OS recientes diferendos entre Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los franquiciatarios de gasolineras muestran lo frágil que puede ser en un momento dado el esquema actual de distribución de combustible. Esto ha dado pie a que, según da a conocer hoy EL UNIVERSAL, Pemex se prepare a lanzar una red propia de gasolineras a las que llamará Pemex Red, con lo que busca "recobrar el control sobre el mercado de la venta de combustibles".

Según este proyecto, la paraestatal obtendría beneficios económicos estimados, hasta el año 2012, de 25 mil millones de pesos, dependiendo de la forma en que vaya a implementarlo y que todavía se encuentra en estudio.

Aun así, dicho paso es importante a la luz de los amagos en que han incurrido algunos franquiciatarios de gasolineras de Pemex, quienes tienen una manera muy peculiar de interpretar la legislación que los rige, que en puntos vitales choca con los que tiene la autoridad.

De entrada parece improbable, como argumentan, que tengan autorizado un margen de desperdicio de casi 100 mililitros por cada litro que venden, de tal manera que puedan darle al consumidor 10% menos producto del que está pagando. También les parece oneroso y hasta arbitrario que se les pida renovar sus bombas, para adecuarlas a tecnologías que puedan ser más precisas en el expendio y más controlables por la autoridad.

Por supuesto que nadie puede ponerse por encima de la ley, ni pedir regímenes de excepción para no ser supervisado. Tampoco es válido amenazar con cancelar la distribución de gasolina en buena parte del territorio nacional -con las graves repercusiones para la economía nacional que ello acarrearía-, sobre todo si se considera que el bien que venden es propiedad de la nación y, por lo tanto, de todos los mexicanos, que no pueden ser intimidados con lo que por ley les pertenece.

Desde un principio, Pemex fue dueño de sus gasolineras y extendía permisos de distribución a particulares. En 1992 se introduce la figura de franquicias, para que el dueño de la gasolinera fuera un particular y el proveedor del producto Pemex. Así, se ha llevado hasta el último rincón del país el combustible que se necesita para generar progreso, al tiempo que se fomenta un negocio legal.

Sin embargo, como pasa con cualquier franquicia comercial, si el dueño de la marca -en este caso Pemex- detecta que se está haciendo mal uso de la misma o se está afectando la calidad del producto final, tiene derecho a retirar su aval e incluso, como hoy se anuncia, hasta de lanzar su propia red. Tratándose, como es el caso, de un bien propiedad de la nación, la transición hacia un esquema de participación enteramente oficial no sería difícil; estaría en congruencia con lo que marca la Constitución y no atentaría contra el libre mercado.

Lo importante es no perder de vista que, sea cual fuere el esquema final que se adopte para la distribución del combustible, el que debe salir beneficiado deberá ser, bajo toda circunstancia, el consumidor final. Que los mexicanos no seamos rehenes de quien pretende usufructuar en su favor un recurso vital para el desarrollo del país.

Necesitamos litros de a litro en la venta de gasolinas y una rigurosa vigilancia de cada una de las bombas que hay en México, para que no se propicie más el robo a los bolsillos de los consumidores y no haya quienes detengan, con sus ilícitas ganancias, el progreso de la nación y la marcha de la economía.