DURANTE su entrevista en el programa televisivo "Código 2006", producido por EL UNIVERSAL TV, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde señaló: "Los spots de 20 segundos (en radio y televisión) no transmiten ideas, sino emociones; y cuando esto determina al ganador, corremos el riesgo de trivializar la calidad del debate y sustraerle su facultad intelectual" (EL UNIVERSAL, 24/II/06).

Precisamente frente a este riesgo, uno de los propósitos de "Código 2006", como observó Jorge Zepeda, director de Día Siete, consiste en ofrecer a los televidentes "una radiografía de las fortalezas y debilidades de las propuestas de país que los candidatos hacen". Es, sin duda, una plausible contribución a la lectura ciudadana de la bola de cristal de nuestro futuro.

Desde luego, el ejercicio intelectual de nuestra nación debe esforzarse en mirar muy lejos. Después de casi un cuarto de siglo perdido para el desarrollo (el PIB per cápita apenas creció a una tasa media de 0.6% anual en el periodo 1983-2005), bajo una estrategia basada en los dogmas del Consenso de Washington -es decir, del abandono de un México sin proyecto propio a la deriva del mercado global-, es indudable que la definición soberana de nuestro propio estilo de desarrollo e inserción en los procesos globales es precondición de la prosperidad nacional.

Esta es la clave: en vez de un estilo pasivo de inserción en la mundialización, a través de la liberación económica a ultranza y la reducción de las funciones del estado, México debe adoptar un sistema armonizado de políticas públicas para promover activamente su desarrollo económico y social. Los cursos de acción fundamentales -en complemento de los expuestos en nuestra entrega anterior- son, a nuestro juicio, los siguientes.

Primero. Desplegar una política industrial manufacturera con instrumentos sectoriales de fomento y no solamente con instrumentos horizontales (tratamiento igual a todos los sectores, ramas, regiones y empresas). Ninguna evidencia indica que el mercado lleva a la convergencia en niveles de desarrollo e industrialización, más aún cuando la diferencia tecnológica aporta la base de la competencia para destruir al rezagado, a través de la innovación. La historia económica muestra que tanto en Europa, Estados Unidos y más aún en Japón, Taiwán o Corea del Sur, la industrialización exitosa derivó de especialidades buscadas a propósito e impulsadas con instrumentos sectoriales.

Las externalidades o ganancias agregadas de las redes o complejos productivos deben ser consideradas en la selección de industrias promovidas con políticas específicas, así como el desarrollo de capacidades tecnológicas. El impulso a la micro, pequeña y mediana industria, como parte de estos enlazamientos productivos, es elemento central de una nueva estrategia de industrialización, cuyos instrumentos, integrados en paquetes especiales para propósitos específicos, son: el crédito preferencial a través de la banca nacional de desarrollo o de la banca comercial (mediante sistemas de redescuento), la construcción de infraestructura, el uso de subsidios directos, la capacitación laboral y empresarial, las compras de gobierno, etcétera, vinculando estos paquetes de apoyo a compromisos de desempeño por las industrias seleccionadas.

Se trata de pasar a una nueva estrategia de industrialización que de manera simultánea fomente eficazmente el sector exportador, la sustitución eficiente de importaciones y la producción de bienes para el mercado interno, con visión nacional de largo plazo, en vez de perseverar en un modelo económico que simplemente abandona nuestro destino productivo al resultado espontáneo del accionar de la mano invisible del mercado, donde los débiles -individuos y naciones- son devorados por los fuertes.

Segundo. Siendo la industria energética una piedra angular del desarrollo futuro de México, su expansión y modernización debe impulsarse con criterios e instrumentos modernos de política industrial. El desarrollo de capacidades tecnológicas y las externalidades espontáneas e inducidas que generan los complejos energéticos deben ser revitalizados. En la industria petrolera es necesario retomar el objetivo, hoy abandonado, de generar tecnologías propias, cuya viabilidad está comprobada por experiencias de otros países en desarrollo (v. gr. Petrobras en Brasil, como un líder tecnológico mundial en perforación profunda).

Sin embargo, para que la industria petrolera pueda realizar sus inversiones en ciencia y tecnología, así como en modernización y ampliación de su capacidad instalada, es necesaria una reestructuración fiscal que permita a Pemex retener una proporción de sus ingresos suficiente para realizar sus inversiones con la celeridad requerida. Además, para el mejoramiento de su operación es necesaria una reforma institucional que otorgue a Pemex autonomía administrativa y de gestión.

El Estado debe seguir siendo responsable de la industria eléctrica. Sin vender activos fijos, es posible la expansión y modernización de la industria con horizonte de planeación estratégica de largo plazo. Su privatización no necesariamente mejoraría el servicio ni reduciría las tarifas eléctricas: podría ocurrir exactamente lo contrario, como lo muestran diversas experiencias internacionales. Los problemas actuales de la industria derivan de la brusca caída de la inversión pública para su expansión y modernización.

Para revertirlos, haciendo factible adelantarse a la demanda de fluido eléctrico, es necesario pasar a un esquema tarifario que permita a las empresas públicas eléctricas su ampliación y modernización, bajo condiciones de autonomía financiera y de gestión. El sistema interconectado debe ser preservado. En todo caso la industria eléctrica estatal podría dividirse en varias compañías eléctricas regionales autónomas, coordinadas por una entidad central, estableciéndose la competencia entre ellas bajo condiciones de autonomía administrativa y de gestión. Finalmente, es necesario formular un plan nacional energético con visión de largo plazo, orientado a la racionalidad energética y, por tanto, que incluya el uso de fuentes renovables de energía, especialmente de la energía solar.

Tercero. Sin solución a los problemas del campo, la viabilidad económica del país está comprometida. El sector agropecuario puede desempeñar importantes funciones en el futuro de la economía: satisfacer la demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias y generar excedentes exportables en los nichos donde tenemos un lugar tradicionalmente fuerte en el mercado mundial, contribuyendo así a reducir presiones sobre el sector externo; generar empleos adicionales en el medio rural, aligerando presiones sobre el mercado de trabajo urbano; irradiar efectos multiplicadores sobre el conjunto de la economía mexicana; preservar y mejorar el medio ambiente.

Pero una economía agrícola dinámica sólo es factible mediante políticas sectoriales de fomento: 1) una política de precios que estimule la producción (lo que implica coherencia entre las políticas agrícolas e industriales y las políticas macroeconómicas, v. gr. evitando sobrevaluaciones del tipo de cambio; aprovechar los márgenes de maniobra en política comercial que tenemos en el TLCAN y la OMC, y renegociar la situación del maíz y del frijol en el TLCAN; reformar los modos de operación del Procampo para que contribuya con más eficacia al fomento de la producción; y eliminar en la operación del actual sistema de ingreso-objetivo de Aserca el sesgo que favorece ciertas regiones y grupos de productores, discriminando a la mayoría); 2) incrementar la inversión pública en infraestructura rural, principalmente para rehabilitar áreas de riego y ampliar la superficie irrigada; 3) ampliar los fondos públicos para investigación agropecuaria y extensionismo rural; 4) fomentar los sistemas de crédito rural y ampliar los fondos canalizados al sector agropecuario, a fin de posibilitar el acceso de los pequeños productores al capital de trabajo; 5) en la pequeña agricultura, diversificar actividades e impulsar cultivos con elevado potencial (como los orgánicos, frutales con alta elasticidad-ingreso de la demanda internacional, etcétera), e introducir sesgos preferenciales en los diversos instrumentos de fomento en favor de los pequeños agricultores.

Cuarto. Puesto que las desigualdades espaciales se han acrecentado bajo el modelo neoliberal, acentuándose dramáticamente la polarización entre regiones, son necesarias políticas activas para reducir las desigualdades. Para ello, se requiere una estrategia integral de desarrollo que incluya una geoestrategia nacional de largo plazo (como país respecto de otros países) y una geoestrategia interna. En la estrategia interior de desarrollo regional, la descentralización de las políticas públicas y de las entidades gubernamentales encargadas de su ejecución; por tanto, descentralizar los recursos y tareas de promoción económica y social (es decir, de políticas industriales, agrícolas, de fomento turístico, servicios de educación, salud, etcétera) debe jugar un papel de alta relevancia.

El propósito es enfrentar de manera simultánea, desde el ámbito nacional (de un nuevo proyecto endógeno de inserción en la economía mundial) y desde el ámbito regional (de proyectos regionales endógenos de desarrollo), los efectos adversos y las potencialidades de una inserción exitosa en la mundialización.

Teniendo a la región como actor y variable central de las políticas de fomento económico y social, será factible crear y desarrollar con más éxito las habilidades regionales, su vocación para absorber desarrollos tecnológicos audaces, sus capacidades empresariales y el aprovechamiento de las externalidades asociadas a los conglomerados productivos que México deberá impulsar para acortar resueltamente la brecha que nos separa de los países desarrollados.

En el ámbito externo, como parte sine qua non de la agenda de una futura profundización de la integración en el área del TLCAN, la institución de fondos estructurales de carácter trinacional (análogos a los de la Unión Europea) destinados a acelerar el desarrollo de las regiones más rezagadas, así como el libre flujo de mano de obra, deben ocupar un espacio central en las negociaciones del gobierno mexicano.

Quinto, en orden de exposición pero no en importancia. Una nueva estrategia de desarrollo económico sostenido debe otorgar, con visión nacional de largo plazo, atención prioritaria a la formación de recursos humanos, es decir al mejoramiento de la calidad de vida de la gente y al desarrollo de sus habilidades. En consecuencia, asegurar la buena nutrición de las mayorías nacionales; mejorar sostenidamente el sistema de salud publica; reforzar el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta los programas de posgrado; impulsar resueltamente los programas de capacitación laboral, creando un eficiente sistema nacional de certificación de las habilidades (para facilitar la inserción ocupacional y la mejor retribución de la inteligencia laboral); y caminar a marchas forzadas en la investigación, el desarrollo tecnológico y el fomento de la innovación, son tareas del más alto interés nacional.

Debe recordarse que la atención de todas estas áreas se encuentra en la base del éxito económico de las naciones; constituye un camino seguro para elevar la productividad y generar empleos cada vez mejor remunerados; y es la clave para que México logre ir cerrando las brechas -de productividad, ingreso y calidad de vida- que nos separan de los países industrializados de altos ingresos.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM