CON motivo de la campaña presidencial, se comienza a advertir la relevancia política del gabinete. Por vez primera en la historia contemporánea mexicana, los candidatos están conscientes de que para inspirar confianza, atraer a un mayor número de electores, perfilar el tipo de decisiones políticas que realizarán, aplacar ánimos y tender puentes hacia diferentes sectores, el gabinete puede resultar funcional.

Los candidatos presidenciales han comenzado a insinuar la estructura del gabinete, e incluso a sugerir los primeros nombres para integrarlo. Al margen del sentido político de esta novedosa actitud, debe examinarse el posible impacto que puede tener en el orden institucional.

El gabinete no tiene, entre nosotros, significado jurídico. Es sólo una palabra a la que damos un contenido convencional para aludir al grupo de funcionarios gubernamentales de mayor jerarquía, que colaboran de manera directa con el presidente. Esta precisión tiene importancia porque en otros sistemas presidenciales el gabinete es una institución con funciones específicas, cuya integración está asociada a la vida democrática del Estado.

Desde luego, no hay que perder la dimensión de la realidad jurídica y política del Estado. Todas las formas de organización tienden a la concentración del poder, en individualidades o en grupos. Lo característico de los sistemas democráticos es que adopten instrumentos jurídicos que reduzcan en lo posible la atracción centrípeta del poder presidencial, para lo que se suelen construir instancias intermedias, a las que se denomina gabinete.

Entre nosotros no existe esa figura política y jurídica. Los secretarios de despacho son meros ejecutores de las instrucciones presidenciales; carecen de fuerza política propia porque se representan a sí mismos, y no tienen una relación sistemática con el Congreso. El gabinete no existe como un órgano investido de facultades ejercidas de manera colegiada por los ministros.

Si está integrado de una manera plural, el gabinete, por decirlo de una manera esquemática, funge como una especie de pequeño congreso, que debate a puerta cerrada con el presidente.

En un gabinete serio las decisiones corresponden a un programa de gobierno compartido por las fuerzas que lo integran, por lo que sus miembros además de cumplir con ellas, deben responder por ellas. Cuando el entendimiento fundamental se fractura, lo normal es que los ministros dimitan.

Los ministros son sujetos fungibles, porque literalmente se consumen con la función. Además, responden ante el presidente que los nombra y ante el Congreso que los controla. Con la presencia de los ministros se atenúa el ejercicio personal del poder personal del presidente y se facilita que el Congreso ejerza una cierta supervisión sobre las actividades gubernamentales.

Cuando no existen los ministros, la totalidad de las decisiones de gobierno es imputable al presidente; esto es lo que sucede en México, conforme a nuestro sistema constitucional y a nuestras costumbres políticas. Sin embargo, el fenómeno al que aludí al principio indica que, así no sea de su agrado, los candidatos están comenzando a advertir la utilidad de contar con ministros y, necesariamente, con una estructura formal de gabinete.

Para que el proceso que apenas se esboza tenga una traducción institucional, será necesario construir la figura del gabinete. Esto se puede conseguir mediante una reforma constitucional o, si se prefiere, incluso a través de disposiciones legales. La dificultad para reformar la Constitución ha sido una coartada de las fuerzas políticas y del gobierno para justificar sus posiciones refractarias al cambio. La ley ordinaria también es un instrumento valedero para impulsarlo, y cuando esta opción tampoco resulta asequible, queda a la mano el expediente de las nuevas y sanas prácticas democráticas.

Por ejemplo, para obligar a los secretarios a que asistan de una manera regular y sistemática ante el Congreso, para atender preguntas e interpelaciones, sólo haría falta tener deseos reales de hacerlo así. ¿Acaso las cámaras o la Comisión Permanente negarían el acceso a un secretario que concurriera cada mes a sus sesiones, con el ánimo de responder todo cuanto se le quisiera plantear, relacionado con su ramo? Nadie podría decir que un hecho de esa naturaleza contravendría la Constitución.

La mentalidad gerencial del Presidente lo condujo a consultar a empresas privadas acerca de los integrantes de su gabinete; de haber actuado como un político demócrata, pudo hacer lo mismo con alguna de las cámaras, y tampoco habría contravenido norma alguna. Y si además hubiese querido adoptar la práctica de convocar a la totalidad de los secretarios para que de manera regular informaran a sus colegas de sus acciones, tomaran decisiones conjuntas, revisaran los proyectos de presupuesto y de iniciativas legales, por ejemplo, el Presidente habría demostrado que sí estaba decidido a impulsar cambios serios. Los verdaderos demócratas no piden permiso para serlo. Es evidente que el Presidente no promovió reformas con el ánimo de aplicarlas, porque muchas cosas se habrían podido hacer, aun sin cambios normativos, si su vocación democrática hubiese sido real.

Ahora tenemos por delante otras incógnitas. Se habla de nuevas secretarías, lo cual no es novedoso, e incluso de secretarios; no se habla, todavía, de instituir el gabinete ni de contar con ministros. Es imposible saber, por el momento, si estas referencias corresponden sólo a acomodos pragmáticos o son ya designios programáticos. Si se está obedeciendo a una nueva variante de pragmatismo, lo sabremos en pocos meses y lo padeceremos por muchos años. Seguramente en el interior de los grupos que disputan el poder hay resistencias al cambio; esto es natural. Sin embargo, así como la realidad política está obligando a que los candidatos salgan del hermetismo tradicional para buscar una nueva relación con la sociedad y para modernizar el sistema presidencial, es posible, aunque no necesariamente probable, que den otros pasos adelante.

Cuando aludo a la presencia de ministros no implico que debamos incorporar formalmente este nomenclador. El asunto no es cuestión de nombres. Podemos conservar la designación de secretarios adoptada por los monarcas españoles en las postrimerías de la Edad Media; eso no importa. Lo que realmente cuenta es que alguien se decida a oxigenar el sistema presidencial para darle, así, un aliento a la democracia.

diegovalades@yahoo.com.mx

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM