IMAGINE usted un país de 100 millones de habitantes, como México, que sólo cuenta con tres grandes cadenas de restaurantes, y tres marcas más pequeñas. Estas últimas, sin embargo, al momento de servir las comidas, se alían con alguna de las primeras con la promesa de llevarse una porción de las ganancias. Ciertamente, en este país imaginario hay algo de competencia en la industria restaurantera. Los tres grandes consorcios pelean por capturar una mayor participación de mercado. La competencia es, empero, limitada, o lo que en economía se conoce como un oligopolio, es decir, donde las empresas existentes efectúan actos de colusión a fin de dominar y controlar todos los aspectos de la producción (calidad, costos y precios). En un ambiente así, los consumidores pagan precios cada vez más altos por comidas cada vez más deficientes.

Naturalmente que los consumidores quieren más opciones, pero en este país imaginario los restauranteros viven en un "edén oligopólico", pues además de gozar de la facultad de autorregularse, tienen la capacidad de decidir las reglas para formar y autorizar nuevos restaurantes. Sin empacho, los tres consorcios imponen normas harto complejas, pues saben que su mejor escenario es aquel donde hay pocos competidores. Con tales reglas engorrosas, en el país imaginario sólo dos nuevos restaurantes logran ingresar al mercado durante el último año. El primero surge de una división de una de las grandes cadenas. Dos de sus dueños se pelearon y uno decide formar otra pequeña empresa utilizando la estructura de unos comensales cautivos a los cuales controla.

El segundo restaurante es la unión de dos grupos que son como el agua y aceite pero que, ingenuamente, piensan que pueden mezclarse. Unos proponen una cocina posmoderna muy acorde con las prácticas saludables de los países más desarrollados del orbe. Del otro lado está el grupo que plantea no inventar el hilo negro y ofrecer una cocina tradicional de la región. Sin embargo, a la hora de elaborar el menú y de escoger al chef, llega el momento de la verdad: el agua y el aceite no se mezclan. Cada uno debió inaugurar su propio restaurante, pero las reglas impuestas por las tres grandes cadenas se los impidieron. Al final, viene el rompimiento y el ridículo público. Finalmente, debe comentarse que en el país imaginario, cuando alguien se atreve a criticar al mercado oligopólico de restaurantes, muchos se ponen de pie argumentando que este sistema es el indicado. Defienden que debe limitarse la competencia porque los consumidores son "inmaduros" y no saben reconocer entre ofertas serias y las de los charlatanes. Buscan, con ello, "proteger" al consumidor.

¿Le gustaría a usted vivir en un país así? ¿Le agradaría tener sólo tres opciones donde comer fuera de casa? ¿Sería esto benéfico para la sociedad? ¿Usted lo toleraría?

Supongo que no porque a la gran mayoría de la población nos gusta tener muchas opciones. Entre más haya, mejor. Además, entendemos que la competencia genera bienes y servicios de mayor calidad a mejores precios. Más aún, en un país de 100 millones de personas se necesitan restaurantes que atiendan las diferencias regionales y sociodemográficas, así como los distintos paladares. La consecuencia de un mercado competitivo es una mejor oferta donde los buenos restaurantes sobreviven y los malos desaparecen.

Hasta aquí con el país imaginario de tres cadenas restauranteras. Ahora hablemos de un país real, México, donde ocurre lo mismo pero en la política. Si bien es cierto que su democratización significó el paso de un solo partido (monopólico) a uno de tres (y otros chicos que son satélites de éstos), hoy estamos estancados en un oligopolio electoral donde los partidos existentes son cada vez más costosos y con calidades dudosas, de acuerdo con la opinión de los ciudadanos en diversas encuestas. Además, los tres partidos grandes, con la complicidad de sus satélites, cada vez imponen barreras más altas para la entrada de nuevos competidores. El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina ha sido el rehén de este desvergonzado esquema. Para poder competir por la representación social, dos fuerzas políticas -que son como el agua y el aceite- tuvieron que unirse. Si bien lograron su registro, en la práctica no pudieron mezclarse y los grupos acabaron por dividirse. Cualquiera que sea el desenlace en Alternativa, los ganadores ya son los partidos existentes que consiguieron su objetivo: obstruir y limitar la competencia electoral.

México, sin embargo, requiere de un sistema electoral más abierto donde los ciudadanos que quieran puedan ser votados, siempre y cuando se respeten ciertos principios legales para asegurar una lucha equitativa y ordenada, sobre todo en el manejo de los dineros.

Yo no tengo ningún problema si hay más candidatos presidenciales, sean éstos tan ridículos como el Doctor Simi o tan destacados como Jorge Castañeda (quien presentó el programa de gobierno más acabado que hasta ahora se ha desarrollado). A los que quieren competir, démosle el derecho de hacerlo con todo lo que ello implica (incluyendo el duro escrutinio público) para que, al final, seamos nosotros, los ciudadanos, los que decidamos sobre su ridiculez o seriedad. En otras palabras, apostémosle a un sistema electoral competitivo donde sea la inteligencia ciudadana la que decida entre lo bueno y lo malo, tal y como sucede con los restaurantes o con cualquier bien y servicio en mercados donde sí hay competencia.

Desgraciadamente, en la próxima elección federal no sucederá esto. En la práctica tendremos una oferta muy limitada con pocas opciones. Y mientras los partidos tengan el control de las reglas para obstaculizar la entrada de nuevas alternativas, pues nos perderemos la posibilidad de que surjan buenos y malos candidatos que obliguen a todos a mejorar la oferta política del país.

leo.zuckermann@cide.edu

Profesor investigador del CIDE