EL primer reto de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, será reparar el sistema de pensiones, ahora en "crisis", según sus propias palabras.

La iniciativa de ley será enviada al Congreso en septiembre. "Es una gran reforma, no unos cuantos parches. Mientras el resto del mundo sigue enamorado del modelo chileno original, nosotros nos estamos moviendo sin guía hacia un modelo Chile II. Tenemos que crearlo de la nada", dice Andrés Velasco, asesor económico de Bachelet (The New York Times, 10/01/06).

El modelo de pensiones chileno fue impuesto por la dictadura de Pinochet en 1981 y luego erigido en paradigma para el resto del mundo en la década de 1990. El gobierno mexicano metió 30 millones de trabajadores en un sistema similar. Apenas hace un año, el presidente George W. Bush lo puso como ejemplo para su país. Los ríos de tinta vertidos en su elogio siguen fluyendo.

La promesa de la dicta dura a los trabajadores fue que, depositando 10% del salario en los fondos de pensiones a una tasa de utilidad de 4% anual, podrían retirarse con una pensión equivalente a 70% del salario. Ahora resulta que la pensión mínima es de apenas 100 dólares mensuales, cantidad a la que la mitad de los ahorradores no puede siquiera aspirar.

De este grupo, una tercera parte queda fuera de los cálculos, pues no alcanzará a cotizar el mínimo de 20 años requerido para recibir la pensión base (Manuel Riesco, Private Pensions in Chile. A Quarter Century on, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo, 2004).

Sólo la minoría de trabajadores de alto ingreso tendrá una pensión decente, y aun ellos se sienten esquilmados por las altas comisiones que las administradoras les aplican. Los que resienten más el engaño por ahora son los que ya cotizaban en el sistema solidario anterior a 1981 y están entrando a la edad de retiro, la sexta parte de los cotizantes. Éstos han formado la Asociación de Damnificados de las Pensiones y logrado que el Congreso los escuche. Si el gobierno de Bachelet les da una solución, el mérito será de ellos.

Una causa de la crisis es el modelo de "flexibilidad laboral" impuesto en 1990, que eliminó la estabilidad del empleo. A partir de este sistema, la mayor parte de la fuerza laboral permanece en su empleo menos de un año con intervalos de cuatro a seis meses desempleada. Y como los salarios son muy bajos, la mayoría de los así empleados no cotiza porque el salario no le alcanza para sus necesidades diarias. Diez por ciento de la fuerza laboral está permanente desempleada.

Otra causa del fracaso fue la proyección lineal de los rendimientos de las cotizaciones. Se asumió que las utilidades bursátiles de las aportaciones irían al alza indefinidamente. Pero la recesión de 1999-2003 las hundió en un abismo del que ya no podrán salir, a menos que el gobierno entre al rescate. La causa principal, empero, fue el poder de la dictadura sobre los trabajadores indefensos, la mayoría de los cuales "no entiende lo que lee y no es capaz de hacer inferencias sobre la base del material que procesa" (Manuel Castells, Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial, FCE, 2005, elegía ingenua del modelo chileno, dicho sea de paso).

Mientras los trabajadores padecen este calvario, las administradoras de sus ahorros son elogiadas como "modelo de gobierno corporativo". "Gran parte de los avances en la cultura corporativa de Chile se debe a los fondos de pensiones creados en los 80 (...) Los volúmenes de operaciones diarios (de la bolsa de valores) se cuadriplicaron en tres años a más de 80 millones de dólares diarios en 2005", dice el Financial Times (17/01/06). Omitió decir que la mayoría de los administradores fueron funcionarios de la dictadura. El Chile de Pinochet sigue calando hondo.

Una solución que se considera es aumentar el subsidio estatal al sistema, que ahora suma 5% del Producto Interno Bruto (porcentaje superior a lo que el gobierno gasta en los renglones de educación y salud juntos) y permitir a los ahorradores agruparse para negociar comisiones menos leoninas. Diversos estudios, incluido uno del Banco Mundial, estiman que las comisiones devoran entre 25% y 30% de las aportaciones. Pero aumentar el subsidio estatal provocará un pesado desequilibrio financiero que el gobierno no podrá compensar, pues los impuestos son muy altos (23% de IVA).

Por otra parte, permitir a los ahorradores agruparse para negociar mejores condiciones, es regresar al sistema solidario por la puerta trasera, en vez de hacerlo por la puerta de enfrente. Pues alentar la organización de los ahorradores en defensa de sus intereses apunta hacia invalidar el sistema de pensiones individuales, aunque todavía con desventaja para ellos. Parece que el gobierno de Bachelet no tendrá más opción que decretar un sistema de retiro universal en el que coticen todos los trabajadores, cualquiera que sea su actividad económica, con altas dosis de subsidio estatal.

Quedará claro entonces de qué está hecho el modelo chileno. Los elogios que se le prodigan se benefician del desconocimiento de este remoto país, separado de sus vecinos por elevaciones superiores a los 5 mil metros y un océano que lo hace aparecer como una isla para todo efecto práctico. Sus cifras de desempeño económico esconden problemas de precariedad e inestabilidad laboral, concentración de la riqueza en una oligarquía ligada al Ejército y un sistema educativo muy deficiente.

Ponerlo como ejemplo revela cierta pulsión fascista ante el fracaso del modelo económico global vigente. La tarea de Michelle Bachelet será ardua.

Analista político