DE nuevo en estos días la sociedad mexicana ha tenido prueba de que el estado de derecho y la aplicación de la ley muestran un severo déficit. Que la política antecede, modula y produce una legalidad débil. Los casos pueden variar, puede ser el expediente de Arturo Montiel, que se ha reabierto, o los hijos de Marta Sahagún, los gasolineros que venden litros más pequeños o el hotel Sheraton, que ha sido un escenario cruzado por varios planos de conflicto, pero hay factores en común en todos estos ejemplos: una manipulación política y la protección de intereses que determinan la impartición de la justicia.

Este complicado problema se ha tratado de explicar desde diferentes hipótesis: una muy popular fue la de que en México había un país legal, que estaba en la Constitución, en las leyes y códigos que norman la vida jurídica; y otra realidad era el país de verdad, la aplicación facciosa de la ley al gusto del cliente, con enormes espacios de impunidad.

Después surgió otra explicación. El problema no era una separación franca entre legalidad y realidad, sino que la misma legalidad tenía serios problemas en su diseño: contradicciones, pegotes y ajustes que están en todo el marco legal, desde la Constitución hasta las leyes secundarias. Con la alternancia electoral y la transición, el problema se ha complicado; ahora se debate ampliamente en la opinión pública, pero está muy lejos de haberse resuelto. Nuestra incipiente democracia no ha generado un mejor marco jurídico, ni mucho menos una mejor práctica legal; parece ser el peor de los mundos.

La aplicación de la ley en México tiene muchas excepciones; se puede incumplir fácilmente y la impunidad es difícil de acotar. Ninguna persona con recursos pisa la cárcel en el país, a menos que caiga en desgracia y haya otra persona interesada en meterla a la cárcel. El imperio de la ley y la protección de los ciudadanos bajo un estado de derecho son parte de la agenda pendiente para el futuro inmediato.

Los intereses carcomen la legalidad y la desconfianza crece. Los expedientes políticos se usan en tiempos de campaña y se llega a un abuso en la exposición pública; se termina litigando primero en los medios masivos y después en los espacios legales y jurídicos. La discusión pública de la legalidad forma parte de un mundo más abierto a la libertad de expresión, pero también es señal de un sistema legal que ha llegado a la saturación y a la atrofia. Ejemplos sobran, desde leyes que se aprueban pero no se cumplen, pasando por normas que son mediatizadas por la corrupción de los intereses, hasta llegar a los tortuosos laberintos legales que terminan en la secrecía de un juez que puede decidir con amplios márgenes de discrecionalidad.

Por varios flancos el Estado parece haber sido rebasado; por ejemplo, la lucha por la protección de los derechos de autor, el combate a los productos pirata y el contrabando, son una muestra. En el actual conflicto en contra de los gasolineros que no venden litros completos de combustible y que en lugar de que sean sancionados y se corrija la anomalía de bombas que no están correctamente calibradas, los expendedores de la gasolina se aglutinan y amenazan con hacer paros de servicio frente a una autoridad que no logra garantizar el predominio del interés público y queda subordinada al interés de un gremio.

Lo peor de esta situación es que no se da un enfrentamiento claro entre legalidad e ilegalidad, entre interés general e intereses particulares, sino que se entra a litigios absurdos para caer en un mundo al revés. En lugar de que la gasolinera que no cumple la norma sea multada o clausurada, como se hace en unos pocos casos, los que tienen la franquicia violan la ley con argumentos legales y después pasan a la ofensiva y llegan a parar el servicio.

Por otra parte, los expedientes políticos de la temporada, Arturo Montiel Rojas y Manuel Bribiesca Sahagún, son combustible para la lucha electoral. Se manipulan los tiempos y las pruebas, se filtra información a la prensa, se hacen comisiones legislativas de dudosa constitucionalidad; en suma, son expedientes que se administran de acuerdo con las agendas políticas y los equilibrios de las fuerzas en disputa.

Frente a este escenario lo más importante no es sólo cerrarle el paso a la impunidad y que se aplique la ley, sino ver de qué forma se puede construir confianza en la legalidad, lo cual es un reto cada vez más difícil de lograr. Cuando el desprestigio público de la legalidad se empieza a generalizar, entonces se llega al clima propicio para la guerra sucia. Crece el desánimo y los resultados rinden su efecto en la decisión colectiva de una elección cerrada, como la que habrá el próximo 2 de julio.

Si vemos que sólo llevamos unos cuantos días de campaña y que faltan cuatro meses y medio para ir a las urnas, el tiempo político será muy largo para construir efectos que influyan en la votación. Ya vimos lo que sucedió en el año 2003 con los casos de Pemexgate y Amigos de Fox: fueron los temas reales de la campaña, y a pesar de que el IFE impuso las multas y solucionó legalmente cada expediente, quedó la percepción negativa de que todos los partidos eran iguales.

El caso del hotel Sheraton, en donde se cruzan jugadas múltiples, es terreno fértil para la desconfianza. Hay desde la pugna histórica entre Cuba y EU, la torpe triangulación mexicana, el problema de la extraterritorialidad de la ley y, para rematar, la revancha, a todas luces oportunista, del Gobierno del DF y de una delegada que habla de la supuesta clausura del hotel en términos de "un acto de patriotismo".

¿Cómo queda la legalidad cuando el manoseo de los casos lleva a soluciones absurdas? Se juega con la legalidad y se cae en el ridículo: no es creíble que el hotel Sheraton se va a clausurar porque no tiene suficientes cajones de estacionamiento o porque no tiene menú en Braille. ¿Por qué funcionó así durante décadas? ¿Cuántos hoteles de la capital incumplen con los reglamentos y así seguirán, mientras no caigan en desgracia?

Como señala Guillermo O´Donnell: no basta con la existencia de instituciones y prácticas democráticas rutinarias, ni con la garantía de los derechos civiles y políticos elementales para impedir que la desconfianza (en la legalidad) se apodere de la sociedad; una buena democracia será aquella donde se institucionalicen mecanismos permanentes para controlar y sancionar a las autoridades públicas y (añadimos) también a los particulares (Metapolítica, 45).

Investigador del CIESAS