SI lo que hemos visto durante los últimos meses, a través de los videoescándalos, se llama guerra sucia, bienvenida ésta a la vida política nacional. Que como producto de la guerra sucia nos hayamos enterado de los viajes de Ponce a Las Vegas, del chantaje de Bejarano a Ahumada, del "regreso" de dinero de Sosamontes, de las propiedades de Montiel, de la reuniones con Salinas, y de otras muchas transas que no se hubiesen conocido de otra forma es, sin lugar a dudas, un avance de nuestra vida política.

Lo que existe en México no es guerra sucia, sino política y políticos sucios que creen que la corrupción, el chantaje y el abuso de poder se justifican y son parte de su pago por participar en el gobierno o en el Congreso.

Este tipo de transas no es nuevo, se han dado siempre, pero gracias a la transparencia que dan la democracia y la libertad de los medios de comunicación, ahora son públicas, y permite que actualmente nos enteramos de cosas que en otros tiempos hubiesen permanecido ocultas. Lo que estamos viendo sin duda es vergonzoso, y sólo se puede evitar haciéndolo público y no ocultándolo a la gente.

No nos equivoquemos, el debate no es sobre quién coló los videos o la información, sino sobre las transas y la corrupción que se hicieron públicas. Da lo mismo a quiénes benefician o perjudican los videos, lo que es escandaloso es que se dé la corrupción.

Es increíble que aquellos políticos o partidos que se sienten afectados por los videoescándalos traten de desviar la atención de la opinión pública en lugar de ir al fondo del problema y ayudar a consignar a los delincuentes; es increíble que, a pesar de lo que hemos visto en los últimos meses, la mayoría de los principales actores de los escándalos estén libres y sigan actuando en la vida pública como si no hubiese pasado nada.

Como lo he comentado en otras colaboraciones, somos una de las naciones con mayores niveles de corrupción en el mundo y, dentro del país, Puebla, el DF y el estado de México destacan por los altísimos niveles de corrupción y falta de transparencia.

El problema es más grande de lo que se piensa, principalmente porque la gente ya no valora a los políticos honrados y considera que todos somos iguales. De hecho, considera que es lógico que roben, y es muy frecuente escuchar "no importa que roben con tal de que hagan algo".

La corrupción es uno de los principales males del país, y no va a haber crecimiento y empleo si no la erradicamos de la vida política y económica nacional. Para crecer y crear empleos se requiere inversión, y ésta no se va a dar si no combatimos la corrupción y la inseguridad.

De igual forma, la corrupción es un costo adicional para los inversionistas y los productos y servicios que nos hacen menos competitivos con el resto del mundo, sobre todo con los países desarrollados, en donde los niveles de corrupción son mucho menores que los que existen en México.

Por otro lado, va a ser imposible combatir la inseguridad y la delincuencia si existe la tremenda corrupción que hay en las policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Eliminar la corrupción y la inseguridad son condiciones para atraer la inversión necesaria para que la economía crezca y se creen los empleos que se necesitan.

Más importante que las reformas estructurales es combatir la corrupción y la inseguridad. Un país y un gobierno honesto, ordenado, donde se cumpla la ley es mucho más atractivo para la inversión privada que la apertura de cualquier sector de la economía.

El reto de acabar con la corrupción es enorme, y no podrá lograrse si no se convierte en un compromiso de todos los sectores nacionales. Los políticos mexicanos son más corruptos que los de otros países, no porque sean peores, sino por la gran impunidad que existe.

En México, es rarísimo que un empresario o un ciudadano denuncien la corrupción, y eso provoca que el político corrupto se sienta a salvo. Aquellos países que han disminuido la corrupción lo han logrado por la denuncia ciudadana, promovida por un gobierno comprometido y honesto.

Sin lugar a duda, la legislación, las contralorías, los concursos, las declaraciones patrimoniales, y otras medidas ayudan, pero si la ciudadanía no se rebela y denuncia, en muchos casos todas esas medidas no sólo no reducen la corrupción, sino que la legitiman en lugar de combatirla.

El fracaso que enfrentamos en la lucha contra la delincuencia y la corrupción es producto de la impunidad que tienen los delincuentes, que saben que no les va a pasar nada si roban.

La única forma de reducir los niveles de inseguridad y corrupción es metiendo a los delincuentes a la cárcel y esto sólo se logrará si la gente lo denuncia. Ante la desconfianza que existe, se requiere crear espacios ciudadanos de denuncia anónima que vayan construyendo la confianza que no existe.

No se trata de crear instituciones paralelas, pero sí de crear espacios de denuncia ciudadana que apoyen la labor de las policías, del Ministerio Público y de las contralorías. Espacios ciudadanos autónomos que estén en coordinación con las instituciones públicas.

A nuestro país le urge mayor participación ciudadana en la vida pública como requisito para hacer más eficiente y honrado el gobierno. Una democracia sin organizaciones y presencia ciudadanas no puede llegar a ser nunca una verdadera democracia.

En nuestro país siempre ha existido una resistencia por parte del gobierno y los políticos a abrir espacios a la participación de la ciudadanía en los proyectos y programas públicos, y esa es una de las razones del abuso y la corrupción que existen.

Ciudadanizar la política y la vida pública es la siguiente etapa de nuestra transición democrática. Tenemos que pasar de la democracia política a la democratización integral de la sociedad; tenemos que democratizar las organizaciones sociales, obreras, campesinas, gremiales y ciudadanas; tenemos que promover la consolidación de una verdadera fuerza ciudadana principalmente en los grandes centros urbanos; promover la participación de los ciudadanos en las escuelas, instituciones, espacios y programas públicos.

Tenemos que lograr una gran alianza de largo plazo y con objetivos específicos entre el gobierno, los sectores productivos y las organizaciones ciudadanas para el desarrollo del país y el combate a la inseguridad y la corrupción.

Por eso digo que es bienvenida la guerra sucia, porque sólo con transparencia la gente puede darse cuenta de la escandalosa corrupción que existe y puede tener más elementos para elegir mejor a sus representantes populares.

Para eliminar la impunidad en todas las esferas de la administración federal, estatal y municipal, hay que hacer públicos los escándalos, para que la presión de la opinión pública hagan lo que el gobierno y la clase política se resiste a hacer.

Ojalá fueran las instituciones de justicia y revisión de cuentas las que combatieran de oficio principalmente la corrupción en el gobierno, pero mientras esto sucede, los medios y la gente deberán seguir jugando el papel definitivo de presión para que las cosas no sigan ocultas.

Por eso, más que preocuparnos por la guerra sucia, preocupémonos por la política sucia y la corrupción.

Senador de la República.

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