" SI no entendemos la esperanza que abrigan los seres humanos para sí y para sus hijos -señaló Immanuel Wallerstein-, no podremos comprender la historia política de los últimos doscientos años" (I.W., Utopística. O las opciones históricas del siglo XXI , México, Siglo Veintiuno, 1998). También en el umbral del tercer milenio, en un lúcido artículo ("Incertidumbre", EL UNIVERSAL, 12/IV/99), Enrique Semo -siguiendo a Ernst Bloch- observó: "Toda intención humana está sostenida por los sueños de una vida mejor y el meollo de todo anhelo constructivo es la esperanza". "Perdida ésta, el hombre prefiere refugiarse en el pragmatismo de lo inmediato y eso lo priva de concebir el futuro como materia maleable". "La esperanza, en cambio, es enemiga del miedo y la resignación y elimina sus corrosivos efectos. Amplía al hombre y lo proyecta hacia delante, mientras que la resignación lo limita y lo empequeñece. No se puede pasar de una actitud defensiva de sobrevivencia a la acción transformadora, sin reconstruir la esperanza".

Por eso, concluyó Semo, lo que necesitamos "es reconstruir conscientemente la esperanza, el anhelo y la fe en la posibilidad de un México mejor".

Sin duda, utilizando los márgenes de maniobra que México tiene dentro de las realidades del entorno económico y político internacional, así como en función de nuestras propias realidades nacionales, es factible construir e instrumentar una nueva estrategia de desarrollo capaz de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante el último cuarto de siglo, fortalecer la cohesión social de la nación y abrir los cauces de un desarrollo incluyente y democrático. En esta perspectiva, los cursos fundamentales de acción son, a nuestro juicio, los siguientes.

Primero. En virtud de que los procesos de globalización económica no generan espontáneamente un proceso de convergencia económica, sino un ensanchamiento de las desigualdades entre países pobres y ricos y entre estratos sociales perdedores y ganadores dentro de cada país, México debe cambiar sustancialmente su actitud frente a los procesos de globalización.

En vez de un estilo pasivo de inserción en la mundialización, a través de la liberalización económica a ultranza y de la reducción de las funciones del Estado en la promoción activa del desarrollo, México debe reprocesar y redefinir internamente, mediante políticas económicas y sociales activas, las "señales" o tendencias espontáneas del mercado mundial.

Una estrategia eficiente de inserción en los procesos de globalización comprende las siguientes acciones: vigorizar, mediante políticas públicas activas, el mercado interno de bienes y servicios; inducir mayores encadenamientos productivos internos de las exportaciones, a través del fomento de industrias específicas y de la promoción de redes de subcontratación; evitar procesos de sobrevaluación cambiaria que ahondan las desventajas competitivas de nuestra planta productiva; desarrollar políticas activas de aprendizaje tecnológico e innovación endógena, mediante el impulso a la ciencia y tecnología y la promoción de proyectos industriales estratégicos; desplegar una defensa activa de nuestros recursos naturales, creando conglomerados industriales basados en su aprovechamiento racional; regular internamente nuestros flujos financieros externos; y diversificar nuestro comercio exterior, especialmente con los países asiáticos.

En los foros internacionales, México debe pugnar por redefinir los contenidos de la globalización en favor de los países en desarrollo, creando mayores márgenes de libertad para el despliegue de estrategias endógenas; en particular, debe pugnar por que sean gravados los flujos monetarios y financieros (v.gr., mediante el impuesto Tobin). Una reinserción exitosa de México en la mundialización exige mayor activismo de la sociedad civil, que presione a los poderes públicos hacia las indicadas acciones y, a la vez, tenga una mayor presencia directa en los foros internacionales que pugnan por un rediseño humanitario y regulado de la globalización, promoviendo la creación de instituciones atenuantes y compensatorias de los efectos polarizantes de la mundialización.

Segundo. Para lograr el crecimiento sostenido a la tasa que requiere la economía mexicana (más de 6% anual), es necesario elevar significativamente los coeficientes de ahorro interno y de inversión. Ello supone un crecimiento económico que se vea reflejado en los ingresos reales de la población y en las ganancias de las empresas nacionales, especialmente de las pequeñas; además, es necesario recordar que mayor ahorro financiero no significa mayor inversión ni, por tanto, mayor ahorro interno. Por eso, mientras se incrementa el ahorro en las Afores, no crece el ahorro interno; y los enormes depósitos de mexicanos en bancos extranjeros muestran también la presencia de grandes volúmenes de ahorro financiero que se generan en el país, pero no se convierten en inversión física.

