CONSTRUIDO por el empresario boliviano Antenor Patiño, el hotel María Isabel, al que luego se agregó Sheraton, ahora propiedad de estadounidenses, es sujeto de una investigación que debe ser escrupulosa y rápida, por haber expulsado el viernes a una delegación de 16 cubanos hospedados para negociar con inversionistas de Estados Unidos su participación en la industria energética en la isla caribeña.

La expulsión de la delegación cubana del hotel, contiguo a la embajada estadounidense, en el Paseo de la Reforma, fue dispuesta, según los administradores, por la empresa propietaria, Starwoods Hotel and Resorts Worldwide, en acatamiento de disposiciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero además de esta expulsión, el hotel les retuvo el depósito en dinero que habían hecho, embargado por la administración del señor George W. Bush.

Desde 1961, la ley Helms-Burton prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios o prestar servicios a los cubanos. A esta acción unilateral de Estados Unidos se le designa por lo general como bloqueo económico, e igualmente se le tilda de agresiva como de reforzadora del control político del gobierno cubano.

Las reacciones inmediatas sobre este caso van desde la calificación de un conflicto entre particulares, como dijo en un primer momento la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, hasta el señalamiento de la violación de cuatro leyes mexicanas contra la discriminación, el fomento turístico, los servicios mercantiles y los derechos del consumidor. La enumeración es limitadamente administrativa.

El asunto de fondo es que una disposición legal extranjera no puede ser aplicada en el territorio libre y soberano de México. Toda empresa extranjera establecida aquí debe cumplir nuestros ordenamientos jurídicos y, en caso de disputa, someter sus diferencias en los tribunales nacionales. Esta es una potestad de todo estado moderno.

El hotel María Isabel Sheraton tiene una larga tradición. En él se hospedaron, en 1962, el presidente John F. Kennedy y su esposa. También ha sido escenario de importantes reuniones de trascendencia para la vida política y periodística de México. El episodio que hoy nos ocupa es insólito en México. Cubanos y estadounidenses reunidos en un país neutral, en un establecimiento estadounidense, para discutir formas de inversión en el sector energético de la República de Cuba, son demasiados elementos para poner nerviosos a funcionarios que ya están bastante preocupados por la amenaza terrorista y que necesitan demostrar su determinación de tolerancia cero. Pero hay límites.

En México no hay, no debe haber, ningún tipo de discriminación, ni por raza, nacionalidad, credo político o religioso, singularidad personal ni ninguna otra razón. Esta es una de las virtudes de nuestra Carta Magna aún vigente y, por lo mismo, respetable bajo toda circunstancia. México está abierto a los visitantes extranjeros que contribuyen a la estabilidad de la economía. Y todos, nacionales y no, tienen las garantías y protecciones que la ley otorga en materia de tratos mercantiles y de servicios.

En México sólo deben aplicarse las leyes mexicanas. No somos ni aliados de Estados Unidos en su enfrentamiento con Cuba ni defensores de los cubanos. Ninguno de los dos nos necesitan para ello ni debemos estar dispuestos a asumir ningún papel en ese conflicto. Pero lo que no podemos permitir es ser arena donde se desahoguen antipatías o simpatías externas o los conflictos de otros países, pero sí estamos obligados a hacer respetar nuestro estado de derecho. Urge una investigación en este hecho lamentable y, sobre todo, que el gobierno mexicano actúe con base en las leyes mexicanas, pues en la medida en que las haga respetar, serán asimismo respetables.