira la reestructuración productiva como un proceso automático en el cual no le compete involucrarse".

Lo anterior no es un consejo expresamente escrito para el próximo presidente electo de México: es una reflexión del profesor Dani Rodrik, que aparece en la última entrega de la Revista de la Cepal (Núm. 87, Santiago de Chile, Dic/05). La investigación de Rodrik sobre procesos de industrialización exitosos, refuta la hipótesis según la cual la mano invisible del mercado conduce providencialmente el accionar espontáneo de los agentes económicos privados, de modo que el mercado libre -sin intromisiones del Estado- es la mejor garantía del desarrollo económico.

Esta refutación es también consistente con la experiencia mexicana: el crecimiento sostenido de la economía nacional a una tasa media de 6.2% anual entre 1934 y 1981, se sustentó en una economía de mercado encauzada, regulada y promovida por el Estado a través de múltiples instrumentos de política económica.

En primer lugar, políticas macroeconómicas activas prudentemente manejadas (con excepción de los años 70 y primeros 80), que lograron conciliar el crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo, con el control de la inflación y el manejo responsable de las finanzas públicas y de las cuentas externas. (Cuando se perdió la prudencia en las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, el país se encaminó -bajo los gobiernos de LEA y JLP- a la crisis de 1982).

En segundo lugar, políticas de fomento general: formación de recursos humanos; construcción de infraestructura; institucionalización de un sistema financiero funcional al desarrollo (mediante la banca de fomento y el establecimiento de un régimen eficiente de regulación y supervisión del sistema de banca comercial); y, desde luego, creación del marco legislativo e institucional indispensable para regular el sano funcionamiento de los mercados.

En tercer lugar, políticas activas de fomento sectorial para impulsar el desarrollo de sectores y ramas productivas consideradas prioritarias, a través de diversos instrumentos: regulación del comercio exterior; inversión y gasto público sectorial (v. gr. en infraestructura hidroagrícola, investigación y extensionismo, etcétera); otorgamiento de créditos preferenciales a actividades prioritarias (a través de la banca nacional de desarrollo o de la banca comercial, mediante cajones de asignación selectiva de créditos con tasas promocionales de interés); subsidios y estímulos a industrias nuevas y necesarias; exenciones fiscales a industrias exportadoras y a inversiones elegibles; e instrumentos específicos de fomento, como el sistema de precios de garantía para la agricultura; además del desarrollo, por cuenta del Estado, de un sector energético vinculado a las prioridades del desarrollo nacional.

Ahora bien, estos instrumentos sectoriales de política económica fueron articulados en una estrategia económica cuyo objetivo fundamental fue la industrialización a través de la progresiva sustitución de importaciones, comenzando por la producción interna de bienes de consumo no duradero, prosiguiendo con la sustitución de importaciones en bienes intermedios y de consumo duradero y culminando con la producción interna de bienes de capital. Bajo esta estrategia económica, el producto interno bruto de México creció mil 592% entre 1934 y 1982; y la industria manufacturera creció 2 mil 210%, al expandirse a una tasa media de 6.7% anual durante el mismo lapso.

Mientras tanto, del otro lado del planeta, Japón asombraba a la humanidad con su "milagro económico" logrado bajo un régimen de mercado dirigido por un gobierno eficaz, que utilizó prácticamente todos los instrumentos de política económica antes enumerados (excepto la industria energética estatal), además de otros instrumentos de su propia invención: 1) la promoción de conglomerados de empresas, cuyos enlaces horizontales les permitieron desarrollar una sinergia industrial inédita; 2) un sistema de educación, investigación y capacitación directamente vinculado a los requerimientos y a los agentes directos de la industrialización; y 3) su legendaria oficina de planeación estratégica y promoción industrial: el Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI), cuya tarea dual consistió en identificar las áreas industriales de avanzado desarrollo tecnológico que debían impulsarse; y en movilizar el capital y los recursos humanos calificados hacia las prioridades estratégicas.

Sin embargo, en lugar de una estrategia económica orientada a la sustitución gradual de importaciones, como la aplicada en México y otros países de América Latina, Japón utilizó sus múltiples instrumentos de política económica para desplegar una estrategia de industrialización más ambiciosa y compleja. Como señaló el viceministro del MITI al principiar los 70: "El MITI decidió establecer en el Japón industrias que requerían la utilización intensiva de capital y tecnología, y que, considerando los costos comparativos de producción, resultarían en extremo inapropiadas para el Japón. Se trataba de industrias como la del acero, refinamiento de petróleo, petroquímica, automotriz, aérea, maquinaria industrial de todo tipo y electrónica, incluyendo computadoras electrónicas. Desde un punto de vista estático y a corto plazo, alentar tales industrias parecería entrar en conflicto con la racionalidad económica. Pero, considerando una visión a más largo plazo, éstas son precisamente las industrias donde la elasticidad de demanda del ingreso es mayor, el progreso tecnológico más rápido y la productividad de la mano de obra se eleva más rápidamente. Estaba claro que sin estas industrias sería difícil emplear una población de 100 millones y elevar su nivel de vida para igualar el de Europa y Norteamérica únicamente con industrias ligeras; para bien o para mal, el Japón tenía que tener industria química e industria pesada. Según Napoleón y Clausewitz, el secreto de una estrategia exitosa está en concentrar el poder de lucha en los frentes clave de batalla; afortunadamente, la buena suerte y sabiduría que el Japón adquirió por necesidad, le han hecho posible concentrar sus limitados recursos de capital en industrias estratégicas" (citado por A. Kuri Gaytán, "Competitividad y desarrollo tecnológico", en J. L. Calva (coord.), Formación de recursos humanos, desarrollo tecnológico y productividad, U de G-Juan Pablos, Guadalajara, 1997).

