LOS posibles debates entre los candidatos presidenciales han suscitado, por sí mismos, una discusión acerca de la libertad que tiene cada uno de ellos para participar. Podemos preguntarnos si las apariciones públicas, conjuntas, de los candidatos, representan el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación.

El origen de esa práctica se remonta a la campaña presidencial estadounidense de 1960. Kennedy y Nixon fueron los primeros en protagonizar un debate escenificado expresamente para la televisión. A partir de entonces esta modalidad publicitaria se ha generalizado, sin que por otra parte se haya precisado su utilidad democrática.

La aparición de los debates en EU llamó la atención porque introdujo en el sistema presidencial lo que ya era tradicional en los sistemas parlamentarios. En éstos, los dirigentes políticos suelen discutir de manera pública y permanente los asuntos del gobierno. En la esencia del sistema parlamentario está el ejercicio deliberativo de la política. El sistema presidencial, por el contrario, obedece a la lógica de una rigurosa separación de las ramas del poder, lo que se ha traducido en la intangibilidad de los presidentes y ha propiciado autoritarismo.

Eso explica que la costumbre de los debates haya prosperado sobre todo en los sistemas presidenciales donde existen elecciones competitivas. A veces, en los sistemas parlamentarios también se han llevado a cabo debates entre los contendientes, pero esto ha sido el resultado de la superposición de la lógica del presidencialismo a la del parlamentarismo, y de la presión de los medios de comunicación, en tanto que la centralidad política de los parlamentos está siendo sistemáticamente controvertida por la televisión.

Otro factor que ha estimulado la irradiación de los debates es la estructura bipartidista de los sistemas electorales. Esta característica de la política estadounidense facilitó el debate original de 1960. Es dudoso que, de haber habido 10 contendientes, alguien hubiera tenido la idea de convocarlos a todos. En los casos de los sistemas parlamentarios donde se han producido debates, las participaciones se han limitado a los candidatos de los partidos con posibilidades efectivas de hacer gobierno, que por lo general no suelen ser más de dos. En las elecciones estadounidenses de 2004 participaron alrededor de 20 candidatos a la presidencia, pero sólo dos intervinieron en los debates.

Veamos ahora nuestro caso. La caduquez del presidencialismo mexicano se hace ostensible si lo comparamos con algunos sistemas análogos africanos o asiáticos, con los pocos sistemas presidenciales europeos y con casi todos los latinoamericanos. La mayoría de los sistemas presidenciales contemporáneos presentan características evolucionadas que todavía no se registran en nuestro ámbito constitucional. Esto explica que haya una cierta curiosidad por conocer y contrastar las posiciones políticas de los candidatos y de sus partidos a través de debates televisados, porque no existen otros instrumentos institucionales para alcanzar esos objetivos.

Adicionalmente, habría que explorar la dudosa utilidad de poner en el mismo nivel a quienes tienen posibilidades de triunfo y a los que carecen por completo de ellas. Esta aparente igualdad democrática de los aspirantes implica una falta de equidad para las fuerzas reales que representan, y acentúa la naturaleza de espectáculo de la política.

Ahora bien, ¿los candidatos tienen derecho a debatir, o están obligados a hacerlo? Esta cuestión sólo se puede responder si se define ante quién tendrían el derecho o la obligación. Es evidente que en esta materia no tienen derechos entre sí; ninguno de ellos puede exigir a otro que participe en un debate. Por eso resulta excesivo que alguien lance un "desafío" a debatir, cual si fuera una pendencia personal. Queda otra vertiente: ¿tenemos derecho, los electores, a que los candidatos que buscan nuestro voto, discutan entre sí? La respuesta podría ser afirmativa, si se tiene en cuenta que la Constitución dispone que es obligación de los partidos, y por ende de sus candidatos, "promover la participación del pueblo en la vida democrática" (la frase es pleonástica, pero así dice el artículo 41).

Sin embargo, ese deber, que tendría como correlato el derecho de los ciudadanos a recibir información amplia acerca de las trayectorias, propuestas, intenciones y proyectos de los contendientes, no hace exigibles conductas que pongan a los candidatos en estado de indefensión y expongan a los ciudadanos a la manipulación y a la exacerbación de las pasiones. La forma como se ha planteado el debate en México corresponde a una especie de celada, conforme a la cual algunos candidatos pretenden compensar su posición en las encuestas a expensas de quien por el momento los supera. La lucha política tiene algunos límites legales expresos, y otros más, implícitos, de naturaleza ética. Quien ignore esos referentes y esté dispuesto a recurrir a toda suerte de estratagemas para obtener un triunfo electoral, se aparta de los cánones no escritos de la democracia.

A Maquiavelo se le imputa haber afirmado que "el fin justifica los medios". Esta difundida frase es una extrapolación de sus ideas y no figura literalmente en ninguno de sus escritos. No obstante, sí parece formar parte del bagaje de los actores políticos cuando tienen la desesperación por acicate. Los debates son sanos si su objetivo es esclarecer, no si se les toma como instrumentos para confundir. Aun así, poco es lo que aportan, porque en sus resultados influyen más el atuendo, la desenvoltura y el control de los reflejos, que la estructura mental, ideológica y moral de los protagonistas.

Los debates, por otra parte, son un mal sucedáneo para un ejercicio vertical del poder que hasta ahora no admite otra forma de conocer los puntos de vista de los aspirantes a ejercerlo. La realidad es que quienes proponen y quienes se oponen a debatir, lo hacen por razones estratégicas que nada tienen que ver con el interés de nosotros los electores. Lo constructivo sería que nos dijeran si están dispuestos a que sus ministros comparezcan, de manera periódica, ante nuestros representantes. Este es el debate verdadero, democrático, al que tenemos derecho los gobernados.

diegovalades@yahoo.com.mx

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM