EL 30 de noviembre, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó un tope de 651 millones 426 mil pesos para la campaña presidencial de 2006. En la elección del próximo año los partidos recibirán para financiar la totalidad de sus campañas Presidencia, senadores y diputados 2 mil 133.4 millones de pesos, a la cual podrían sumar una cifra prácticamente igual por concepto de financiamiento privado. Para muchos, y con razón, los costos de la democracia mexicana son altos. Ante las inmensas necesidades de amplias franjas de la sociedad, resulta contrastante la gran cantidad de dinero que se destina a las campañas electorales y a los partidos políticos, con muy escasos resultados. Las últimas encuestas sobre cultura política y prácticas democráticas demuestran que los políticos ocupan uno de los últimos lugares en la escala de valoración social. Con esta percepción, no es raro que diversos sectores de la sociedad demuestren su rechazo al enorme financiamiento a los partidos políticos.
Desde hace años se han presentado iniciativas para disminuir los costos electorales, las cuales ya tuvieron eco, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, los recursos destinados al IFE disminuyeron en 10%, lo que equivale a mil 28 millones de pesos menos.
Debe aclararse que el IFE realiza un conjunto de actividades importantes para el desarrollo de la cultura política; sin embargo, la parte sustancial de su presupuesto se destina a las prerrogativas que cada partido recibe de manera ordinaria y para cada proceso electoral constitucional.
Del total de las prerrogativas que reciben los partidos políticos, entre 65% y 80% son destinadas a gastos de propaganda y publicidad, principalmente en los medios electrónicos de comunicación. En 1996 el financiamiento de los partidos y el acceso a los medios electrónicos de comunicación fueron considerados como dos de los grandes pendientes de la reforma electoral.
Después de las elecciones de 2003 y el dispendio propagandístico que caracterizó a las campañas de ese año, estos temas volvieron a colocarse en el centro de la opinión pública. Se habló de bajar las tarifas de la publicidad a los partidos políticos. También de que el IFE fuera el único responsable de la contratación de publicidad y tiempos en los medios de comunicación. Desgraciadamente ninguna de estas reformas logró ganar el consenso necesario para incorporarlas a la legislación electoral mexicana.
Ante estas deficiencias, el IFE ha desplegado un conjunto de iniciativas tendientes a transparentar los procesos electorales. El convenio entre el instituto y Televisa para transparentar sus contratos con los partidos políticos. También inició una serie de programas con cada uno de los candidatos a la Presidencia; la tregua navideña del 11 de diciembre de este año al 18 de enero de 2006, la cual servirá para dar a la ciudadanía un respiro después de largos meses de campañas internas, y la convocatoria a los partidos para informar de sus gastos de precampaña, son acciones que abonan en este sentido.
Todas estas acciones serán positivas y favorecen el desarrollo del proceso; sin embargo, el flanco de mayor vulnerabilidad de los procesos electorales en México lo constituye la opacidad en el manejo de los recursos económicos de los partidos.
La desconfianza en la cual se desarrolló la democracia mexicana obligó a la adopción de estrictos y costosos mecanismos de seguridad que garantizaran el secreto del voto, su autenticidad y su adecuada cuantificación.
La larga duración de las precampañas y las deficiencias de la fiscalización de los recursos durante este periodo constituyen dos de las zonas más significativas de impunidad en el sistema electoral mexicano. En 2000 se filtraron los recursos que el sindicato de Pemex transfirió al PRI, y del mismo modo pasaron las transacciones financieras de los Amigos de Fox.
Esta situación se presenta básicamente por dos motivos. Primero, porque la legislación electoral mexicana carece de mecanismos para investigar este tipo de operaciones; tampoco existen las sanciones necesarias para castigar estos ilícitos. Existe el riesgo que un partido o que un candidato se arriesguen a ser pillados rebasando los topes de campaña y recibiendo donaciones de procedencia dudosa, pues la sanción es bastante benevolente. Segundo, porque el debate se ubica en el nivel del escándalo y de las descalificaciones y no en el contraste de propuestas y proyectos.
Si los costos de las campañas electorales se mantienen como hasta ahora, si persiste la tendencia en la cual los candidatos se preocupan más por promocionarse en los medios de comunicación que en exponer a la sociedad sus propuestas, la democracia mexicana corre dos enormes riesgos. Por una parte, convertir a la actividad política en un tipo de mercancía más, carente de contenidos y densidad social. Por la otra, mantener la puerta abierta para que el dinero de procedencia dudosa o poco clara marque la diferencia entre el éxito o el fracaso.
Rumbo al proceso del próximo año, resulta necesario que los partidos políticos y sus representantes actuemos con responsabilidad. Lo mínimo que podemos hacer es transparentar los recursos que se utilizan, tanto en los procesos constitucionales como en las campañas internas, y gastar menos.
También será necesario utilizar intensivamente los medios de comunicación para difundir nuestras propuestas y no para convertirlos en un escenario más de la guerra de descalificaciones y acusaciones, que en nada benefician ni a la política, ni a la sociedad.
Senador de la República (PRD)