Posteriormente, Corea del Sur y Taiwán, que hoy descuellan entre los países de nueva industrialización (NIC), iniciaron sus procesos de desarrollo que les permitieron cruzar, hace unos años, la franja que separa a los países subdesarrollados de los países de altos ingresos, desplegando estrategias de industrialización que, no obstante sus particularidades nacionales, son del mismo género que las previamente instrumentadas por su exitoso vecino. Como ha concluido un brillante investigador de estas hazañas económicas: "Los tres países (Corea del Sur, Taiwán y Japón) tienen en común un compromiso intenso y casi inequívoco del gobierno por lograr la competitividad internacional de la industria interna y con ello, a la larga, elevar sus niveles de vida. Este compromiso llevó a los tres gobiernos a crear políticas y organizaciones bastante similares para dominar el mercado. Su notable éxito económico nos permite sugerir que han creado una forma más competitiva de capitalismo, del que bien podrían aprender otros países" (Robert Wade, El mercado dirigido. La teoría económica y la función del gobierno en la industrialización del este de Asia, México, FCE, 1999).

Por si fuera poco, los países industrializados de Europa y América del Norte no han sido ajenos a los instrumentos sectoriales de política económica (además de utilizar con reconocida eficacia, desde luego, los instrumentos de política macroeconómica y de desarrollo general). Aunque desde los años 80 se ha formando un consenso retórico (o meramente teórico) entre los países industrializados en torno del ideal neoclásico de suprimir las políticas sectoriales y reemplazarlas por políticas horizontales (limitadas a corregir imperfecciones evidentes en los mercados, mediante regulaciones antimonopólicas, mejoramiento de los sistemas de información o apoyos a la capacitación y la innovación tecnológica bajo esquemas de incentivos neutros, que no discriminen o favorezcan a ningún sector o industria en especial), en la práctica tanto EU y Canadá como los países europeos utilizan sistemáticamente instrumentos sectoriales de política económica, canalizando enormes recursos hacia sectores estratégicos como el aeroespacial y el electrónico, e incluso a sectores tradicionales como el agrícola, el automotriz, el acerero o el textil.

No obstante, cuando la tecnocracia neoliberal se hizo del poder en México, arribó con las maletas cargadas de dogmas ortodoxos, entre los que figuraba el dogma según el cual las políticas sectoriales (específicamente orientadas a favorecer el desarrollo de sectores, ramas o industrias seleccionadas) generan distorsiones en los precios relativos, que provocan ineficiencias en la asignación de recursos e impiden alcanzar los niveles óptimos de crecimiento. A juicio de la tecnocracia, la contribución nodal del Estado al crecimiento económico consistiría, simplemente, en la creación de un marco de estabilidad macroeconómica (entendida estrechamente como inflación decreciente, próxima al nivel inflacionario de EU; y finanzas públicas equilibradas o cercanas al equilibrio ingreso-gasto). Considerada como condición necesaria y suficiente del desarrollo, esta estabilidad macroeconómica sería la gran generadora del clima de confianza que automáticamente dinamizaría la inversión, el crecimiento y el bienestar. El problema consiste en que el mundo maravilloso de la ortodoxia neoliberal no existe en la realidad. Como señaló el profesor Ronald Coase, premio Nobel de Economía 1991: "La economía convencional (.) es un sistema teórico que flota en el aire y que guarda poca relación con lo que verdaderamente sucede en el mundo real" (Newsletter, Vol. 2, Núm.1, 1999). Por eso, durante los 23 años de experimentación neoliberal (1983-2005), el PIB por habitante apenas creció a una tasa media de 0.6% anual; los salarios mínimos perdieron al 69.7% de su poder de compra; y más de 20 millones de mexicanos cayeron en la pobreza y la indigencia.

Para reencauzar a México hacia un nuevo ciclo de crecimiento económico sostenido con equidad, hay que hacer caso al profesor Rodrik: es necesario un gobierno comprometido con las tareas del desarrollo.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM