UN poeta excepcional, Rubén Bonifaz Nuño, acaba de publicar una notable traducción de las Odas de Píndaro. El estudio introductorio abre con estas formidables líneas: “El violento trabajo de la voluntad para regir la sedición de los instintos…”. Alude así al temple racional de los griegos y a uno de los fundamentos de la cultura occidental: domeñar la sedición de los instintos, como acto de civilización.
Para nuestro pesar, vivimos una época en que los instintos dominan la voluntad. De entre los muchos episodios que se suceden velozmente destaca, por vergonzoso, el presuntamente protagonizado por el gobernador de Puebla, Mario Marín. Aunque la vulgaridad ha menudeado en los últimos años de la vida mexicana, en Puebla se han alcanzado nuevos límites. El instinto primitivo de los protagonistas convirtió la afectación de derechos fundamentales de una periodista y de muchos menores, en una ocasión festiva.
La cuestión merece que recapitulemos acerca de la crisis que vivimos. Si fuera un hecho aislado, habría motivos de preocupación, pero es más que eso: es la reiteración de que hay quienes siguen ejerciendo el poder político al margen del derecho y de la ética; es un ejemplo más del poder sin control.
Para muchas personas lo que sucede es desconcertante, y por lo bajo se habla de un hipotético fracaso de la democracia. Es una posición derrotista e infundada. Lo que vemos era predecible, y fue predicho. Pero no es el momento de recurrir al gastado “se los dije”. Más bien es el momento de no perder la calma, de identificar el origen de las desviaciones y de prever los remedios, inmediatos y mediatos.
Por paradójico que parezca, la existencia de procedimientos electorales satisfactorios ofrece riesgos cuando no se les complementa con una estructura y un funcionamiento democráticos del poder. La elección democrática es una de las más importantes fuentes de legitimidad, que se debe acompañar por el ejercicio, también legítimo, del poder. Empero, este ejercicio se ve dificultado cuando los órganos en los que el poder reside siguen organizados conforme a un esquema autoritario. Así se explican los casos en que un gobernador dispone a su arbitrio del poder coactivo del Ministerio Público; no puede ser sancionado sino merced a procedimientos de alta complejidad jurídica; cuenta con una red de complicidades en los ámbitos público y privado; es, junto con sus colaboradores, políticamente irresponsable ante los órganos de representación política; utiliza los recursos del poder para patrocinar movilizaciones en su defensa.
Hace unos años, en tanto que era cuestionable la legitimidad de origen de numerosos funcionarios elegidos, se les imponía la necesidad de actuar con una cierta prudencia para tratar de legitimarse por la actuación. Al modificarse las pautas de la legitimidad, entre quienes se saben seguros de su origen democrático hay los que se preocupan menos por la honorabilidad de su actuación. La legitimidad electoral está comenzando a ser usada como un parapeto para justificar nuevos excesos en el poder. Quien se sabe apoyado por una pluralidad de ciudadanos, cuyo voto fue escrupulosamente contado, supone que es dueño indiscutible del poder. El triunfo ya no es cuestionado; sobre los gobernantes no pende la sospecha de la usurpación, tienen una fuerza popular propia, cierta, avalada por instancias electorales autónomas y jurisdiccionales; quienes así lo deseen, son libres incluso para delinquir.
Por eso hemos sido muchos los que insistimos, aunque hasta ahora fracasamos, en la necesidad de una reforma del Estado. Mientras esa reforma no se produzca, los nuevos autócratas contarán con la legitimidad que no tenían sus predecesores, pero la falta de controles eficaces les permitirá hacer lo que presumiblemente hizo el gobernador de Puebla.
¿Cuántos casos más habrá que ignoramos, porque no fueron grabados subrepticiamente? Un signo de nuestra patología es que sólo nos podemos enterar de un hecho ilícito por medio de otro hecho ilícito. Nuestra democracia provisional no dispone de mecanismos para que las cosas ocurran de otra manera. El remedio estructural para estos tristes episodios lo ofrece el Estado constitucional; por eso sorprende que los agentes políticos hayan eludido la reforma del Estado. Desde luego, la democracia constitucional tampoco es infalible; no hay sistema perfecto. Todo lo que un Estado constitucional bien construido ofrece son instrumentos para inhibir y corregir algunas desviaciones del poder. Pero eso, aunque modesto, es mejor que lo actual.
En el caso del gobernador de Puebla se ha hablado de cuatro posibles opciones: la desaparición de poderes, la averiguación por parte de la Suprema Corte de Justicia, el juicio político y el trámite ordinario del Ministerio Público. La desaparición de poderes es uno de los mecanismos más autoritarios de la Constitución; su aplicación representaría una regresión más. Las otras tres medidas implican un proceso cuya lentitud favorece al gobernante, no a los gobernados. El juicio político exigiría la participación de ambas cámaras, y la averiguación de la Corte o del Ministerio Público podrían culminar en el desafuero por parte de la Cámara de Diputados. Pero, conforme a los artículos 110 y 111 de la Constitución federal, en los casos del juicio político y del juicio de procedencia, o desafuero, hay un ingrediente adicional: también debe intervenir el Congreso de Puebla.
En cuanto a una opción local, ni siquiera se ha sugerido su posibilidad. El firme control del gobernador la hace impensable.
Teóricamente cabría otra solución: que el gobernador decidiera separarse del cargo. Aquí surgiría otro problema porque se ha interpretado, erróneamente, que los funcionarios con licencia no pierden el fuero. Este equívoco, también a favor del gobernante, representa un obstáculo más para la justicia. En estas circunstancias sólo la renuncia facilitaría que los ciudadanos supiéramos la verdad: si el gobernador es inocente o culpable. Sin embargo, el gobernador ya decidió que es inocente, y basta con que él así lo afirme. Un gobernador puede absolverse a sí mismo porque así lo facilita el sistema constitucional. Mientras, la sociedad continúa sin respuestas claras, sin procedimientos accesibles y eficaces, víctima de la victoriosa sedición de los instintos.
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Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
