¿ CUÁNTO vale un megahertz de espectro radioeléctrico en México? Pueden ser varias las respuestas, según se trate del tipo de servicio que se quiera ofrecer, la plaza, cobertura y banda de frecuencia. Pero por ningún motivo es algo barato; la subasta de espectro que se hizo en 1998 para los PCS (Personal Communications Systems) cerró en 5 millones de dólares el megahertz en el DF. Entonces se licitaron nueve zonas, subastándose 80 megahertz por cada una. En total la subasta cerró en mil millones de dólares. El espectro es un recurso limitado, escaso, cuyo uso eficiente y otorgamiento transparente debe ser una de las más importantes tareas del Estado. Es un bien muy preciado.

Lo comento porque la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y la de Radio y Televisión, en discusión estos días, pretende regalarle al duopolio de tv cientos de millones de dólares en espectro radioeléctrico para que comercialice servicios de telecomunicaciones, vía la adjudicación directa del espectro sobrante por la compresión digital de los canales adicionales -denominados "espejo"-, que el gobierno federal asignó a las televisoras para el tránsito del sistema analógico al digital.

La posición dominante de Televisa y Televisión Azteca, con 394 frecuencias concesionadas (225 de la primera y 169 de la segunda) en el país, podría crecer en otros servicios como telefonía, internet, transmisión de datos y más, para ser ofrecidos en la misma banda de frecuencias atribuidas a la radiodifusión, en condiciones privilegiadas si las comparamos con los procedimientos a los que se deben sujetar los nuevos jugadores en el sector. Las facilidades se deben a que, de acuerdo con lo establecido en el dictamen, sólo es necesario presentar una solicitud a la Cofetel para proporcionar los servicios de telecomunicaciones, sin someterse a un concurso o una licitación, como ocurre con quienes quieran participar en estos servicios. Las licitaciones y concursos por subasta sólo se plantean para los que quieran competirle a los actuales concesionarios de radio y televisión.

Televisa sería la más beneficiada, porque además de tener la mayor cantidad de espectro -posee más de 65% del total-, tiene el de mejor calidad. Sólo en el DF, tiene 60 megahertz entre concesionados y "espejos". Tiene cinco canales, cuatro abiertos en la banda de VHF y uno restringido en la banda UHF. Cada uno tiene seis megahertz; por cada uno de ellos, le asignaron otro de la misma capacidad para operar transmisiones digitales, cuando llegue la televisión digital, lo que puede acontecer en 15, 20 ó 30 años. De hecho los actuales concesionarios de la tv tienen reservados 468 canales "digitales" que sumados a los analógicos dan un total de 936 canales, con lo cual se limitan por razones técnicas las posibilidades para ser concesionario o permisionario de un canal de televisión en México.

Aunque el acuerdo que determinó la política para la adopción del estándar tecnológico para la tv digital terrestre señala que una vez que inicien las transmisiones digitales devolverán el canal analógico, ni hay fecha para ello, ni nada los obliga a hacerlo y con la minuta de los diputados menos. Porque además del espectro que les sobrará del canal "espejo" para la tv digital -no necesitarán para ello más de 1.5 megahertz-, podrían quedarse con el que hoy transmiten: 10.5 megas por canal. Todo ello está contenido en el artículo 28 de la minuta que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión. Ese artículo ha sido el verdadero objetivo de la repentina reforma, arropado de otras menores que se han usado como gancho en unos casos, y como distractores en la discusión general. Pero el meollo es el 28, redactado con inteligencia malvada, y una brillante perversidad jurídica-tecnológica: abordando sólo temas de convergencia tecnológica y para la prestación de servicios de telecomunicaciones, se ubicó en la Ley de Radio y Televisión, y no en la de Telecomunicaciones, donde el tema de la recuperación del espectro por innovaciones tecnológicas es realidad desde hace más de 10 años.

Más que la disposición jurídica que presumiblemente legisla la convergencia tecnológica, ese artículo busca hacer de la ley un instrumento legitimador de uno de los negocios multimillonarios más escandalosos que particular alguno haya planeado de frente a la opinión pública, con recursos de la nación y con el aval de uno de los poderes del Estado.

En el transcurso de estas semanas en que se abrió un espacio para la discusión de esa minuta aprobada con gran celeridad en la Cámara Baja, varios diputados han sido advertidos de lo que hicieron al otorgar su voto sin el conocimiento y la información adecuadas, de los alcances que tiene esa disposición. La mayoría ha aceptado haber actuado bajo una confianza a ciegas en otros compañeros de bancada, y sin la reflexión necesaria que supone una materia tan delica-da. Algunos ya se han disculpado públicamente y otros guardan en lo privado la confesión de la consigna que recibieron, de la negociación político-electoral que resguardaron.

Sin embargo, es fundamental investigar qué más hubo entre los poquísimos que operaron la acción del fast track, incluido el sabor del engaño. He rechazado de manera absoluta las insinuaciones que algunos han hecho sobre repartición de dinero; toda mi intuición política se revela contra esas especulaciones, aun y que ya circule en columnas el dato de los 20 millones de dólares. No creo que esté ahí la ruta de la demolición estatal en este asunto, sino en la rabona y chata manera de operar de una gran parte de la clase política, sin amor por el país, sin rubor ante la historia. Y quizás eso es lo que más duele, saber que lo único que importa es el poder, por el poder mismo.

A pesar de todas las voces que se han alzado para advertir la trascendencia del artículo 28, y de la documentada opinión de la Comisión Federal de Competencia, en el Senado, a sabiendas del despojo y del enorme daño patrimonial que ello causaría al Estado, hay personajes que insisten en aprobar en sus términos esa minuta. Particularmente en el PRI, los senadores Enrique Jackson Ramírez, Emilio Gamboa Patrón y Erick Rubio Barthel buscaron por todos los medios que la minuta fuera aprobada sin mayor discusión a la semana siguiente de que lo habían hecho los diputados. Hasta ahora, insisten en ello y no han expresado opinión contraria a la intentona del artículo 28. Deben dar una explicación, y decir con claridad por qué quieren favorecer a los intereses dominantes en la tv. A la luz de la representación que ostentan, serviría mucho que nos expresaran cuáles son los beneficios sociales que ven en ese artículo, y que muchos no somos capaces de identificar.

Senador de la República (PAN)