Para favorecer la inversión física (en maquinaria, equipo y construcciones) es necesario introducir mecanismos eficaces de regulación financiera, como instrumento relevante de la política industrial, subordinando el sistema bancario a los intereses superiores de la economía real de la nación. Asimismo, es necesario reducir los efectos desestabilizadores de los flujos financieros internacionales mediante su regulación prudencial. Defendiendo su soberanía monetaria, cambiaria, fiscal y financiera, México debe participar en una negociación internacional que reduzca la inestabilidad derivada de los flujos de capital. En el marco del TLCAN es necesario promover un acuerdo trilateral de cooperación monetaria y financiera que contemple la regulación de flujos de capital en la zona del TLCAN; información sobre depósitos de no residentes mexicanos en Estados Unidos; y la reestructuración de la deuda externa soberana de México con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para lograr tasas similares a los bonos del Tesoro estadounidense, de los que el Banco de México es importante tenedor.

Tercero. Para lograr una estabilidad de precios sostenible en el largo plazo en condiciones de crecimiento ininterrumpido de la producción y del empleo a las tasas requeridas por la economía mexicana, es necesario liberar a la política cambiaria de los objetivos antiinflacionarios y vincularla a la competitividad de la planta productiva y al equilibrio externo (evitando así los procesos de sobrevaluación que conducen a la insana adicción al ahorro externo y se convierten en un pesadísimo lastre para el crecimiento económico y la generación de empleos). Es necesario, en consecuencia, abandonar el estrecho concepto de "estabilidad macroeconómica" como sinónimo de inflación decreciente, próxima al nivel inflacionario de Estados Unidos (y finanzas públicas equilibradas o cercanas al equilibrio ingreso-gasto público); y ampliar el mandato del Banco de México, que hoy tiene como tarea exclusiva el control de la inflación, para que nuestro banco central se ocupe también -como hacen los bancos centrales de Estados Unidos y Canadá- del crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo.

De esta manera, dispondremos de un Banco de México verdaderamente autónomo, pero no respecto de la economía real de los mexicanos, sino respecto del capital financiero internacional y de la inversión especulativa. Teniendo un banco central vinculado a los objetivos del crecimiento sostenido con equidad, con un mandato de servir a los intereses de la planta productiva y el empleo, la estrategia antiinflacionaria gubernamental debería también dejar de utilizar la política salarial como ancla de la inflación (mediante incrementos del salario mínimo en el mismo porcentaje de la inflación esperada); y, en lo sucesivo, basarse en la concertación de las expectativas inflacionarias, la promoción de la oferta interna de productos y la regulación monetaria y crediticia endógena.

Cuarto. Realizar una reforma fiscal orientada a elevar significativamente los ingresos tributarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, a fin de que el Estado cuente con recursos suficientes para cumplir eficazmente sus responsabilidades en la promoción activa del desarrollo económico y social. Las direcciones en las cuales es factible elevar hasta en 10 puntos porcentuales del PIB la recaudación tributaria son las siguientes: 1) eliminación de regímenes simplificados que favorecen inequitativamente a grandes empresas; 2) eliminación del régimen de consolidación fiscal, que facilita la elusión por parte de las grandes corporaciones; 3) incremento de las tasas de ISR a los estratos de muy altos ingresos (con ingresos gravables mayores de 2 millones de pesos por año) mediante una tasa de ISR cobrada por las entidades federativas del país, como ocurre en Estados Unidos y Canadá, que tienen tasas de ISR estatales y provinciales, además de las tasas federales; 4) incremento de las tasas del IVA para artículos suntuarios (sin demérito de introducir en el futuro un impuesto progresivo sobre el gasto o el consumo global); 5) gravar las transacciones financieras, las ganancias bursátiles y los dividendos distribuidos entre accionistas; 6) gravar los flujos financieros externos de corto plazo, por razones no sólo recaudatorias, sino también de estabilidad macroeconómica; 7) elevar la eficiencia en la recaudación del IVA, recaudándolo directamente en las empresas productoras; 8) reformar el servicio de administración tributaria introduciendo un verdadero servicio civil de carrera; 9) combatir resueltamente la evasión fiscal, incrementando las penalidades contra los grandes evasores; 10) ampliar las facultades y responsabilidades recaudatorias de los estados y municipios como parte de un mayor federalismo fiscal.

Quinto. Revalorar la importancia de las instituciones públicas en el desarrollo. Sin instituciones eficaces erigidas sobre bases democráticas, promotoras y catalizadoras del desarrollo, garantes del cumplimiento de las leyes y de los contratos que se deriven de un revitalizado pacto social, México no encontrará el camino del desarrollo sostenido con equidad. La reforma de las instituciones debe comprender: 1) la introducción de un verdadero servicio civil de carrera (basado en los méritos del servidor público y no en favoritismos) que permita elevar la eficiencia de las instituciones y reducir la corrupción; 2) la verdadera separación de poderes, fortaleciendo al Poder Judicial y al Poder Legislativo, como contrapesos de un Poder Ejecutivo acotado; 3) el fortalecimiento del federalismo, la soberanía de los estados y autonomía municipal, vigorizando las legislaturas estatales y los cabildos municipales como contrapesos de los poderes ejecutivos locales; 4) la rendición de cuentas, la supresión de los fueros a todos los niveles y el fin de la impunidad.

Alzar la mirada y proyectarla hacia adelante, nos permitirá convertir en realidad la opción certera de un futuro mejor para los mexicanos.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM