LA hipótesis del fin de las ideologías y de la conformación de un modelo económico único al que estarían convergiendo las naciones no está validada por las evidencias empíricas universales. No ha sonado el fin de la historia, ni está suprimida la diversidad de estrategias de desarrollo e inserción en los procesos globales. Por el contrario, las evidencias internacionales muestran que sólo los países que han ideado soberanamente sus propias estrategias económicas -en vez de someterse a las prescripciones del Consenso de Washington- han conseguido elevar aceleradamente sus niveles de ingreso y bienestar.Por eso, después de 23 años perdidos para el desarrollo bajo los dogmas del Washington Consensus (véase nuestra entrega del 20/I/06) es tiempo de poner punto final al experimento neoliberal. Mediante una estrategia económica endógena -pragmática y no dogmática- México debe encontrar su propio camino hacia la prosperidad. Es algo factible. "Las naciones que han conseguido llevar a cabo la importante tarea del crecimiento sostenido -señaló la pléyade de economistas que en septiembre de 2004 formularon la Agenda del Desarrollo de Barcelona (Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Paul Krugman, entre otros)- han hecho frente a distintos tipos de obstáculos y han adoptado diferentes políticas sobre regulación, exportaciones, promoción industrial, innovación tecnológica y adquisición de conocimiento". Esa es precisamente la distinción clave: se trata de países que han preservado su "libertad de diseñar políticas adaptadas a sus circunstancias específicas". No hay duda: ¡hay que atreverse a ser libres!
Utilizando los márgenes de maniobra que México tiene dentro de las realidades del entorno económico y político internacional, así como en función de nuestras propias realidades nacionales (cargadas de restricciones y de obstáculos estructurales, pero también de potencialidades), es factible construir una nueva estrategia económica capaz de afrontar exitosamente los grandes retos del desarrollo sostenido con equidad, es decir un sistema de políticas públicas consistentes con este objetivo, ergo congruentes entre sí, viables dentro de las actuales realidades nacionales e internacionales y validadas por su aplicación en economías exitosas. A nuestro juicio, los instrumentos fundamentales de esta nueva estrategia de desarrollo sostenido con equidad son, en síntesis, los siguientes:
Primero: una política cambiaria activa cuyo objetivo prioritario sea contribuir a la competitividad y al crecimiento sostenido de la economía mexicana, evitando la recurrente sobrevaluación de nuestra moneda. Definiendo como tipo de cambio de equilibrio la paridad peso/dólar estadounidense que se observa cuando la balanza comercial sin maquiladoras se encuentra en equilibrio (lo que indica que la planta productiva nacional es globalmente competitiva con esa tasa de cambio), dicha paridad debe ser adoptada como piso cambiario. Manteniendo en general un régimen de flotación, el Banco de México debe evitar -simplemente comprando dólares y fortaleciendo de paso las reservas internacionales (que pueden ser parcialmente utilizadas, como hizo Chile, para realizar compras de deuda externa con descuento en los mercados secundarios)- que el precio del dólar baje del piso cambiario, ajustando periódicamente este piso conforme a la diferencia entre las tasas de inflación mexicana y estadounidense.
Segundo: una política comercial pragmática, que utilice al máximo los márgenes de maniobra para regular nuestro comercio exterior, aplicando (exactamente igual a como proceden -aunque no lo prediquen- Estados Unidos, Canadá y los demás países con economías exitosas) aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, a las cuales tenemos derecho como parte contratante de la OMC e incluso del TLCAN (y de otros acuerdos comerciales), además de aplicar órdenes de mercadeo y otras restricciones cuantitativas habitualmente aplicadas por los países desarrollados.
La eventual suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, así como una reformulación del TLCAN sobre bases de mayor equidad, deben comprender un estilo de integración económica similar al europeo. Recuérdese que la Unión Europea ha instituido fondos compensatorios (estructurales y de cohesión social), cuyo principio básico consiste en que los estados aportan recursos a esos fondos en proporción a su riqueza (PIB per cápita), mientras que las regiones y países reciben apoyos en proporción a su atraso o pobreza relativa. El objetivo es la convergencia de los niveles de desarrollo económico y de bienestar social. Además, en la integración europea existe libre flujo de mano de obra.
Tercero: sanear las bases del financiamiento de nuestro desarrollo. Una estrategia consistente debe arrancar de la revisión de las políticas cambiaria y de comercio exterior (en el sentido antes propuesto) a fin de reducir sosteniblemente el déficit de cuenta corriente, haciendo descender los requerimientos de ahorro externo. Además, la evidencia empírica indica que la palanca primordial para elevar el ahorro interno consiste, al revés de la estrategia neoliberal, no en incentivar el ahorro financiero y la especulación financiera, sino en incentivar la inversión física (y, eo ipso, el crecimiento económico), subordinando la esfera financiera -mediante eficaces sistemas de regulación y supervisión- a los intereses superiores de la economía real.
