E comprobarse la veracidad de las cintas que han expuesto al gobernador de Puebla, señor Mario Marín, éste podría tener una sola opción en su futuro inmediato: separarse del cargo.

La grabación de una soez conversación telefónica en la que celebraría el encarcelamiento irregular de la periodista Lydia Cacho, además de otros atentados a los derechos humanos de la escritora, configuran muchos y muy graves delitos.

El episodio es idéntico a los que escandalizaron al mundo durante las dictaduras militares latinoamericanas y africanas. Después de conocerlo, no hay manera de ver con respeto y consideración al titular del Ejecutivo político.

La única prueba existente, y al parecer irrefutable, es la grabación divulgada por la prensa, la radio y la televisión en los últimos días. Cómo se obtuvo esa grabación, es algo que quizá no sabremos pronto, pero sin duda esto también deberá ser investigado por lo que significa de violatoria a las garantías individuales. En todo caso, es bueno estar informado de ello, pero es malo que haya ocurrido y peor aún que siga ocurriendo.

Todo esto nos muestra lo más deleznable de la política mexicana, heredera de 70 años, y habrá de significar la pérdida de muchos miles o millones de votos para el partido del gobernador, el PRI.

Lydia Cacho -autora del libro Los demonios del edén, en el que recoge testimonios y relatos de pederastia en los que involucra al industrial poblano de la mezclilla, Kamel Nacif, y a otros empresarios, políticos y funcionarios- fue detenida en Cancún, donde ocurren aquellos excesos, pero por policías poblanos y encarcelada en Puebla, con las recomendaciones anotadas; en todo caso, la vulgar charla telefónica entre Marín y su "héroe", como llama a Nacif, constituyen una vergüenza nacional.

La gravedad del suceso no estriba en su revelación, sino en su esencia misma. Es un episodio bochornoso, lamentable, criminal, que evidencia el abuso del poder público para castigar a una periodista y escritora, y escarmentar a los demás. El condenable acontecimiento, además, envenena, ensucia y pervierte el clima electoral en que estamos inmersos y entorpece el proceso democrático en que todos estamos empeñados.

Este atropello intolerable tiene además como corolario el absurdo de que la investigación podría quedar en manos de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, y de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, ambas muy vinculadas al gobierno del señor Mario Marín.

Ninguna conclusión verosímil puede resultar de allí, cuando el propio gobernador, engreído y atolondrado, negó primero ser el interlocutorde Nacif en la grabación, y poco después aceptó que sí podría ser él.

En una carrera ilimitada de excesos y tropezones, el mandatario poblano tiene que desvincularse de la averiguación, al igual que su procuradora. Por eso la mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados le recomienda que se separe del cargo. Como la Constitución dispone que los puestos de elección popular no son renunciables, un camino es la solicitud de licencia.

De no ser así, la Secretaría de Gobernación ya dijo que existen otras instancias para hacerse cargo del caso. El juicio político en la Cámara de Diputados podría ser otra de ellas o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como pidieron algunos legisladores.

Estamos obligados a exigir que las autoridades correspondientes nos precisen lo que ocurrió ahí y que se actúe en consecuencia. Si el gobernador del estado de Puebla ha cometido el ilícito que suponemos, deberá dejar el cargo y dirimir la situación en los tribunales.