LA Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C. es una organización importante y estratégica en el conjunto de la estructura mediática de nuestro país; cuando se une y actúa realmente como red nacional -enlazadas además sus transmisiones en eventos especiales-, se vuelve poderosa, influyente. Son 49 sistemas de radio y/o televisión que llegan a 25 millones de personas; ahí están por ejemplo las radios y televisoras universitarias, los sistemas estatales de radio y televisión en manos de los gobiernos locales, las emisoras del gobierno federal, el Canal del Congreso, entre otras. Durante mucho tiempo varios de sus liderazgos fueron inconscientes de la fuerza moral y comunicacional que representan, y se perdieron singulares oportunidades de afirmación de su identidad, de su papel y contribución a la democracia y a la educación, de su dimensión social.
Dispersa en los estados, y bajo la ignominiosa calificación de "medios oficiales", han vivido entre presiones políticas partidistas, mendigando recursos económicos para sobrevivir, sin reconocimiento jurídico pleno y acosados además por los concesionarios de medios comerciales que los consideran "competencia desleal"; los traen a raya y cualquier incremento del rating que logren en alguna parte, no se diga en el Distrito Federal, es motivo de queja de la CIRT ante los gobiernos locales o federal. Los concesionarios quieren pobres, reducidos y sin penetración a los permisionarios. Por una sencilla razón: los que quieren entrar a todas partes y dar todo tipo de servicios, ahora incluidos los de telecomunicaciones, lo único que no desean es la competencia con ellos.
Pero parece que ha cobrado fuerza y liderazgo una visión renovadora de la actuación de esta red y de su papel en la discusión sobre la reforma legal de los medios electrónicos; están haciendo escuchar su voz de inconformidad sobre la minuta que los diputados aprobaron el pasado 1 de diciembre, que los ignora en sus principales demandas, pero además les cierra el paso a su crecimiento, tanto económico, tecnológico como político.
A través de sus sistemas afiliados, la red difunde cada hora, diario, un anuncio en el que manifiesta su rechazo a la reforma de los diputados, y transmite un programa especial conducido por el doctor Raúl Trejo Delarbre con la participación de los investigadores en Comunicación Fernando Mejía Barquera y Alma Rosa Alba de la Selva, en el que se da cuenta de las principales deficiencias y regresiones planteadas en la minuta que ahora estudia el Senado, específicamente sobre la situación de los medios públicos; adicionalmente le han hecho llegar a cada uno de los senadores un estudio con sus observaciones, y han desplegado su postura en carta abierta, publicada en los principales periódicos de la ciudad de México.
Este ritmo de actividad y resolución tiene como pivote esa reforma, y logra también ver a esta red realmente unificada y actuando nacionalmente. Contribuye a ese talante la inteligencia y el valor de su actual presidente Ernesto Velásquez Briceño, director general de TV UNAM, relevo de dos jóvenes liderazgos que imprimieron frescura y mayor independencia a la red, el de la doctora Lidia Camacho, directora de Radio Educación y Julio di Bella, director de Canal 11.
Ellos han venido luchando por una afirmación de los medios de Estado de servicio público, e insisten en que "cualquier reforma legal que se pretenda realizar garantice el marco legal que los medios educativos y culturales necesitan. Esto ha sido una grave omisión histórica y es también una omisión muy grave en la minuta que será analizada por el Senado de la República".
Además de señalar que la minuta refuerza la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos, que no garantiza la autonomía de la Cofetel, que no establece con claridad qué entiende por producción independiente, que los siga llamando "estaciones oficiales", que incorpore la subasta pública como criterio para definir las concesiones -"en donde el dinero es determinante no existe la equidad"-, que no les reconozca la posibilidad de allegarse recursos económicos, la red tiene una queja principal: "El despropósito mayor que significa el que sólo los concesionarios puedan convertir sus frecuencias en redes públicas de telecomunicaciones. Es decir que sólo ellos pueden aprovechar las posibilidades de la convergencia digital".
"Esto significa suprimir la posibilidad de que la televisión y la radio culturales y educativas aprovechen las posibilidades de la nueva tecnología digital y de la convergencia que será posible con ella para propósitos educativos y culturales. Baste pensar en la emisión de la internet, en la interactividad de la televisión o en el video bajo demanda para dichos propósitos, para entender que la supresión de su uso en los medios públicos por ley, daña directamente al trabajo que el Estado debe realizar en esas áreas con la población en México".
A la histórica omisión ha sobrevenido un desprecio a manos de quienes representan en el Congreso los intereses del modelo comercial en la radiodifusión; lo paradójico es que en esta marginación de los medios públicos sea el PRI el más empeñoso, y del que han provenido los principales obstáculos y oposición al financiamiento mixto, a su reconocimiento legal, a la participación ciudadana en la conducción de éstos, a que sean beneficiarios de la convergencia tecnológica y no sólo obligados al proceso de digitalización. Varios senadores están más preocupados por cuidar los intereses de las televisoras comerciales que promover y respaldar a los medios públicos.
Una declaración del senador Erick Rubio Barthell (PRI, Yucatán), secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, confirma esa visión sobre el acto de legislar, y muestra la óptica con la que se enfoca en su grupo parlamentario no sólo la discusión, sino la actividad de la radiodifusión. Rubio dice: "Tenemos que escuchar a los empresarios del sector porque es para ellos la ley". Y luego propone un método para esa escucha: "Tenemos que analizar esta ley con la verdad, no con falsedades, con cosas que pueden ser muy bonitas hacia el público pero que no tienen razón real. Como no es una ley que cualquiera entienda, es muy fácil decir una cosa que no es". La nueva visión de Estado, del nuevo PRI.
Senador de la República (PAN)