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Ana María Salazar
10 de febrero de 2006
Mitos sobre la migración
 

EMPECEMOS primero con las buenas noticias. Los aproximadamente 8 millones de indocumentados mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos regularizarán su situación jurídica y podrán continuar trabajando en el vecino país, pero ahora sin temor a que se les deporte.

Ahora permítanme compartir las malas noticias: aunque un limitado programa de trabajadores temporales podría surgir en los siguientes seis años, la legalización de los trabajadores mexicanos indocumentados en el vecino país del norte no sucederá en el siguiente sexenio; podrían pasar unos 10 años.

Entre tanto, se construirán más muros en diferentes partes de la frontera entre ambos países, incrementando cuantitativamente la presencia de policías y militares. Estos esfuerzos por "controlar" la frontera estadounidense enfrentarán a un número aún mayor de mexicanos que tratarán de cruzar, lo que resultará en la deportación masiva de mexicanos y en más connacionales muertos al tratar de cruzar.

Por ello, categóricamente puedo afirmar que nunca habrá un acuerdo migratorio integral entre Estados Unidos y México.

¿Por qué mi optimismo a largo plazo y mi pesimismo extremo de los eventos que acontecerán a corto plazo? Veamos.

Es importante recordar, estimados lectores, que en los últimos años ya se han construido porciones del famoso muro fronterizo. Entre las barreras construidas está la barda que se encuentra entre las ciudades de Tijuana y San Isidro, cuya construcción resultó en que se exportara el problema a la frontera entre Arizona y Sonora, donde hoy se cree que podría estar cruzando de 50% a 80% de las personas que entran sin documentos a Estados Unidos.

Y, desafortunadamente, por más que proteste el gobierno mexicano, otros países, el Vaticano, actores, ONG y asociaciones civiles, se continuará construyendo el muro, aunque no resuelva ni detenga la ola de migrantes indocumentados.

En este momento diferentes actores políticos en Estados Unidos buscan demostrar que están tratando de detener la ola de migrantes, y el muro es una prueba visual de su esfuerzo, además del incremento dramático en presupuestos para financiar la militarización de la frontera.

No sólo la administración Bush está incrementando el presupuesto para programas fronterizos, sino los mismos estados están destinando presupuestos (botón de ejemplo fue la legislatura de Arizona que propone 10 millones de dólares del presupuesto estatal para financiar la presencia de tropas de la guardia nacional en la frontera).

Todo esto sucede en un momento en el que aumentará el número de mexicanos que tratarán de cruzar. Aunque oficialmente la cifra de mexicanos que tratan de cruzar cada año es de 400 mil, hay analistas que piensan que este número podría ser de hasta un millón anualmente.

Sin importar quién sea el siguiente mandatario en México, será imposible en un sexenio cambiar dramáticamente la falta de oportunidades en el país. Además de las opciones laborales que ofrece el mercado de Estados Unidos, hay un factor que empuja a más mexicanos a arriesgarse a cruzar: los nexos familiares y culturales son fuertes.

Son tantos los connacionales que han cruzado, que la red familiar y de amistades se ha desarrollado a tal punto que facilita aún más el cruce y asegura empleo a los que emigran.

Con una frontera militarizada, la construcción de muros, más recursos para controlar el flujo de personas y, sobre todo, una política antiinmigrante, la combinación de todos estos factores sólo puede resultar en estrategias más riesgosas para cruzar, grupos de polleros mucho más peligrosos y violentos, que cobran más por sus servicios.

El ambiente político en Estados Unidos también llevará a incrementar las deportaciones masivas. Y esta realidad política detendrá a cualquier gobernante estadounidense a sentarse a negociar con el gobierno mexicano un acuerdo migratorio. Pero adicionalmente, aunque Washington quisiera negociar algún acuerdo, el gobierno mexicano no podría aceptar el tipo de propuestas que pondrían los estadounidenses en la mesa.

¿Recuerdan ustedes la reacción de rechazo que enfrentó el gobierno mexicano cuando acordó con los estadounidenses que se usarían balas de goma llenas de chile, en lugar de las balas reales, en contra de los migrantes?

¿Por qué afirmo que se legalizarán con el tiempo, en los siguientes 10 años, los 8 millones de mexicanos que ya residen en EU, aun con este ambiente antiinmigrante que cunde en el país vecino?

La respuesta es simple: recursos. Políticamente es indefendible gastar miles y millones de dólares que se requerirían para deportar a 8 millones de mexicanos, recursos que EU necesitará para sus programas de seguridad, y para pagar las múltiples guerras que tendrá que financiar en los siguientes años. Es casi inimaginable pensar en las estructuras que requeriría el gobierno federal y estatal para poder deportar a 8 millones de personas.

Llegará un momento en que a algún político ambicioso se le prenderá el foco y declarará: "¿No será mejor ahorrarnos el dinero en deportar a estos mexicanos, asegurando que paguen su Social Security? Con esto tendremos recursos para financiar otros programas sociales más importantes, y también para salvar el sistema de pensiones estadounidenses". Casi siempre el dinero habla más fuerte que la política.

salazaropina@aol.com

Analista política


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Especialista en temas relacionados con derecho internacional, seguridad nacional, cooperación antinarcóticos, reformas judiciales y conciliación. Fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fungió como asesora política en la Casa Blanca (1998) y fue asesora especial en la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos del Departamento de Estado (1995-1997). Debido a su desempeño en el Pentágono, la revista Hispanic Business Magazine la reconoció como una de los 100 hispanoamericanos más influyentes en EU.

 
 
 

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