EN nuestro país tiene lugar una guerra sostenida que está asociada con el narcotráfico, tan cruenta que a veces significa ruidosas balaceras y hasta el uso de granadas y metralla de los rifles más poderosos, AK-47, en plena calle, y sobre la cual preferimos no discutir mucho en público. La vemos como un pleito entre delincuentes y el gobierno, cuando que es una guerra de verdad; la confundimos en muchas ocasiones con temas como la migración y la relación con Estados Unidos, o con nuestra falta de habilidad para ofrecer a los millones de mexicanos pobres una opción para vivir mejor.

Es cierto que hay una relación entre todos estos factores, pero cada uno debe analizarse en sus propios términos. Hoy analizamos la violencia y el Estado.

Los mexicanos estamos muy inquietos por la violencia y la inseguridad que se desarrollan con impunidad en distintas regiones y rincones de nuestro país; hay una enorme coincidencia en este punto, a pesar de que a veces se pretenda oscurecer el consenso social porque actores políticos del extranjero se quejan sobre la violencia prevaleciente en México.

Pero la verdad es que si la acumulación de episodios trágicos o muy visibles durante un largo periodo de tiempo llegara a transformarse en un temor generalizado, estaríamos ante una crisis del Estado.

Me refiero a una situación de violencia sistemática que la gran mayoría de los mexicanos en vida no hemos presenciado nunca, en donde grupos distintos al gobierno central lo superen en recursos e impongan su ley; esto sólo hemos leído que tiene lugar en países como Colombia, para hablar de nuestro entorno más inmediato. Ahí, la sociedad ha debido aprender a sobrevivir a lo largo de varias décadas en un entorno de confrontación permanente en el que el gobierno es muchas veces rebasado por delincuentes, y otras por quienes se ostentan como guerrilleros con una causa social.

Todos sabemos lo que se tiene que hacer para evitar este escenario extremo, y también que nos va a costar mucho dinero invertido durante muchos años; pero la fuerza social para imponer esta agenda a los políticos del partido que sean, no ha sido suficiente para que inicie la tarea que algún día tendremos que hacer. Recordamos la gran marcha del silencio, en la que participaron cientos de miles o quizá millones de ciudadanos en la capital y otras ciudades del país para expresar el hartazgo por la incapacidad gubernamental para hacer bueno uno de los compromisos centrales del contrato social: la tranquilidad de que la propiedad y la persona estén protegidas frente a quien sea.

La inversión para la seguridad y el control de la violencia es cuantiosa y compleja, y para lograrlo los mexicanos debemos quererla tanto como algún día quisimos tener elecciones libres y limpias.

El Instituto Federal Electoral, las credenciales de elector, y todas las instituciones federales y estatales que crecieron a su vera han implicado un enorme gasto, sin el control que muchos quisiéramos. Ahora, cumplido el objetivo central, hay una ola creciente de ciudadanos que demandamos inicie la reducción significativa de los recursos que el Estado gasta anualmente, sean los montos exorbitantes que se asignan a sí mismos los partidos para las campañas o los sueldos y el tamaño de la megaburocracia electoral. Hay muchos otros temas que demandan ya la atención decidida del Estado.

La inversión en seguridad implica, primero, identificar cada vez con mayor precisión los grupos sociales que deben recibir los apoyos del Estado para encontrar una alternativa digna en la vida, comenzando por la salud y la educación y capacitación constantes que les permita encontrar y luego mantener un empleo.

Implica también elevar de manera radical la preparación y el compromiso de servicio público de policías, jueces y el Ministerio Público tanto a nivel federal como en los estados y municipios, y contar con las instalaciones y la tecnología moderna de las que hoy sólo algunos disponen.

Se requiere de reformas que obliguen a la acción coordinada de las policías de todo el país, y a que contemos con un registro nacional que evite que ingresen los delincuentes en un estado a las fuerzas "del orden" en otro al que se han mudado; urge instituir procesos judiciales ágiles como Nuevo León ha mostrado que pueden tener lugar, para desahogar miles de expedientes; es fundamental la participación activa de los ciudadanos colaborando con la policía en mantener la seguridad, y se cumpla el reclamo de elaborar índices confiables que muestren los progresos alcanzados en el combate al crimen en sus distintas expresiones.

Se dice fácil y cuesta mucho, pero se puede hacer, como lo muestra nuestro éxito en el ámbito electoral reconocido a nivel mundial; se requiere tomar la decisión y no mirar para atrás.

Decía un amigo hace días en Madrid que hace 20 años la ciudad era sucia, pero que con el progreso la misma gente comenzó a cuidar su entorno que ahora rechina de limpio; en León y Querétaro, en México, la gente se empeñó y lo logró. Así, cuando queramos -y en 2006 hay una oportunidad- los gobiernos adoptarán la agenda de la seguridad y el control de la violencia, antes que ésta se apodere de nuestras vidas como muchos temen que ya ocurrió.

Coordinador de asesores del secretario de Turismo