LA revista Proceso da cuenta, en su edición de esta semana, de la forma y los motivos que han orillado a varios actores fundamentales de la industria de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, que inicialmente se habían lanzado en contra de la "ley Televisa", a cambiar súbitamente de parecer, avalar de pronto "la minuta en sus términos", y casi pedir disculpas por los comentarios críticos vertidos con anterioridad. Son penosos los hechos, estremecedor el recuento de las presiones y los chantajes que llevan a la claudicación a varios de los que señalaron y advirtieron las insuficiencias, sesgos y "perversidades" de la minuta aprobada el año pasado por los diputados.

El reportaje de Jenaro Villamil -probado periodista al que le debemos revelaciones históricas en esta reciente etapa de la reforma de los medios- es una prueba documental de la operación de un poder informal desbocado, prepotente, abusivo, que así como es capaz de citar a su regazo de Valle de Bravo a cada candidato presidencial, incluso al mismísimo Presidente de la República, puede también poner bajo control y a su servicio a toda la industria organizada de las telecomunicaciones y a los grandes grupos radiofónicos del país. Es un relato frente al que uno no puede dejar de sentir indignación y tristeza a la vez, porque se asoma con sus principales rasgos el inmoral poder de Televisa. Han venido doblando a uno por uno de los que en diciembre veían al país en su conjunto, y ahora en estrecha visión sólo tienen ojos para sus negocios.

Literalmente se han retractado de sus primeras opiniones los principales grupos radiofónicos del país; algunos han dejado asentadas por escrito sus dos posiciones. Las tres cámaras industriales más afectadas por la minuta -la de la Radio y Televisión (en lo que se refiere a los radiodifusores), la de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática, y la de Televisión por Cable- han dado marcha atrás a sus peticiones e impugnaciones.

Los términos en que lo hizo Canieti son vergonzosos, breve historia de una efímera resistencia por la dignidad. A los operadores de telecomunicaciones les ganaron los proveedores de electrónica e informática. Amenazados por Televisa de suspender sus compras pasaron sin rubor de "Una reforma dirigida sólo a beneficiar a unas cuantas televisoras y radiodifusores, en perjuicio de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y la mayoría de los radiodifusores, frustra la oportunidad de lograr una verdadera reforma del sector y de alinearnos con las mejores prácticas internacionales de los países más desarrollados" (12/XII/2005), a exhortar respetuosamente al Senado "a continuar con el proceso de revisión de las propuestas de la minuta en cuestión, y en virtud de los avances que ya contempla la minuta turnada por la Cámara de Diputados, aprobar la misma, en sus términos, dentro del periodo que inicia el 1 de febrero; sin que ello obste para que de inmediato se continúe con los trabajos de la industria con el Congreso para realizar las reformas legislativas complementarias a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que resultan indispensables para el avance del sector de las telecomunicaciones" (1/II/2006). En la copia del oficio firmado por María Teresa Carrillo Prieto, presidenta de Canieti, y que yo tengo en mi poder, se contiene también un recuadro del post-it de la transmisión que por fax se hizo llegar de dicha carta a Blanca Romano, con copia para el señor licenciado Javier Tejado Dondé, director general de Información a la presidencia de Televisa.

La carta de Canitec, que asocia a los concesionarios de tv por cable, guarda un poco más las formas, pero conduce a lo mismo: "Solicita atentamente que toda vez que la convergencia nos ha llevado a enfrentar la conformación de un nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones a nivel global, esto sea debidamente considerado en el análisis de la minuta que nos ocupa, misma que la cámara que represento ve con buenos ojos". Fueron presionados con lo de siempre y les dieron probaditas en algunos estados como Michoacán: les retiraron la transmisión de las señales abiertas en los sistemas de cable; fuerte presión ante sus suscriptores no poder ver el Canal 2.

Desde diciembre pasado fueron llegando las cartas de "reconsideración" al Senado. Y la etapa de rendición empezó a notarse conforme las voces de la radio empezaron a perder volumen y tono; los espacios que en algunos grupos de radio se abrieron en forma inusitada para varias voces antes censuradas, se han vuelto a restringir a su mínima expresión. Nuevas instrucciones se giran a los comunicadores que hace todavía un mes y medio procuraban el debate, la discusión y la crítica hacia la minuta. En una doble condición de testigo y actor he vivido esa película varias veces; ya más o menos sé cuándo se arreglan entre ellos, los intereses de los radiodifusores con los de la tele. Históricamente, los radiodifusores siempre han dejado colgada de la brocha a la sociedad. Históricamente siempre la tv los ha usado.

La presión de Televisa para lograr "el consenso a fuerza" incluye intimidación y chantaje, se hace en las narices del gobierno (quizá con su complacencia), cuenta con el disimulo de varios legisladores que llaman a la reversa "rectificación", y se entusiasman que con el correr del tiempo varios operadores de telecomunicaciones "hayan leído bien la minuta, y reconozcan que sí hay avances". Es México, nuestro país, dominado por la ambición desmedida y el cálculo exacto sobre nuestra clase política de un grupo de jóvenes que tuvieron todo para hacer historia y decidieron mejor ser gobierno sin participar en elección alguna. Es México, nuestra nación sin Estado, nuestra democracia sin políticos.

El Senado no puede soslayar lo que está pasando y debe reaccionar con firmeza. Más cuando un dato preocupante vuelve a tener presencia, a propósito de esta operación intimidatoria: la participación de Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal, y "ex" director del Cisen. Para mí no resultaban desconocidos sus vínculos estrechos con altos funcionarios de Televisa -que pude comprobar en el decretazo de 2002-, pero que el gobierno del presidente Fox no aclare debidamente los señalamientos aparecidos en diversas publicaciones, me parece muy delicado. Este asunto, de no deslindarse bien, podría acarrearle a la actual administración uno de sus principales problemas de fin de sexenio.

Senador de la República (PAN)