Cuarto: una política de estabilidad de precios, pero con desarrollo económico y preservación de los equilibrios externos, para lo cual las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) deben orientarse hacia la estabilidad de las variables reales de la economía (crecimiento sostenido de la economía real y del empleo) y no sólo de las variables financieras. Esto permitiría, a la vez, poner punto final a los fuertes brotes inflacionarios recurrentemente desencadenados por macrodevaluaciones traumáticas, generalmente seguidas por alzas abruptas de precios y tarifas del sector público.
Para ello, es necesario mantener un tipo de cambio real permanentemente competitivo, a fin de sostener la cuenta corriente cercana al equilibrio; también, evitar desbordes imprudenciales en las finanzas públicas, de manera que sea factible absorber eventuales choques externos sin políticas contraccionistas que afectan la demanda agregada real, evitando las típicas secuelas negativas sobre la actividad económica.
Quinto: finanzas públicas sanas para el desarrollo económico con equidad, concepto que implica: una política de gasto público dirigida a impulsar el progreso económico, humano y ambiental sobre un horizonte de planeación de largo plazo; un esquema de financiamiento no inflacionario del gasto público, que debe lograrse primordialmente mediante el aumento de los ingresos tributarios. La necesaria reforma fiscal debe comprender: a) simplificación y racionalización de la legislación tributaria; b) ampliar la base de contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación (v. gr. ganancias bursátiles de personas físicas, ganancias de capital de personas físicas, dividendos distribuidos entre los accionistas de las empresas, etcétera, como se hace en países desarrollados, además de gravar el capital golondrino); c) combatir resueltamente la evasión fiscal y mejorar el aparato recaudatorio; d) acentuar considerablemente la progresividad del Impuesto Sobre la Renta (mediante la introducción de una tasa de ISR sobre los ingresos mayores en favor de los estados, como la que existe en Estados Unidos y también en Canadá); e) incrementar la progresividad de los impuestos sobre el consumo, a través de mayores tasas de IVA sobre bienes y servicios suntuarios.
Sexto: desplegar una verdadera política industrial (en el amplio sentido del término, que comprende el fomento de las diversas actividades productivas, comenzando por la agricultura), cuyos instrumentos fundamentales (en concordancia con las evidencias empíricas internacionales, de los países exitosos) pueden resumirse en los siguientes: a) políticas macroeconómicas favorables al desarrollo de la economía real (incluyendo instrumentos fiscales y monetarios contracíclicos, así como una competitividad cambiaria y de tasas de interés); b) políticas de fomento económico general, principalmente formación de recursos humanos, construcción de infraestructura y fomento del desarrollo científico-técnico; c) formulación de una estrategia general de industrialización, que defina áreas estratégicas y prioritarias, reconociendo las tendencias de los mercados internacionales y las particularidades nacionales y regionales; d) desplegar instrumentos específicos de fomento sectorial en función de estas prioridades y realidades.
Séptimo: colocar al ser humano en el centro de la estrategia económica. La superación de la marginación socioeconómica y la erradicación de la pobreza deben ser concebidas no como algo extrínseco a la economía (como males susceptibles de ser corregidos a través de simples mecanismos de compensación social), sino como algo intrínseco al correcto funcionamiento de la economía, ergo como resultado natural de una nueva estrategia económica integradora (incluyente de las mayorías nacionales en las tareas y los beneficios del desarrollo), que comprenda: 1) una política industrial en el sentido antes definido; 2) una estrategia integral de formación de recursos humanos; 3) políticas públicas de distribución del ingreso y reforzamiento de la seguridad social; 4) la ampliación de la cobertura y calidad de las políticas orientadas hacia los grupos sociales más vulnerables.
Octavo: desplegar una política integral de desarrollo regional asentada en una congruente noción de desarrollo sustentable (es decir, que contemple simultáneamente los objetivos de crecimiento económico, equidad social y desarrollo ambiental) y que, basada en un vigoroso federalismo, impulse la convergencia de las regiones rezagadas hacia niveles medios de ingreso y bienestar.
Noveno: lograr un crecimiento económico que conserve y enriquezca las bases naturales en las que inevitablemente se asienta la actividad humana; regular los procesos productivos y de consumo, internizando los costos ambientales e introduciendo otros incentivos y desincentivos para inducir una mejor utilización de los recursos, minimizar impactos ambientales y restaurar ecosistemas.
Décimo: elevar la eficiencia y eficacia de las instituciones publicas, a través de: la efectiva separación de poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) en el marco de un sistema de elecciones verdaderamente libres y transparentes; el establecimiento de un verdadero servicio civil de carrera basado en los méritos del servidor público; la participación directa de la ciudadanía en la decisión, supervisión y ejecución de programas específicos.
En suma: se trata de un conjunto de acciones de política económica viables dentro de las actuales realidades nacionales e internacionales y, en general, validados por su aplicación en economías exitosas. No constituyen una utopía, sino un camino seguro para escapar de la utopía neoliberal, es decir del sueño irrealizable de un país próspero, equitativo y estable mediante el libre accionar de la mano invisible del mercado.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
