MICHELLE Bachelet, la candidata a la Presidencia de Chile por la Concertación, que une al espectro político del centro derecha al centro izquierda, se ha convertido en la primera mujer que ocupa, por méritos propios, una posición de esta relevancia en América Latina.

Después de un proceso de transición extendido una década y media, la República de Chile corona la salida plena del autoritarismo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Y lo hace con dos acontecimientos singulares. El primero es la promulgación de una nueva Constitución que suprime los candados que impuso la junta militar antes de dejar el poder. El segundo es la elección del segundo presidente socialista de la Concertación.

El 18 de septiembre de 2005, en el aniversario de su independencia, Chile estrenó una Carta Magna reformada de todos los resabios autoritarios del pinochetismo. Si se examina el contenido de las reformas, se puede concluir que en realidad Chile hace sólo cuatro meses ha puesto fin a una transición democrática que arrancó con el plebiscito de 1988 y concluye con el cierre de su ciclo constitucional.

La peculiaridad de la transición chilena fue la de una dictadura que impuso su dominio durante 18 años, legalizó ese dominio en 1980 con la promulgación de una Constitución autoritaria y dejó el poder cuando la consulta de 1988 le fue adversa y la obligó a llamar a elecciones democráticas. No obstante lo anterior, la junta militar dejó enclavadas en la propia Constitución las condiciones para controlar el poder político por largo tiempo, hasta que el proceso democrático maduró lo suficiente para hacer desaparecer por completo la tutela militar. Para esto transcurrieron 15 años.

Los principales cambios de la Constitución chilena incluyen 58 reformas que desmantelan los cerrojos ideados por el gobierno de Augusto Pinochet para evitar que la plena libertad democrática desembocara en la pérdida del control militar sobre el rumbo del país. La reforma eliminó la figura congresual de nueve senadores designados sin ser electos y que constituyeron un valladar a los intentos de reforma democrática. También canceló el título de senador vitalicio para los ex presidentes, que aseguró al propio Pinochet un lugar en el Congreso hasta su remoción en 2002 para hacer frente a acusaciones de represión y corrupción.

Aunque parezca increíble, no fue sino hasta las reformas de 2005 que se restituyó al presidente de la República, como jefe del Estado, la facultad de remover a los mandos del ejército y la policía nacional. Asimismo, se terminó el poder paralelo del Consejo para la Defensa del Estado, al quitarle atribuciones resolutivas y sujetarlo al mando presidencial. Además, se hicieron varios cambios al Tribunal Constitucional, entre los cuales sobresale la supresión del asiento que ocupaba ex oficio un representante de las fuerzas armadas.

De este modo se dio término a la tutela de la junta pinochetista sobre la soberanía popular.

Y es precisamente ahora, 15 años después de iniciada la transición democrática, que el pueblo de Chile concurre a elecciones sin temor al fantasma de la dictadura y elige como presidente a una mujer, Michelle Bachelet, médica de profesión y ex ministra de Salud y Defensa durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Cabe advertir que este proceso de constitucionalización plena de la democracia en Chile no se explicaría sin la virtuosa negociación con los actores políticos y militares encabezada por Lagos y su ex ministro del Interior y ex vicepresidente de la República, José Miguel Insulza.

Igualmente, la nueva Constitución no hubiera visto la luz sin la acción de un parlamento en que las convicciones democráticas fueron abriéndose paso y de la oportuna actuación del Poder Judicial para suprimir la impunidad de los culpables de la represión despiadada y la corrupción rampante.

La trayectoria de la presidenta electa viene a poner un toque simbólico a la culminación de este proceso. Bachelet forma parte de la generación que vivía sus años universitarios al momento del golpe contra Salvador Allende. Para esa generación, la instauración de la dictadura vino a suprimir o a desviar brutalmente sus legítimas expectativas de vida.

Esa generación, que por entonces entraba a su tercer decenio, fue uno de los grupos humanos con los que la brutalidad militar se ensañó particularmente, y fue también un sector de la sociedad chilena que más elementos aportó a la diáspora del exilio que emigró a los cuatro vientos. Unos sucumbieron a las armas del poder ilegítimo, otros sobrevivieron gracias a su valentía y a la solidaridad internacional.

Es esta generación la que ahora, con Bachelet a la cabeza, ha recibido del electorado chileno la oportunidad histórica de dar un paso más en la consolidación de la democracia. Para ello tendrá que poner a prueba su capacidad de gobernar para la mayoría. Deberá enfrentar el reto de mantener el sobresaliente dinamismo económico, continuar con la disminución de la pobreza y, lo más importante, demostrar que la democracia es el mejor sistema político para reducir la desigualdad social.

La posibilidad de equiparar estos tres objetivos en Chile es un motivo de esperanza para América Latina. Y en gran medida esta equiparación es factible porque se ha conseguido desmantelar al autoritarismo inscrito en la Constitución misma del Estado. Enhorabuena.

ugalde@servidor.unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM