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    El destino nos alcanza
Francisco Valdés Ugalde
13 de febrero de 2005

LA bancada priísta en el Senado de la República nos ha regalado un nuevo espectáculo de inconsistencia y banalidad política. Esta vez, al rechazar la iniciativa que haría posible la reelección consecutiva de los legisladores hasta por 12 años, es decir, dos periodos para los senadores y cuatro para los diputados.

Los argumentos planteados por los priístas (reportados por Alejandro Torres en EL UNIVERSAL, 11-02-05) son varios. Uno de ellos señala que es una "ilusión" creer que la reelección de los legisladores servirá al electorado y que, por el contrario, ésta beneficiaría a grupos de poder económico o a partidos para formar clientelas políticas. Asimismo, se alegó que de aprobarse la reelección legislativa pronto se plantearía la del Ejecutivo.

El único senador del PRI que mantuvo el apoyo a esta iniciativa que previamente buena parte de su fracción había respaldado fue Genaro Borrego Estrada. Éste, al igual que otros que apoyaron la medida, pero perdieron la votación, al no conseguir los dos tercios necesarios para turnarla a la Cámara de Diputados, fueron haciendo suyos los argumentos democráticos que se han impuesto por su pertinencia en casi todo el mundo. No fue fácil. Hace cuatro años, cuando comenzó la anterior legislatura, muchos de ellos manifestaban públicamente sus dudas e, incluso, su oposición a la medida.

Sin embargo, la razón se ha abierto paso progresivamente, a pesar de que la sinrazón se haya impuesto nuevamente. Estos argumentos a favor de la reelección legislativa se refieren a sus virtudes desde el punto de vista de los beneficios que un sistema político debe dar a sus ciudadanos. Me interesa llamar la atención sobre dos de estos argumentos, que están en juego de manera central en el caso de México.

Primero, el que afirma que la representatividad de los legisladores es mayor si existe la posibilidad de que los ciudadanos, al evaluar su desempeño, decidan si se van o permanecen en el Congreso. El segundo argumento dice que el comportamiento responsable de los representantes populares es una función directa de su futuro político. Si se encuentra presente la posibilidad de ser reelecto para un cargo de representación popular, el legislador buscará, durante su encargo, atender a la realización de sus funciones de manera óptima, a sabiendas de que el poder de removerlo reside definitivamente en los electores.

Si se sigue esta línea de razonamiento, los efectos de la reelección legislativa apuntarían a resolver varios de los más graves problemas que tiene nuestro sistema político: la baja representatividad de los legisladores y su mediocre desempeño. El sistema actualmente vigente tiene entre sus muchos efectos a estos dos. En lugar de que en la cultura política mexicana esté presente la figura del representante popular, del legislador, como una de las que permiten la transmisión de los problemas de la sociedad hacia el sistema político, el lugar central lo ocupan los partidos y sus líderes "fuertes", permitiendo así la prolongación de las arraigadas tradiciones caudillistas, que han sido la base fundamental del presidencialismo exacerbado.

Igualmente, la más leve observación del desempeño legislativo de las cámaras, tanto de la Unión como locales, permite ver que los procesos legislativos dan por lo general un rendimiento muy por debajo de lo que el país requiere. Tan bajo es este rendimiento que no puede afirmarse que en México exista un verdadero estado de derecho.

El sistema de no reelección consecutiva está a la base de estos magros resultados. Se trata, ni más ni menos, de la causa principal por la que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales son débiles desde el punto de vista del cumplimiento de su función principal, que es la de legislar. Los ciudadanos no son los jefes de los legisladores, pues aunque los pueden elegir, no pueden someterlos a la prueba de las urnas; así, sus derechos quedan restringidos.

Los verdaderos jefes de los legisladores son los jerarcas de los partidos políticos a los que acuden con la mano extendida, una vez que se aproxima la conclusión de su mandato. En el sistema de no reelección, el diputado dispone de un año para aprender y asimilar la agenda de los problemas que debe atender, otro año más para realizar una labor legislativa y un último año para buscar trabajo en otra parte. Con los senadores ocurre otro tanto, pero en el doble de tiempo. Así, es comprensible que las leyes que tenemos sean, con demasiada frecuencia, producto de la improvisación.

Pero el secreto último de la no reelección consecutiva de los legisladores (y los munícipes) radica en que fue una de las claves para constituir un presidencialismo fuerte, con bajo contrapeso en el Congreso de la Unión. Los que se hicieron del poder después de la Revolución entendieron claramente esta premisa. La mejor forma de hacer gobernable el país que tiene un solo partido es con una Presidencia fuerte, con congresos y gobiernos municipales que den cabida a una clase política revolvente, que se va turnando en la cola para obtener los puestos políticos más importantes y cuyo interés no está enfocado a legislar ni a gobernar para la sociedad.

He ahí la magia del viejo sistema: derechos ciudadanos disminuidos y controlados por un poder, cuyas ramificaciones culminaban en una cúspide centralizada, y una clase política reunida en torno a un centro único que se va turnando en los puestos de gobierno.

Terminar con el principio de no reelección legislativa y municipal abriría una nueva etapa en la vida nacional en la que los congresos podrían fortalecerse simultáneamente con los ciudadanos, que al tener pleno poder sobre ellos, podrían obligarlos a rendir cuentas. Esta nueva fortaleza daría por resultado un nuevo equilibrio de poder y un mejor desempeño de los legisladores. Dicho en otras palabras, la reelección fortalecería de verdad la soberanía popular y el carácter representativo de los órganos de gobierno, con el corolario de mayor capacidad para contrarrestar las tendencias, todavía presentes, al presidencialismo exacerbado o a la paralización mutua de los poderes.

Pero el PRI mayoritario no quiere esto por la misma razón que su abuelo, el PNR, suprimió la reelección consecutiva de los legisladores de la Constitución de 1917: garantizar el predominio de un grupo a través de la Presidencia fuerte, el partido único y el pueblo como telón de fondo y masa de maniobra.

Pareciera que el PRI abriga las aspiraciones hegemónicas de antaño, en espera de que este aliento del pasado nos alcance en las próximas elecciones de 2006.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

ugalde@servidor.unam.mx

 
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PERFIL
 
Miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus actuales líneas de indagación están encaminadas a teoría de las instituciones y la decisión social, reforma del Estado, reformas constitucionales y conflicto político, así como filosofía política de la justicia.
 
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