Sólo cuatro peritos están asignados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para vigilar el patrimonio monumental que se asienta en las 668 manzanas —nueve kilómetros cuadrados— del Centro Histórico de la ciudad de México.

La zona, plagada de inmuebles de los siglos XIV al XXI, muchos de ellos con valor histórico, monumental y arquitectónico, ha sufrido históricamente el embate del crecimiento de la ciudad, el cambio de uso de suelo, la plusvalía que le da su ubicación y, ahora, el ambulantaje.

De allí que, tras la destrucción de 14 inmuebles en el perímetro A —el área central—, y la continuación del proyecto de reordenamiento del comercio ambulante hacia el perímetro B, emprendido por el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exige a las autoridades del INAH mayor atención en el cuidado del patrimonio.

Con base en el informe que ese instituto rindió, deslindándose de haber autorizado ya no la destrucción, sino incluso modificaciones a monumentos del primer cuadro de la ciudad, el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, quien denunció los derribamientos ante la ALDF, expuso que si bien el INAH actuó correctamente en lo burocrático, tuvo que haber recurrido a la intervención de la fuerza pública —inclusive del Ejército— para defender el patrimonio.

Por lo que, para evitar que la situación se repita, exige menos miedo en la defensa del patrimonio, así como una respuesta a la lentitud con que la Comisión de Cultura de la ALDF, ha actuado para llamar a comparecer a la autoridad del Centro Histórico, Alejandra Moreno Toscano.

El historiador Guillermo Tovar y de Teresa cuestiona severamente las acciones, y hasta el título, de la doctora Moreno Toscano, a quien recomienda tomar un curso de conservación del patrimonio. El cronista critica a la Coordinación Nacional de Monumentos por haber sido puntillosa en problemas banales y débil en situaciones sustantivas.

Desde el interior del INAH también hay reclamos. El arquitecto Alfonso Zamudio, perito de la Coordinación Nacional de Monumentos, subraya que hacen falta recursos para poder contratar más personal, que ayude en la inspección del Centro Histórico. “Mantenemos una vigilancia extra porque ya nada nos puede garantizar que las cosas vayan bien. Estamos en vías de contratar personal, pero no es inmediato. Se proyecta contratar a ocho arquitectos más para vigilancia y que algunos atiendan los asuntos del Gobierno del DF”.

Tovar y de Teresa no considera que sea poco el personal en la Coordinación para la vigilancia, y responsabiliza a su titular, el arquitecto Agustín Salgado, de los hechos. “¿Cómo es posible que continúe en su cargo este coordinador? Lo más digno y honorable que puede hacer es presentar su renuncia. Recibió la información de los inspectores en su oportunidad”.

Zamudio reconoce que la mesa permanente que mantiene el INAH con el Gobierno del DF para tratar temas del Centro se ha reforzado luego de las demoliciones (en octubre del año pasado), por lo que descarta que pueda volver a ocurrir un hecho similar en el perímetro B; pero el especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, no es tan optimista.

“La ley establece que el gobierno federal y el local deben trabajar de manera coordinada. ¿Dónde están esos instrumentos? Debería haber una mesa de trabajo, pero no existe en realidad. Es meramente coyuntural, de trámites burocráticos.”

Zamudio concluyó que debido a la situación, la prioridad para la institución es la conservación de los inmuebles, quedando en término secundario la invasión de fachadas.

“Dada las condiciones de trabajo y personal, la prioridad es la construcción y en una vertiente menor: los anuncios y toldos, en coordinación con las delegaciones. Hay una reglamentación al respecto.”